Según establece Joseph Ramos, decano de Economía de la U. de Chile, en su columna publicada en La Tercera el 31 de mayo, la minería genera mucho empleo indirecto. Su postura es lógica, pero resulta difícil aceptar que una actividad no genera el empleo por sí misma, sino que se lo crea otro sector productivo. A mi modo de ver, el empleo indirecto no existe, al menos no como empleo, aunque sí es un fenómeno que no deberíamos soslayar. Tal vez lo podríamos definir como "ambiente-empleo", en el sentido de que crea condiciones para sostener el trabajo generado por otros sectores de actividad, a través de la especialización de funciones y la interdeterminación del producto económico que caracteriza a las sociedades modernas.

Lo que no me gusta de su postura es el olor a justificación ideológica de las inversiones mineras privadas que hoy son cuestionadas, en especial proyectos como Pascua Lama en la III Región. Por eso es importante hacer varias precisiones a sus cálculos y diferenciar entre minería pública y privada. Para Ramos hay cuatro fuentes de "empleo indirecto". La primera está en las actividades que abastecen de insumos y equipos a la minería. Estima que eso genera un 2,5% de la fuerza laboral nacional. Considerando que este impacto es mucho más fuerte en la minería estatal, dado el alto grado de integración vertical de la minería foránea, y que el sector público representa el 36% de la producción y el privado el 64%, entonces, de acuerdo con nuestros cálculos, el aporte al empleo sería de 1,15% por el sector público y de 1,03% por el privado.

La segunda fuente se explica por las actividades hacia adelante y, en particular, por la comercialización y transporte de productos importados gracias a las divisas que proveen las exportaciones mineras. Pero él sobrestima este impacto al no considerar el superávit comercial. Al rectificar su estimación, el aporte sería de un 2,1% de empleo adicional. De éste, 0,77% viene de la minería estatal y 1,37% de las transnacionales y privadas.

La tercera fuente viene por el lado tributario, ya que debido al impuesto adicional a las importaciones al que están afectas las mineras, se estarían obteniendo ingresos fiscales para la inversión pública. Esto explicaría un 2% de la fuerza laboral: 0,72% estatal y 1,28% trasnacional. Sorprendentemente, Ramos abre la puerta para determinar la pérdida de "empleos indirectos" que representa el no pago de impuestos de las transnacionales. Según nuestros cálculos, ellas evitarían pagar US$ 570 millones anuales en impuestos, lo que de acuerdo al método de Ramos representaría una pérdida del 4% en "empleos indirectos".

La cuarta fuente proviene de los traspasos de Codelco al Estado, lo que explicaría un 5% de la fuerza de trabajo. Estos traspasos no sólo son utilidades, sino también renta económica del cobre, es decir, el valor económico del recurso natural. Luego, a pesar de que la minería pública representa sólo un tercio de la producción minera, siguiendo el método de Ramos, ésta es casi 100% más eficaz para generar empleos que la minería transnacional y privada. La primera con un 7,64% de "empleo indirecto" y la segunda con sólo un 3,68%. Eso considerando la pérdida que ha provocado la minería privada, primero, por no pagar impuestos (4% menos de empleo) y, segundo, por no pagar la renta económica del recurso natural: el royalty. Según Harvard, la renta anual que se apropian las transnacionales llega a los US$ 1.600 millones, es decir, una pérdida de empleos de 11.17%. Sumando el aporte en empleos de la minería privada transnacional (3,68%) y restando la pérdida que ésta le ha imputado al país (15,17%), su aporte sería negativo: una pérdida neta de 11,5%.