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Conflictos ambientales en Argentina
Proyecto Minero Pascua Lama
www.lanacion.com.ar,
9 de octubre de 2006
Reclamos ambientales por Pascua Lama, en la frontera con Chile
Divide al Gobierno una mina de oro acusada de contaminar
Algunos funcionarios critican el uso del cianuro; otros defienden la inversión
Es una pelea que ya se libró en Chile y que en el último tiempo se había trasladado a San Juan. Ahora llegó al seno mismo del gobierno nacional.
La piedra de la discordia es Pascua Lama, un proyecto minero binacional ubicado en medio de la Cordillera y con una inversión estimada de 1500 millones de dólares. Su método de extracción de oro con cianuro ha sido acusado de ser altamente contaminante a ambos lados de la frontera.
El único requisito que falta para empezar su construcción es la aprobación del informe de impacto ambiental por parte de las autoridades de San Juan. Pero en el Poder Ejecutivo comenzaron a surgir voces de alerta sobre la inconveniencia de dejar tal decisión en manos del gobierno provincial de José Luis Gioja, abiertamente inclinado a favorecer toda actividad minera. Sobre todo luego de que fue otro conflicto ambiental fronterizo lo que afectó toda la relación bilateral con Uruguay.
"El medio ambiente no es propiedad de una provincia. El gobierno nacional tiene la obligación de intervenir", dijo el representante especial para Asuntos Ambientales Internacionales de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela.
El funcionario, uno de los que motorizaron los reclamos por las papeleras, le envió una nota al canciller Jorge Taiana para pedir su intervención. El expediente, sin embargo, fue luego girado a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Romina Picolotti (que critica la minería contaminante, pero tiene una mala relación personal con Estrada Oyuela). Según fuentes del Palacio San Martín, ese desvío se habría realizado a instancias de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, que comanda Alfredo Chiaradía, más proclive a garantizar la millonaria inversión.
Ocurre que en el Gobierno no todos están convencidos de la necesidad de extremar los controles ambientales sobre las minas de oro a cielo abierto, las más criticadas por los ecologistas debido a los explosivos y el cianuro usados en la extracción de metales.
El propio Néstor Kirchner -que viajará mañana a San Juan- recibió hace dos semanas en Nueva York a los directivos de Barrick Gold, la multinacional de origen canadiense (principal productora de oro en el mundo) que proyecta construir Pascua Lama. En la reunión, de la que también participó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el tema se analizó como una inversión más, pero no se pusieron sobre la mesa objeciones medioambientales.
El vicecanciller Roberto García Moritán tiene agendado un próximo viaje a Canadá y no se descarta que las autoridades de ese país puedan pedirle precisiones sobre la retrasada autorización del proyecto minero.
La aprobación que falta (Chile ya lo hizo hace algunos meses) está en manos de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera de San Juan. El plazo para expedirse venció el 18 de septiembre.
Lo peligroso, a San Juan
Quienes se oponen a Pascua Lama en la Argentina repiten justamente uno de los argumentos que utilizaron las autoridades ambientales chilenas para decir que sí. "Durante la ejecución del proyecto sólo se transportarán desde el territorio chileno combustibles, lubricantes y agentes y accesorios de tronadura. Las sustancias peligrosas que se utilizarán en la planta, como el cianuro, serán transportadas por el territorio argentino", se puede leer en el informe trasandino.
El debate en el Gobierno se abrió poco después de la asunción de Picolotti, hace tres meses. "La gran preocupación que tiene esta secretaría hoy es con la extracción de oro, sobre todo por la minería a cielo abierto, por la utilización de cianuro. Es la que está provocando mayor daño", había dicho la funcionaria, que no respondió a las insistentes llamadas de LA NACION.
Esas declaraciones fueron duramente rechazadas por el gobierno y las cámaras empresariales de San Juan (y del resto de las provincias mineras) y motivaron la intervención del secretario de Minería, Jorge Mayoral, que se reunió con el gobernador de San Juan, José Luis Gioja (y con sus pares de otras tres provincias) para reafirmar que "los recursos mineros son propiedad de las provincias".
Sin embargo, este argumento no es compartido por todos. "Que la propiedad sea de las provincias no resuelve todo. No transfiere la soberanía. No resuelve los temas de jurisdicción cuando hay temas internacionales o cuando lo que se afecta es el ambiente", sostuvo Estrada Oyuela.
De hecho, pocas semanas atrás fue presentado en el Congreso un proyecto de ley para modificar el Código de Minería. La iniciativa del diputado Eduardo Di Pollina (Socialista-Santa Fe) estipula que la autorización de los emprendimientos mineros será competencia de la Secretaría de Ambiente de la Nación (y no de las provincias) en los casos en que se "afecten potencialmente ecosistemas" ubicados fuera de la provincia en cuestión o "cuando el emprendimiento minero tenga carácter binacional". Pascua Lama sería uno de esos casos.
Picolotti concurrió el martes pasado a la Cámara baja y respaldó la necesidad de fijar nuevos controles, porque el actual marco parece "un traje a medida de las empresas".
El último capítulo de esta pelea lo protagonizó el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que días atrás le había pedido a Picolotti y a Mayoral que investigaran el desempeño de las grandes mineras en Catamarca, Tucumán y San Juan. Según denunció, las donaciones que Barrick y otras empresas efectúan a escuelas y hospitales de esas provincias "provocarían la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades".
Por Oliver Galak
De la Redacción de LA NACION
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