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, No. 514
Compañía minera ahoga a un pueblo
La desgracia de vivir en Chepiquilla
COMPAÑIA Minera Carmen de Andacollo. El 63% pertenece a la transnacional canadiense Aur Ressources Inc. que está envenenando al poblado de Chepiquilla.
PATRICIA BRAVO
En Chepiquilla, IV Región
A Nicolás Véliz Marín le tocó la suerte -o el infortunio- de nacer en Chepiquilla, localidad ubicada a dos kilómetros de Andacollo, entre los cerros desnudos de la IV Región por donde han pasado innumerables generaciones de pirquineros. Hoy la mayoría está cesante. Nicolás es un hermoso niño de tres años, hijo de minero, de cabello castaño y melena lacia, con ojos rasgados y mirada pícara. Corretea, baila, juega, se ríe por cualquier cosa en el interior de su modesta casa o en el patio que parece no tener límites porque
lo que sobra en Chepiquilla son los espacios amplios, el silencio que se desliza imperturbable por sus calles de tierra y la tranquilidad de sus habitantes. Pero cuando el Nico se sienta a la mesa con su familia para almorzar, no quiere comer. Ni por casualidad acepta abrir la boca. Vuelve a sus juegos, pero al rato se acerca a su madre en busca de ayuda. Entonces vomita. "¡Otra vez!", exclama Carolina Véliz, angustiada. Es común que los niños de Chepiquilla tengan naúseas, mareos, vómitos, ronchas en la piel y problemas bronquiales. Igual que otros pequeños, Nicolás tenía un año cuando en el hospital de Andacollo le diagnosticaron "peribronquitis e hiperinsuflación pulmonar bilateral leve". Carolina, secretaria de la Junta de Vecinos Nº 12, explica que como otros 32 habitantes de Chepiquilla, de todas las edades, Nico está en "situación de riesgo", según una categoría establecida por el Servicio de Salud de la provincia del Elqui que nadie se ha molestado en explicarles qué significa. Lo que tienen claro es que llevan cinco años tratando que alguna autoridad haga valer su derecho -establecido en la Constitución- a vivir en un ambiente libre de contaminación.
A poco más de cien metros de sus casas se levantan los cerros de mineral chancado (pilas de lixiviación) de la Compañía Minera Carmen de Andacollo, que son rociados con una solución que contiene ácido sulfúrico para obtener cobre refinado. El viento se encarga de arrastrar partículas y sulfatos que invaden incluso el interior de las viviendas.
Desde que se instaló la empresa con capitales mayoritariamente canadienses, en 1995, con más o menos intensidad -según la dirección del viento, la hora del día y el ritmo de las faenas- "las emanaciones de ácido sulfúrico caen en forma de lluvia ácida, afectando techumbres, huertos, agua de norias y principalmente la salud de las personas, ya que el aire que se respira contiene estas sustancias que están produciendo enfermedades, como asma, sinusitis, conjuntivitis y el temor que a largo plazo se presenten algunos tipos de cáncer", denunciaba en 1998 la Junta de Vecinos Nº12 de Chepiquilla. En lo esencial, nada ha cambiado. Hasta hoy se desconocen los efectos acumulativos que puede tener en la salud la exposición, año tras año, a este tipo de contaminación.
En 1997 hubo una primera emergencia. En dos ocasiones, a causa de intensas lluvias, se produjeron filtraciones de ácido sulfúrico hacia la quebrada en la que se ubica el pueblo y se contaminaron los pozos de donde la gente obtiene el agua para beber y regar sus huertos. Un análisis del Departamento de Sanidad del Hospital de Andacollo concluyó que el agua no estaba apta para el consumo humano. El Servicio de Salud de Coquimbo le aplicó multas a la empresa, pero nada de esto se comunicó a la comunidad. Las autoridades municipales, provinciales y regionales adoptaron una actitud de indiferencia que se ha mantenido hasta la actualidad.
