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Conflictos ambientales en Argentina
Proyecto Minero Pascua Lama
Asamblea Comarcal Contra el Saqueo,
22 de octubre de 2006
Carta abierta a la secretaria de Medio Ambiente
Contra El Saqueo
La Asamblea Comarcal Contra el Saqueo le envió una carta abierta a la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, en la que expresa su posición "acerca de numerosos acontecimientos repetidos en nuestra región en el área de su responsabilidad y competencia". Le dicen que hay una estructura "mafiosa" en la provincia.
La carta es un meditado documento, cuya lectura debiera ser materia obligatoria para el Gobierno en particular y la dirigencia en general, ya que allí está planteada una posición clarísima -discutible o no- acerca de las cuestiones que serán centrales, según todos los análisis, en el futuro cercano.
El uso de los recursos naturales, la limitación ambiental a las actividades económicas, el diseño de los espacios para el hábitat humano y otros temas que no aparecen ni de cerca ni de lejos en el discurso habitual de los poderosos (incluyendo al periodismo), aparecen allí expuestos con singular fuerza.
La carta de la Asamblea a Picolotti dice lo siguiente:
CARTA PUBLICA
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Lic. Romina Piccolotti
Llegamos a usted con el propósito de hacerle conocer nuestra posición acerca de numerosos acontecimientos repetidos en nuestra región en el área de su responsabilidad y competencia. Entendemos, vale aclarar, que las cuestiones que nos preocupan no son clasificables únicamente como problemas “ambientales”. Las raíces históricas y la trama de intereses en pugna excede - lo que tampoco es casual- el horizonte de esa Secretaría. Por eso creemos necesario que traslade y conecte las inquietudes aquí planteadas con otros miembros pertinentes del Poder Ejecutivo.
Somos vecinos y pobladores autoconvocados de zonas urbanas y rurales de la Región Andina de las provincias de Río Negro y Chubut, y tomamos el nombre propio de Asamblea Comarcal contra el Saqueo para caracterizar la situación que padecemos y señalar nuestra posición respecto de la acción de empresas privadas y de políticas públicas sobre la tierra y el ambiente en que vivimos. Formamos parte, además, de una red más amplia de Asambleas de la región, de la Argentina y de otros países de América Latina que se oponen al saqueo y la contaminación.
El acoso sobre la tierra que habitan familias campesinas e indígenas desde varias generaciones, revela una verdadera trama de complicidades que no dudamos en caracterizar de mafiosa, en la que funcionarios públicos se entrelazan con estudios jurídicos, jueces y empresas dedicadas al negocio y especulación inmobiliaria, y a la explotación voraz del medio ambiente, quienes mediante presiones y atropellos atemorizantes, actos administrativos a la medida e incluso operaciones judiciales, van recortando derechos e instalando conflictos donde no les compete la menor presencia ni habilita legitimidad alguna.
La codicia sobre este territorio y sus recursos, convertidos en pocos años en la frutilla del postre de la depredación, cuenta con el paquete de legislación nacional y provincial de la década del '90 y la generación de las nuevas leyes que van requiriendo los actores, como brutal habilitación para acceder a este bien paradisíaco muy cotizado en el mundo. Ya no es posible separar –ni mental, ni políticamente- la superposición de mega-“proyectos” de inversión, como el IIRSA (plan de Integración e Infraestructura Regional Sudamericana), combinado a las promesas de ganancias mineras (convenio de “integración minera” con Chile, y legislación asociada), el “corredor bioceánico”, las reservas de biosfera, la multiplicación de centros de juego y casinos, campos de golf y countries, con el frenesí inmobiliario y la especulación sobre cuencas y territorios que -da vergüenza tener que explicarlo- conduce inevitablemente a la concentración de tierras, poder y dinero.
Observamos que las políticas de estado nacional y provinciales en todos estos ámbitos revelan la continuidad y vigencia legislativa que señalamos, por lo que su Secretaría también será receptora de nuestros señalamientos antagónicos respecto a la cesión pública de permisos, habilitaciones y concesiones, y a todo recurso administrativo, legislativo o judicial que se proponga dar vía libre a empresas o emprendimientos privados, cuyo único propósito sea el zarpazo sobre los recursos naturales y la propiedad de la tierra, sobre los que ellos no tienen ningún derecho. Esta situación se agrava aún más con el vergonzoso régimen de exenciones y privilegios fiscales que NO se le conceden a las economías regionales, basadas en actividades plenamente sustentables, como lo son la producción orgánica de alimentos, el agro y ecoturismo, la pesca artesanal y deportiva, el campamentismo, y otras acordes con la cultura e identidad de la región. De la supuesta creación de fuentes de trabajo que genera una minera ni hablar: Son sin duda muchas más las que a corto plazo se pierden con la destrucción ambiental definitiva por la merma de actividades productivas o de servicios locales, que los temporarios puestos de trabajo del montaje de infraestructura y que los profesionales en forma estable.
