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Conflictos ambientales en Argentina
Fuente:
www.argenpress.info
- 07/07/06
La mentira del empleo minero y la preocupación de las multinacionales
Por: Darío Shapotskik
Una de las estafas de las multinacionales mineras es
que esa actividad económica genera trabajo. En el montaje de esa mentira
colaboran asiduamente los medios comerciales de masas y los funcionarios de
turno. Ellos se encargan de difundir informes estadísticas y proyecciones para
convencer a las poblaciones de que “en poco tiempo veremos a San Juan inundado
de trabajo” (Informe de Gioga, gobernador de San Juan, junio 2003)
Algo similar conocimos en el caso de las pasteras de Fray Bento, promovidas por
el gobierno del Frente Amplio; según Tabaré Vázquez “reportarían más de 2.000
empleos directos”. Sin embargo, los estudios presentados por la Universidad de
Montevideo y de Entre Ríos, demostraron que el trabajo real para obreros y
técnicos uruguayos se reducía a menos de un centenar.
Otro objetivo es impedir que las poblaciones se resistan a la instalación de las
explotaciones mineras. Una minera tiene necesidad de invadir y ocupar
territorios y desplazar poblaciones. Es un prerrequisito de infraestructura al
que no están obligadas otro tipo de multinacionales.
En muchos casos logran que los habitantes piensen cosas como estas: “No importan
que contaminen si es que trae laburo”, como dice el protagonista de la
documental “Asecho a la Ilusión”, donde se relata el caso de Bajo La Alumbrera,
en Catamarca.
La verdad es otra
En los países tradicionalmente mineros de Sudamérica (Brasil, Perú y Chile),
esta industria ocupa, respectivamente, a 91.000 personas (lo que representa
apenas el 0,1 % de la población económicamente activa), a 75.000 (equivalente al
0,9 % de la PEA), y a 78.000 personas (el 1,4 % de la PEA) (1).
Las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas mineras son extremadamente
insalubres y precarizados, generándose día a día mayores índices de accidentes
de trabajo como el producido el 14 de junio de 2004 en los yacimientos
carboníferos de Río Turbio, cuando murieron catorce trabajadores. A este
desastre humano, debemos sumar el “accidente” en la planta potabilizadora donde
se procesa y lava el carbón del que causó la muerte del obrero Ramiro Marín, el
día 23 de diciembre de 2005.
“El Estado Nacional parece decirles a Barrick Gold, Meridian Gold, Alumbrera
Limited, y otras: Señores, estamos a su disposición. Dígannos que quieren, que
lo vamos a hacer”, acusa el Informe parlamentario presentado por el diputado
Carlos Albeto Tinnirello, el 1º de junio de 2006.
“En realidad, -continúa el informante- el Presidente Kirchner ya se ha encargado
de cumplir con esta vergonzosa tarea. En la presentación del Plan Minero
Nacional, el 23/1/04, dirigiéndose a los “representantes del sector minero” dijo
textualmente:
“...todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una
perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede
incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente
dispuestos a escuchar...” (2).
Seguidamente se pregunta “¿Por qué el Presidente se manifiesta dispuesto a
escuchar sólo a los empresarios y no a la población que continuamente se
manifiesta en defensa de su medio ambiente y los recursos naturales? ¿Por qué
hace caso omiso a la población de Esquel, que se manifestó en un 81 % contra la
minería a cielo abierto? ¿Por qué es sordo frente al 20 % de los habitantes de
Santa María, Belén y Andalgalá, en Catamarca, que se han movilizado contra los
proyectos Agua Rica y Filo Colorado, exigiendo plebiscito ante cualquier
emprendimiento que pueda afectar el medio ambiente? ¿Qué lo lleva a ignorar la
firme decisión de los habitantes del Valle de Uco, en Mendoza, de oponerse a la
minería a cielo abierto en la zona de Papagayos?” (Informe 1º de junio 2006,
Congreso Nacional, Argentina)
Cuando “ellos” se preocupan
La gravedad del saqueo de recursos y de los daños ambientales causados por las
empresas que llevan adelante las actividades de megaminería ha llevado, incluso,
a que el parlamento canadiense –país del que son originarios las mayor parte de
las empresas dedicadas a la mega minería, entre ellas Minera Andes, una de las
responsables del emprendimiento San José-Huevos Verdes- invitara al gobierno de
ese país a terminar con las consecuencias sociales y medioambientales de las
devastadoras explotaciones mineras canadienses fuera del país.
Un reciente informe parlamentario invita al gobierno a: cesar el apoyo de
proyectos mineros canadienses destructivos en el exterior; considerar a las
compañías de explotación minera canadienses legalmente responsables de las
violaciones de los derechos ambientales y humanos en otros países, y; forzar al
Banco Mundial a respetar estándares internacionales de los derechos humanos (3).