En febrero de 1998, el SAG tomó muestras de hojas y frutos de los huertos, evidentemente deteriorados. Ocho meses después se entregaron resultados parciales: "se detectó gran existencia de sulfatos; no se puede caracterizar ni cuantificar el resto de las sales por problemas de operación del laboratorio de toxicología ambiental", señalaba el único informe recibido hasta ahora en la junta vecinal. En 1999, la Conama inició un monitoreo de un año de la calidad del aire, pero nunca se difundieron los resultados. El 2001 la junta vecinal pidió conocer las conclusiones de análisis de suelos efectuados por el SAG, que se anuncian recién para marzo de este año. También en marzo el Servicio de Salud tendría que entregar un diagnóstico después de un año de monitoreo y de controles anuales a las personas en situación de riesgo. Pero nadie confía en que digan la verdad.
Todo esto impulsó a los pobladores a hacer uso de una instancia creada por el Acuerdo Ambiental con Canadá -parte del tratado de libre comercio con ese país- en un nuevo intento por lograr que el Estado chileno cumpla sus propias leyes. Sin embargo, este camino sólo ha servido para dejar al descubierto la inoperancia de ese mecanismo, idéntico al que se aplicó en el Nafta y al que sin dudas se incorporará al tratado de libre comercio que el gobierno de la Concertación está empeñado en firmar con Estados Unidos. La experiencia de los pobladores de Chepiquilla demuestra que en el mundo globalizado no hay espacio para los más elementales derechos del ser humano.
EL POLVO BLANCO
El pueblo es pequeño, pero cuenta con una amplia y confortable sede social que da una idea del esfuerzo y organización de sus habitantes. Reciben a PF un grupo de directivos de la Junta de Vecinos Nº 12: Mirtza Aguilera, presidenta; Marcia Araya, vicepresidenta; Carolina Marín, secretaria; Cecilia Marín, tesorera, y Jorge Malebrán, primer director. Durante cinco años, distintas directivas han pedido incansablemente el traslado de las pilas de lixiviación que en la actualidad tienen 6 metros de altura y que, según el proyecto, se elevarán a 72 metros del suelo al finalizar los trabajos. Ahora los pobladores se conforman con que la empresa cubra con tierra las pilas más cercanas al pueblo y continúe apilando el mineral en otro lugar. "No estamos en contra del trabajo de la minera, lo que no queremos es la contaminación", aclaran los dirigentes. Los ejecutivos de la empresa no responden sus cartas en las que piden una solución. Las conversaciones que han sostenido esporádicamente con el gerente anterior y el actual, Piorino Venturini, han sido infructuosas.No han faltado las maniobras de la minera Carmen para dividir al pueblo. Ha ofrecido trabajo en la empresa a las personas más activas, o a algún familiar, como una forma de neutralizarlas. En la actualidad hay quince lugareños que laboran allí, la mayoría como contratistas.
La gente está preocupada, porque en el último tiempo han muerto sorpresivamente tres personas de infarto al corazón. Curiosamente, la mayor parte de los 200 habitantes de esta localidad sufre de presión alta, taquicardia y problemas respiratorios. Desde que la mina comenzó a funcionar, un penetrante mal olor invade las casas cada noche, hasta la madrugada, porque el uso de ácido sulfúrico se intensifica en la mina en la jornada nocturna. Despiertan con picor en los ojos, dolor de cabeza, náuseas. Y durante el día deben soportar las detonaciones que sacuden el pueblo. Al menos, aprendieron a no sobresaltarse cada vez que se estremece la tierra.
Basta estar unas horas en el pueblo, conversar con dirigentes y vecinos, visitar sus casas y huertos, sentir las detonaciones que hacen tintinear los vidrios de las ventanas para entender su impotencia.
