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Camila Zárate Zárate y Equipo OLCA, Agosto 2020

12 de Agosto de 2020

Los impactos ambientales del Plan de Reactivación Económica



El 14 de mayo 2018 Sebastián Piñera presenta en un acto público su “Agenda Pro-Inversión”, iniciativa mejorada de su primer mandato gubernamental y que consiste en un paquete de medidas para mejorar la inversión. Entre ellas, la creación de una Oficina de Grandes Proyectos al alero del ministerio de Economía; el ingreso de un proyecto de ley Pro-Inversión en el Congreso; y en la Instrucción a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) de identificar más “burocracias” a la inversión; entre otras medidas.

El objetivo era reducir a toda costa “los obstáculos” que impiden a los grandes inversionistas ejecutar sus inversiones, preferentemente depositadas en proyectos extractivistas, es decir, en actividades que explotan y extraen intensivamente elementos de la Naturaleza para su comercialización en el mercado exterior.

Obedeciendo a lo encomendado por el gobierno, en septiembre de 2019 la CNP entregó un informe con más de 100 recomendaciones para agilizar la entrega de permisos ambientales y sectoriales a inversionistas. Según esta comisión, la mayoría de estas recomendaciones no necesita pasar por el Congreso para su implementación.

En junio del presente año 2020, debido a las horribles consecuencias que ha traído a las familias chilenas una pandemia sin precedentes, se hizo el llamado desde la Moneda a todos los sectores políticos para firmar “un gran acuerdo” que hiciera frente a la situación.

Sin embargo, no vacilaron en adelantar propuestas de acuerdos sectores ligados al empresariado chileno, y así fue como el 10 de junio un grupo de economistas lanzó un documento de “Propuestas para la Protección y la Reactivación”, que propone seguir las recomendaciones pro-inversionistas de la CNP. A su vez, la aludida CNP no se hizo esperar, y sólo dos días después de presentadas estas propuestas entregó “12 recomendaciones para la reactivación económica”, de las cuales 6 se relacionan con agilizar la tramitación en las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos.

Finalmente, el acuerdo político se logra el 14 de junio y es un fiel reflejo de las propuestas entregadas por el grupo de expertos, presentadas sólo 4 días antes. Un paquete de medidas que se ocupa de las familias chilenas sólo los primeros meses pero que luego, y hasta cumplir 2 años, se ocupa de socorrer a los sectores empresariales con endeudamiento fiscal. Lo insólito es que esa ayuda no se focaliza en los sectores económicos más afectados por la pandemia, como lo son la gastronomía y el turismo, sino en los grandes inversionistas, cuyos proyectos extractivos no han paralizado ni han dejado de rentabilizar. En definitiva, el plan de reactivación económica supone una nueva vía para instalar viejas medidas que profundizan el extractivismo.

Un fiel reflejo del oportunista aprovechamiento de la pandemia para llevar adelante acciones pro-inversionistas que han estado siempre en carpeta del ejecutivo consiste en la urgencia parlamentaria que el 16 de junio decreta Sebastián Piñera al proyecto de ley Pro-Inversión, el cual ya se encuentra en su tercer trámite constitucional.

Ver informe:



Presentación del informe en el Foro del 12 de agosto de 2020:



http://olca.cl/oca/informes/Informe-sobre-los-Impactos-Ambientales-del-Plan-de-Reactivacion-Economica.pdf

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