Radio Universidad de Chile, 15 de septiembre de 2011

En libro Minería al Límite, publicado por el OLCA:
Académicos analizan alcances de la Minería de Frontera

Relacionado:

Diana Porras

Este tipo de actividad extractiva se ha convertido en un nuevo paradigma que enfrenta a las comunidades con empresas transnacionales. Según los expertos, el desafío es encontrar nuevas formas de entendimiento para este tipo de impactos.

Hace pocos años, diversas comunidades empezaron a alertar sobre un proceso que aún está en desarrollo pero que ha causado muchos impactos. La “Minería de Frontera” es un concepto que ha llegado a nuestra región y que ha abierto diversos debates.

Las comunidades denuncian que los proyectos mineros de las transnacionales no favorecen a los Estados y que obedecen al interés de las empresas y asumen que para resistir a ella se requiere la concurrencia de los grupos de ambos países.

Pero estas iniciativas no son al azar. Como “minería de frontera” se entienden las explotaciones mineras que están cercanas o sobre el área de frontera y cuyas operaciones necesitan de recursos humanos, naturales o logísticos del país vecino.

Además, advierten que reviste un potencial foco de guerras entre vecinos y dimensionan que se están amenazando ecosistemas altamente frágiles que cumplen el rol de reservas bióticas estratégicas en un planeta que consume.

Estos problemas fueron tratados por el libro “Minería al Límite: Análisis de tres casos de minería de frontera en América Latina”, publicado por OLCA. Ellos son el caso de Pascua-lama en frontera argentina-chile, Caso Ecuacorrientes y Majaz en la frontera Ecuador-Perú y Caso Mutún en la frontera Bolivia-Brasil.

Consuelo Infante, periodista y editora del libro, manifestó que los caminos que debe enfrentar la población son arriesgados para defender su entorno.

“La gran acción, el aporte y la hidalguía de las comunidades que hoy hacen posible que este libro se escriba es esa. Que son capaces con creatividad, fuerza, coraje, paciencia, tolerancia y sin temor a los tropiezos, de estar sosteniendo una pelea que le dé dignidad, pero que, sobre todo, nos restituya los límites sobre el sentido común y las fronteras de la ética y los valores que nos hemos atrevido a consagrar como comunidad humana conectada con nuestro entorno”, comentó la profesional.

Según esta investigación, es necesario implementar instrumentos que “abran las fronteras” a las empresas como se dio, por ejemplo, con la firma en 1997 del Tratado Minero Binacional entre Chile y Argentina.

José Orellana, académico de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano manifestó que estos acuerdos entre Estados cambian el sistema de relaciones entre países.

“Son capaces de generar ordenamientos ad hoc para permitir la práctica minera extractiva convencional. Estas iniciativas son ejemplo del desdibujamiento de las nociones de fronteras y zonas transfronterizas no sólo en la práctica, sino también en lo teórico. En ese sentido, la hora viene a colocar desde el esfuerzo ciudadano, identitario y comunitario desafíos teóricos para la ciencia política, la geografía política y las relaciones internacionales entre otras disciplinas que permiten interpretar y formalizar la nueva realidad”, explicó el experto.

Además se advierte que como complemento los Tratados de Libre Comercio, promocionados con fuerza en los años 90, se “han transformado en verdaderas camisas de fuerza para los países que sustentan su economía en políticas extractivistas, pues mediante ellos, se conceden un sinnúmero de franquicias y facilitaciones a los países de origen de las transnacionales”.

Isabel Orellana, profesora e investigadora de la Universidad de Québec de Montréal, agregó que es “necesario entonces desarrollar aun más un proceso de toma de conciencia a la expansión de la mega minería, y en evaluar responsablemente los riesgos e impactos sobre la salud y el equilibrio de los ecosistemas”.

Por eso los dirigentes e investigadores llaman a estar alerta porque múltiples estudios establecen que la implantación de estos proyectos se traduce en procesos de profunda injusticia ambiental.