La vivienda de adobe de Nibaldo López Rivera, de 55 años, es la más cercana a las intalaciones mineras, está sólo a 50 metros. Los ojos de don Nibaldo se ven acuosos e irritados. Tiene conjutivitis crónica, sufre dolores de cabeza y al corazón. En las mañanas despierta con ahogos y tos. Nos muestra las piezas de su modesta casa. Un polvo blanco (supuestamente sulfato de cobre), que cubre todos los techos de Chepiquilla y que termina oxidando los metales, ha penetrado también en el interior y se acumula en cualquier rendija, endureciéndose como una costra. Una radiografía de tórax que le hicieron al dueño de casa en febrero del 2000 reveló "hallazgos compatibles con enfisema pulmonar". Don Nibaldo vive solo, está cesante y todo lo que posee es ese terreno familiar donde han transcurrido 40 años de su existencia. Su huerto, importante fuente de sustento, ya no da frutos. Pero él no quiere ni podría irse a otra parte, como ocurre con cada uno de los habitantes de la localidad. Allí está la historia familiar, muchos ni siquiera conocen Santiago ni las grandes ciudades y, a pesar de la contaminación, aprecian la tranquilidad. "Aquí no hay robos ni drogas, las señoras lavan la ropa y la dejan tendida en la noche, y no pasa nada", dice Jorge Malebrán.
En el huerto de Mirtza Aguilera, los damascos, ciruelos, perales y parras muestran frutos atrofiados, partidos y manchados. Los duraznos se han secado en casi todas las casas. "Antes tenía abundancia de damascos. Después hubo como tres años en que no dieron frutos. Ahora hay, pero no se pueden comer, a uno le dan dolores de estómago", comenta con pesar la presidenta de la junta de vecinos.
PRESIONES DE AQUI Y ALLA
Muchos ex mineros y sus familias sobreviven con una jubilación de 70 mil pesos, con lo que saben no podrían subsistir en otro lugar. Es el caso de Germán Jofré Castillo, de 66 años, y su esposa Raquel Núñez, de 59, ambos con enfermedades crónicas. El padece silicosis y los problemas para respirar lo obligan a utilizar bombas inhalatorias. Según la receta médica, debería usarlas cuatro veces al día. Sin embargo, para ahorrar, don Germán reduce su uso a la mitad. Sus medicamentos cuestan 39 mil pesos al mes, más de la mitad de su jubilación. "Tengo una bolsa llena de envases de inhaladores, no sé por qué los guardo, a lo mejor se les voy a ir a tirar a la minera -dice-. Una autoridad de La Serena me dijo que pidiera una indemnización, pero yo no tengo palabras para hacerlo y solo no lo voy a lograr".
Roberto Vicentello, minero jubilado de 72 años y forjador de la junta vecinal, sufre de silicosis, hipertensión y dolencias al corazón. Su esposa, Inés Guerrero, tiene alergia respiratoria, molestias a la garganta y al estómago, además de romadizo crónico. Don Roberto cuenta que hace un tiempo lo visitaron tres representantes de la empresa: "Me ofrecieron cambiarme el techo de la casa, ponerme agua y reemplazar la tierra de un trecho del huerto, que ahora no produce nada, a cambio de que me quedara callado. Les pregunté: '¿A mí y a cuántos más? ¿Les van a arreglar a todos la situación?'. 'No, por mientras a usted no más', me dijeron. 'Si nos arreglan a todos, de acuerdo, pero yo no me voy a vender. He vivido siempre así, y voy a seguir así'". Este experimentado dirigente reflexiona: "Los chilenos pobres luchamos por tener patria, por mejorar nuestro pedazo de tierra, pero llegan otros y lo destruyen sin que las autoridades les pongan atajo". Carolina Marín refuerza la idea: "Más que darnos una respuesta concreta y defender a la gente pobre, lo que importa a las autoridades son los intereses económicos".