En junio de 2005, la Comisión Permanente del Parlamento sobre Asuntos
Extranjeros y Comercio Internacional adoptó un informe en el que expresaba sus
inquietudes sobre el hecho de que 'Canadá todavía no tiene leyes para asegurarse
de que las actividades de las compañías de explotación minera canadienses en
países en vías de desarrollo se conforman con los estándares de derechos
humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores y de la gente indígena.'
El informe discute que 'mucho más debe ser hecho para asegurarse de que las
compañías canadienses conduzcan sus actividades de manera social y
ambientalmente responsable y en conformidad con estándares internacionales de
los derechos humanos.'
Entre otras cosas, el informe impulsa al gobierno de Canadá:
* A condicionar el apoyo canadiense 'a compañías con responsabilidad social
corporativa claramente definida y estándares de derechos humanos.'
* A establecer en Canadá normas legales claras para asegurarse de que las
compañías y los residentes canadienses serán tenidos responsables cuando haya
evidencia de violaciones ambientales y/o a los derechos humanos asociados a las
actividades de las compañías de explotación minera canadienses.'
Entre los proyectos cuestionados por el propio parlamento canadiense, cabe
mencionar:
* Ascendant Copper Corporation, con sede social en Vancouver, está intentando
levantar financiamiento para desarrollar una mina de cobre en uno de los
ecosistemas más diversos y amenazados del mundo, a pesar de la oposición
vigorosa de líderes y de residentes locales elegidos a través del condado de
Cotacachi, en Ecuador del noroeste. La compañía está intentando levantar
millones de dólares en la bolsa de acciones de Toronto para llevar adelante su
proyecto de Junín, y el gobierno de Canadá ha fallado en invitar a Ascendant
para suspender sus actividades hasta que los asuntos en litigio pueden ser
resueltos.
* Comunidades en San Marcos, Guatemala, están trabados en una lucha con Glamis
Gold Corporation de Canadá. A la mina Marlin de Glamis se le ha acusado de
violación a los derechos indígenas y de amenazar los escasos abastecimientos de
agua. A pesar de estas preocupaciones, el gobierno de Canadá ha estado
promoviendo agresivamente los intereses de las compañías de explotación minera
canadienses en Guatemala. Las comunidades locales votaron recientemente para
rechazar la minería en el área, pero la compañía no ha aceptado y no ha
respetado los deseos de la comunidad.
* TVI Pacific está trabada en una lucha brutal con las comunidades en Siocon,
Mindanao en las Filipinas. El informe parlamentario antedicho observa que el
'subcomité está profundamente inquieto sobre el posible impacto de las
actividades de TVI Pacific Inc., una compañía de explotación minera canadiense,
sobre los derechos indígenas y los derechos humanos de la gente en el área' y
hace un llamado para una investigación del gobierno en las actividades de TVI.”
Como se ve, lo que en Argentina las corporaciones transnacionales ejecutan
impunemente, despierta cierto resquemor en los centros mundiales de poder. Este
dato no es menor: es la prueba más contundente de que nuestros gobernantes están
cumpliendo al pie de la letra los planes del Departamento de Estado
norteamericano.
Efectivamente, en un documento del 10 de diciembre de 1974, desclasificado el 7
de marzo de 1989, el nefasto ex Secretario de Estado durante la presidencia de
Richard Nixon, Henry Kissinger, dice (página 37), que de seguir el mundo así
(tal como estaba en 1974) 'se generará una mayor dependencia de los países
industrializados en las importaciones de materia prima de los países
subdesarrollados”.
En la página 43, Kissinger resalta que la economía estadounidense, 'requerirá de
grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero, especialmente de
los países menos desarrollados”. Sesenta folios después, indica que 'hay que
tener cuidado en que las presiones sobre los países menos desarrollados no sean
vistos como una forma de imperialismo'.
En la página 114, el documento dice descaradamente lo mismo que lo señalado
anteriormente: 'Es vital que el esfuerzo por desarrollar y fortalecer el
compromiso por parte de los líderes de los países menos desarrollados no sea
visto por ellos como una política de un país industrializado para mantener
reducido su vigor para preservar recursos que serán usados por los países
ricos.'
En consecuencia, no puedo en modo alguno consentir que se manifieste beneplácito
porque nuestro país siga siendo sometido al saqueo más abyecto de que se tenga
memoria.
Notas:
1) “Impacto de la Minería”, en “Noticias aliadas” del 26/1/05, Volumen 42 nº 2,
pág. 2.
2) En
http://www.mineria.gov.ar/discurso.asp
3)
http://www.parl.gc.ca/committee/CommitteePublication.aspx?COM=8979&Lang=1&SourceId=122762
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