Rechazamos especial y absolutamente la característica de saqueo con que operan las empresas mineras con su explotación a cielo abierto, a cuyas obscenas condiciones económicas de entrega de bienes comunes (con frecuencia definidos como “recursos naturales”) se suma el agravio de un deterioro social y ambiental profundo e irreversible en todo el país, la Patagonia y la Comarca Andina en particular, agravado con la inaceptable falsedad ideológica de la pretendida "remediación" de daños argumentada en cada uno de los proyectos, y la muy publicitada “responsabilidad social empresaria”, ambos productos de ingeniería social destinados a la difusión y a la generación de forzados consensos, manipulando la decisión comunitaria. inhibiendo toda posible crítica, restringiendo la participación y condicionando a la población en el ejercicio de su libertad en defensa de los derechos ambientales que consideren violados, configurando así también un daño a la identidad y valores colectivos. En esto vienen jugando un rol preponderante algunas fundaciones (la mayoría financiadas por fondos de las mismas empresas multinacionales), que sostienen variadas ONGs u OSC, intentando, y a menudo logrando, cooptar organizaciones sociales que devienen funcionales al saqueo.(1) (2)
El agua, la tierra, el aire, la flora y la fauna, en fin, el medio ambiente natural, es un don profundamente apreciado por todos quienes aquí vivimos y del que formamos parte, y no permitiremos que la desbocada ambición lo conviertan en un desierto inhabitable, o en excluyentes islotes “verdes” y privados, que completan su acción empujando a la población hacia centros urbanos transformados en campos de concentración de conflictos e inseguridad.
La naturaleza y este territorio tienen un valor no traducible en precios. No permitiremos que se transforme en una mercancía cotizable en bolsa. No está en venta, ni es patentable: ¡es nuestro lugar!
Estas apreciaciones incluyen el creciente y grave deterioro de la situación de las poblaciones y comunidades originarias Mapuche-Tehuelche, que no paran de vivir en carne propia las infinitas vilezas que son capaces de crear quienes ambicionan su territorio para el saqueo mencionado. Tejemanejes administrativos y judiciales, en los que se entraman el desprecio y la codicia, con atropellos de todo tipo que mantienen su vida en permanente zozobra, sin lograr que se apliquen efectivamente alguna de las herramientas legislativas incorporadas específicamente para la protección de sus derechos y garantizar su participación en las decisiones que involucran la vida de sus comunidades y su territorio ancestral.
La pretensión de incluir esas culturas en el esquema comercial - por ejemplo mediante proyectos de “cooperación” para lograr acceso privado a la biodiversidad, o para controlar de manera “políticamente correcta” su territorio - también nos ofende y afecta a todos. De los pueblos originarios, justamente, hemos aprendido que nuestro planeta es un ser vivo y que, como tal, formamos parte del mismo, lo cual lo hace INNEGOCIABLE.
Muchas más son las reflexiones y determinaciones a las que arribamos. La lucha y las visiones acerca de lo que queremos y debemos hacer en la vida son concluyentes. No cabe agregar más.
1)Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación; “¿Intentan manipular a la comunidad con donaciones?” 01/10/2006
http://www.defensor.gov.ar/
2)Doc."La trama del saqueo" – 28/11/05; http://orosucio.madryn.com/articulos/05_11_28.html).
Patagonia Argentina - Comarca Andina del Paralelo 42º - Octubre 2006
Asamblea Comarcal contra el Saqueo
c/copia a:
Presidencia de la Nación
Gabinete de Ministros de la Nación
Defensor del Pueblo de la Nación
Secretaría. de Minería de la Nación
Subsecretaría de Tierras de la Nación
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación
Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
H. Cámara de Senadores de la Nación
H. Cámara de Diputados de la Nación
Agradecemos dar amplia difusión
Gacetilla de Prensa
La minera judicializa el NO A LA MINA de Esquel
SI TE OPONES A LA MINA TE HAGO UN JUICIO
Esquel, Chubut – 22/10/06. La empresa Minera El Desquite S.A., subsidiaria de la canadiense Meridian Gold Inc.[1], inició una demanda a seis vecinos de esta ciudad acusándolos de haber difundido los planes de la minera para “torcer la voluntad de Esquel” ante el juzgado correccional nacional Nº 11 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Juez Luis Schelgel,
Dos de los vecinos querellados son periodistas de FM Station que difundieron la grabación denunciada por los vecinos en una conferencia de prensa. El audio corresponde a una reunión de ejecutivos y asesores de la multinacional realizada en setiembre del 2003 en la que elaboraban estrategias para conspirar contra esta comunidad y torcer la voluntad del pueblo de Esquel que rechaza rotundamente la actividad minera por el saqueo y la contaminación que provoca.