En otros planos, el pueblo muestra avances. Un programa de Chile Barrio, Conama y el Observatorio de Conflictos Ambientales (Olca) permitió que 25 hogares dispongan de hornos solares -construidos por las mujeres-, donde cocinan a diario y ahorran gas. Además, está en pleno desarrollo un plan de Chile Barrio para construcción de viviendas progresivas y mejoramiento de las actuales. Sin embargo, quedan marginados de ese beneficio quienes no cuentan con títulos de dominio. A pesar que hace unos meses se entregaron 36 títulos de dominio, quedaron pendientes otros 16 -a pesar de estar listos para la firma-, lo que perjudicó a varios dirigentes. "El Seremi de Vivienda nos dijo que no quería quedar con el peso en su conciencia de dar títulos de dominio en un lugar donde la gente se está enfermando a causa de la contaminación. Dijo que por qué no nos íbamos. ¿Y por qué nos vamos a ir? Nosotros estábamos aquí desde antes, y la empresa llegó a contaminar. Para nosotros, es una trampa, una forma de presionarnos. Por eso mucha gente tiene temor de defender sus derechos", acusa Marcia Araya
Empresa canadiense es la culpable
La propiedad de Minera Carmen de Andacollo está en manos de la transnacional Aur Ressources Inc., con base en Ontario, Canadá, que posee 63% de las acciones. El 27% restante pertenece a la Compañía Minera del Pacífico S.A. La empresa comenzó a funcionar en Chepiquilla en 1995 con una inversión directa de 83 millones de dólares. Extrae aproximadamente 30 mil toneladas diarias de mineral, a tajo abierto, y procesa hasta 10 mil toneladas de cobre al día.
"En el transcurso de denuncias por la contaminación se fueron acumulando distintos antecedentes que nos mostraban que se habían dado una serie de irregularidades en el otorgamiento de los permisos para que la minera funcione", dice Lucio Cuenca, coordinador general del Olca, organismo no gubernamental que ha apoyado a la comunidad en este proceso, fundamentalmente con asesoría legal.
El proyecto obtuvo la aprobación de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema)-IV Región el 13 de julio de 1995, luego de presentar voluntariamente un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, si bien ya se había aprobado la Ley de Bases del Medio Ambiente (Nº 19.300), aún no existía el reglamento que ponía en vigencia el sistema de evaluación de impacto ambiental. En consecuencia, el primer reparo a la legalidad de la autorización es que desde el punto de vista ambiental hubo una decisión arbitraria y que la Corema actuó haciendo uso de atribuciones que en ese momento no tenía. Una segunda objeción es que este procedimiento irregular no contempló ni un atisbo de participación ciudadana. A los habitantes de Chepiquilla simplemente se les informó del proyecto cuando ya era un hecho y, más aún, se les dijo que las pilas de lixiviación se instalarían en otro lugar. "En una reunión con las autoridades y representantes de la empresa nos dijeron que las 'pilas' iban a estar a 3 kilómetros de Chepiquilla. Eso nos dejó tranquilos, porque aunque sabíamos que habría contaminación, la distancia era considerable. Pero los 3 kilómetros 'se redondearon' en 140 metros de las casas más cercanas", dice irónicamente Roberto Vicentello.
Un tercer argumento que despeja toda duda respecto de la ilegalidad con que se actuó es que la alcaldesa de Andacollo, Marcelina Cortés, autorizó la instalación de la Mina Carmen contraviniendo el plano regulador de la comuna. En efecto, una parte de las pilas de lixiviación, que ocupan un área de 520 mil metros cuadrados, están dentro del límite urbano, en una zona donde el uso del suelo está destinado a vivienda, y equipamiento comunal y vecinal, y no a actividades industriales mineras. A raíz de una denuncia de la junta de vecinos, la Contraloría Regional de Coquimbo reconoció, en un pronunciamiento del 9 de marzo de 1999, que se estaba cometiendo una ilegalidad de acuerdo con el plano regulador comunal e instó a la municipalidad a regularizar la situación. Pero en vez de pedir a la minera que trasladara sus pilas a otro lugar, la alcaldesa Marcelina Cortés y el intendente de la época, Renán Fuentealba, intercedieron para reacomodar el plano regulador según un estudio financiado por la propia empresa. De acuerdo con ese arreglo "a lo amigo", el consejo regional aprobó una modificación del plano regulador de Andacollo el 7 de abril de ese año. Indignados, los pobladores se movilizaron a la Intendencia, en La Serena, y denunciaron esta nueva irregularidad ante la Contraloría General de la República, "donde ellos no tenían compadres", comenta Roberto Vicentello. El reclamo fue acogido: la Contraloría rechazó la modificación señalando que cualquier cambio del plano regulador debía ser sometido a una evaluación de impacto ambiental. De vuelta a la situación original, la ilegalidad en que está la minera, en complicidad con el municipio y las autoridades regionales, se mantiene.
OFERTA ENGAÑOSA
La comunidad de Chepiquilla, con asesoría del Olca, decidió probar otra vía. "El Tratado de Libre Comercio con Canadá crea el Acuerdo de Cooperación Ambiental, que consta de un sistema de peticiones ciudadanas. Decidimos emprender este camino, ya que Mina Carmen es una transnacional con sede en Canadá. Y esto nos ha permitido comprobar que ese instrumento que se incorpora en los tratados de libre comercio no se traduce en ninguna medida adicional de protección ambiental", señala Lucio Cuenca. Estos mecanismos, por lo demás, se presentan como muy accesibles a la ciudadanía, pero no lo son. Presentar el problema ante el Acuerdo de Cooperación Ambiental con Canadá significó un trabajo de tres meses de recopilación de información, discusión de los fundamentos de la petición, redacción y traducción al inglés para cumplir con los requisitos. Finalmente, la petición se presentó en marzo del 2001. Eran 17 páginas, más un anexo con documentos que llenaban tres archivadores. Luego de tres meses se les comunicó que la petición ciudadana había sido admitida. En segunda instancia, pasó a un comité conjunto revisor de peticiones, encargado de examinar los fundamentos de la denuncia y, si le parecen convincentes, pide una respuesta al denunciado. "Es lo que sucedió con el caso de Chepiquilla -explica Cuenca-. En diciembre del año pasado el comité emplazó al Estado de Chile para que conteste la denuncia, y éste lo hizo, pero en términos muy genéricos. No desconoce los vicios legales denunciados en el otorgamiento del permiso ambiental a la Mina Carmen, sino que más bien alega que los denunciantes no hicieron uso en Chile de todos los mecanismos disponibles para normalizar la situación -como presentar un recurso de protección o iniciar un juicio, ambos engorrosos y de alto costo-. Por lo tanto, el Estado chileno argumenta que no corresponde llevar al caso a este sistema bilateral". De acuerdo al procedimiento, los denunciantes no pueden replicar.
En este momento, la petición se encuentra en una fase en la que se debe determinar si corresponde o no abrir un "expediente de hechos". Y eso sería todo. En el mejor de las situaciones, si el resultado es positivo, se abriría ese expediente y la única medida contemplada en el acuerdo es que una de las partes puede pedir que la conclusión se haga pública. En este caso, se harían públicas las faltas cometidas por el Estado chileno. "En el fondo, es sólo una sanción moral, lo que demuestra que estos mecanismos de los tratados de libre comercio no cumplen el objetivo de proteger a las comunidades de daños ambientales", dice Lucio Cuenca.
El trabajo preparativo de la petición de Chepiquilla, la elaboración de la presentación y el seguimiento a cargo de un equipo encabezado por la abogada Yénive Cavieres Sepúlveda ha significado hasta ahora un costo aproximado de cuatro millones de pesos. Es decir, ninguna comunidad afectada por un conflicto ambiental, generalmente de bajos recursos, podría afrontar ese gasto, como tampoco la complejidad que demanda hacer uso de este procedimiento. Además, como sólo hay plazos para algunas etapas del proceso, éste puede demorar dos, tres o más años. ¿Y para qué?
Hasta ahora, en Chile se han presentado sólo dos casos más al Acuerdo de Cooperación Ambiental con Canadá: el plan de contaminación atmosférica de Santiago, que no fue admitido, y el del proyecto Cascada, que pasó la primera etapa, pero fue rechazado cuando se debía decidir si ameritaba pedir respuesta al Estado chileno.
A la gente de Chepiquilla no le quedará otro camino que continuar aumentando la presión
P.B.
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