En ese cónclave dan cuenta de sus contactos con los candidatos chubutenses a gobernador de las elecciones de ese año, al igual que con varios ministros y funcionarios del gobierno nacional. También establecen utilizar a sus empleados y familiares para incidir en las juntas vecinales, entre otras medidas tendientes a lograr lo que ellos llaman “licencia social para operar”. Pero la perversidad de lo denunciado por los vecinos queda demostrado cuando uno de sus ejecutivos puntualiza textualmente que “en Esquel no se deben enterar que vamos a torcer la voluntad del pueblo”.
A raíz de de estos acontecimientos los vecinos de Esquel realizaron este fin de semana una concurrida asamblea donde se comenzaron a analizar estrategias para rechazar y denunciar este complot contra la comunidad por parte del sector minero. Entre las medidas se decidió continuar con las habituales marchas de los días 4 y otras acciones locales y nacionales.
Una conspiración respetuosa
En un comunicado emitido por Meridian Gold luego de conocido el resultado de la consulta popular del 23 de marzo de 2003 donde el 81% de la población rechazó su proyecto minero, la empresa afirmó “respetaremos la voluntad del pueblo de Esquel”.
Sin embargo, unos meses después del plebiscito en esa reunión ejecutada en Buenos Aires en septiembre del 2003, la minera planificó de qué manera iba a revertir el rechazo popular a su proyecto de explotación de una mina de oro y plata. En ella participaron directivos locales y de Estados Unidos, junto con integrantes de su consultora norteamericana Business for Social Responsability (BSR)[2] y de la argentina Braga Menéndez y Asociados[3].
Si tocan a uno tocan a todos
La persecución a media docena de vecinos es interpretado en la ciudad como una embestida contra el conjunto de la comunidad que mensualmente realiza marchas por el NO A LA MINA[4].
De esta manera, se pone en evidencia la decisión de judicializar y perseguir con el Código Penal cualquier oposición a proyectos extractivos y, lo que es más grave, ignorar la voluntad soberana de los esquelenses que tomaron una determinación rotunda en contra de los emprendimientos mineros.
La demanda ratifica la total veracidad de las decisiones tomadas en aquella reunión del 2003 y pone de manifiesto la existencia de una conspiración para ejecutar el emprendimiento minero a pesar de que usará el método de explotación a cielo abierto y lixiviación con cianuro que está prohibido por la legislación provincial[5].
Primera embestida judicial contra vecinos
Mientras a lo largo del país suman decenas las comunidades que se levantan pacíficamente contra proyectos mineros, esta demanda es el primer caso de una arremetida judicial contra vecinos.
Esta persecución tiene sus raíces ideológicas en la misma legislación minera argentina que coloca por encima de cualquier interés comunitario o regional la preeminencia de la actividad minera junto con inconcebibles beneficios fiscales, cambiarios y arancelarios a las empresas, sean nacionales o extranjeras.
En ese sentido, la política minera oficial acompañada por los gobiernos provinciales y patrocinada por el conjunto del sector minero, genera todo tipo de hostigamientos a las comunidades que resisten en defensa de las producciones sustentables y bienes naturales como el agua y el suelo.
ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS DE ESQUEL
sosesquel@yahoo.com.ar
www.noalamina.org
Contactos, anteponer 02945 a todos los teléfonos: Matilde Lenzano 453713 - Pablo Quintana 15696341 - Andres Campos 15502363 - Lino Pizzolon 453679 - Silvia Perez 454811– Chuni Botto 452521.
[1] En el texto de la demanda a los vecinos, la empresa manifiesta que entre sus accionistas se halla un grupo con la denominación Meridian Gold Holdings (Cayman) Ltd., lo cual refiere a su probable sede en las Islas Cayman que es un conocido paraíso fiscal y centro financiero para el lavado de dinero.
[2] Tiene sede en San Francisco y se especializa en “práctica social responsable” asesorando a empresas que enfrentan o prevén conflictos por su actividad. Entre sus clientes figuran American Express Company, The Coca-Cola Company, Exxon Mobil Corporation, Ford Motor Company, General Electric Corporation, General Motors Corporation, IBM, Shell International, Sony Corporation y las grandes mineras Newmont Mining Corporation, Placer Dome Inc., Rio Tinto plc, entre otras de diversos rubros.
[3] Esta consultora asesora a empresas, gobiernos y también a diversas figuras de la política nacional y provincial, siendo quienes diseñaron la campaña electoral del actual presidente Néstor Kirchner.
[4] Cabe recordar que la minera permanece en Esquel con oficinas y depósitos, el gobierno no canceló la concesión del yacimiento ni las habilitaciones comerciales y los mineros realizan permanentes maniobras y conspiraciones para poder explotarlo.
[5] La Ley Provincial 5001 establece en el Artículo 1°: Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
TODOS ELLOS...Y,PARA QUE CADA UNO DE NOSOTROS PODAMOS SACAR NUESTRAS PROPIAS CONCLUSIONES -Mensajes enviados bajo la protección del Articulo 19 de la Declaración de derechos humanos, el cual estipula: Articulo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Declaración Universal de los Derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948 en Paris.
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