Fuente: www.lanacion.cl (14 de febrero de 2010)

Ventanas: El veraneo en el Springfield criollo

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Por Javier Soto / La Nación

La eventual construcción de la central termoeléctrica Campiche mantiene en alerta a la comunidad. Mientras el Consejo Ecológico pelea para frenar el proyecto, la indiferencia prevalece entre habitantes y veraneantes, que chapotean en aguas que desde hace décadas sirven de vertedero. Tampoco se complican con el paisaje apocalíptico que se asemeja tristemente a la planta de la ciudad de Los Simpsons.

Hace más de 40 años que no se respira el mismo aire en los pueblos y playas de Puchuncaví. La invasión de chimeneas y de intereses empresariales no ha parado desde que en 1964 la Empresa Nacional de Minería (Enami) instalara la Fundición y Refinería de Cobre Ventanas, hoy propiedad de Codelco. Entonces, los pobladores recibían con brazos abiertos los ofrecimientos de trabajo, dinero y progreso. Sus esperanzas se alimentaban de lo que decían las voces oficiales, que proyectaban a la bahía de Quintero como el gran polo de desarrollo del país. La sensación hoy es distinta. El panorama: desolador. El aire, el suelo y las aguas del balneario de Ventanas se encuentran colapsados por la contaminación provocada por termoeléctricas. En 1993, esta localidad se convirtió en la primera zona saturada del país por la alta presencia de dióxido de azufre (SO2), anhídrido sulfuroso (SO) y material particulado (PM10). Desde ese año se encuentra sujeta a un plan de descontaminación.

Ni hablar de las comunidades contiguas, como La Greda, destinada a desaparecer no tan sólo por estar emplazada dentro de una zona de uso industrial, sino por la muerte progresiva de sus vecinos por culpa de enfermedades como el cáncer, consecuencia directa del contacto inevitable y prolongado con la polución.

Pese a esto, el avance de los proyectos energéticos continúa. Actualmente, funcionan en las orillas cuatro termoeléctricas a carbón altamente contaminantes. Una es propiedad de Endesa y las otras tres corresponden a la empresa AES Gener, transnacional norteamericana que desde 2006 se viene enfrentando en una lucha llena de altibajos y arbitrariedades legales con la población, representada por el Consejo Ecológico Puchuncaví-Quintero. Los miembros del organismo, encabezados por su presidente David Insunza, aseguran que seguirán peleando para evitar el término de la construcción de la Central Termoeléctrica Campiche, la última de las “atracciones” que la firma norteamericana ofrece para seguir adornando el paisaje apocalíptico de este rincón del litoral central.

Para conocer un poco más a fondo este problema y palpar in situ la desesperanza de sus habitantes, LND visitó Ventanas. Una localidad donde los árboles son negros, los taxis colectivos valen lo mismo que las micros, los perros vagos abundan y los turistas gozan de las “cálidas” aguas contaminadas.

Con la ceniza hasta el cuello

La posible puesta en marcha de una nueva central termoeléctrica a carbón bituminoso a menos de un kilómetro de su casa no es algo que asuste demasiado a Orfilia Bernal (85), vecina del pueblo de La Greda, ubicado en la vereda oriente de la ruta F 30-E, frente la entrada de Ventanas. Con resignación, asume que toda su vida ha transcurrido en esta localidad y que de cierta forma ha aprendido a convivir entre las chimeneas y el olor a carbón quemado. Sin embargo, no pierde la esperanza y cree que se debe seguir dando la pelea.

“Hay que frenar esto. Por mí, que las sacaran todas (las termoeléctricas). No quiero más contaminación, ya con lo que hay basta”, dice.

“Hace como dos meses hubo un temporal de viento. Con mi tía sacamos palas y palas de ceniza de la entrada de mi casa. Durante una semana no pudimos salir. Las cenizas y el carboncillo no nos dejaban ver nada”, cuenta la veterinaria Michelle Poblete Bernal (32). La escuela del pueblo es el lugar que más sufre la embestida de los escapes de humo tóxico de la fundición y refinería de cobre. “Una vez llegó a mi consulta un cliente que trabaja en el Área de Medio Ambiente de esa planta. Le empecé a echar la talla por lo que había pasado y me dijo que eran escapes que están dentro de los parámetros normales”, señala.

La veterinaria confirma la nula responsabilidad social de estas empresas. “Jamás hemos tenido beneficio alguno. No tenemos berma ni tampoco alcantarillado. Cuando uno va a pedir ayuda, no recibe ningún aporte de parte de ellos”, puntualizó.

Francisca Aros (19) está más resignada. Sin pelos en la lengua dice que este pueblo en unos años va a desaparecer. “Este sector va a ser completamente de uso industrial, por lo que la gente tendrá que comenzar a vender, porque acá ya no se va a poder vivir”. Francisca dice saber mucho del tema gracias a su hermana Mariette, quien trabaja en el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Puchuncaví. LND se intentó contactar con la ingeniero medioambiental vía e-mail para conocer sobre las políticas que el municipio ha desplegado para contener esta situación, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, aunque cueste creerlo, para algunos esta situación representa su fuente de ingreso. María Soledad Cisternas (49) arrienda sus casas a veraneantes y a trabajadores foráneos en el sector de Ventanas Alto y para ella, la puesta en marcha de la Central Termoeléctrica Campiche se transformaría en una fuente de ingresos segura, “porque con respecto a la contaminación ya no hay nada más que hacer”.

Al caminar por la playa de Ventanas es posible percibir el abismo que hay entre un balneario apto para el baño y una zona industrial al borde del colapso. Arena y sol se mezclan con los residuos químicos provenientes de las plantas termoeléctricas. Los niños y adultos se sumergen felices en el mar, mientras los enormes tubos succionan 33 mil metros cúbicos por hora para enfriar las turbinas. Muchos saben que la agradable temperatura que tiene el mar se debe a que las mismas cañerías la devuelven 10 grados por sobre lo normal. Pero para muchos esto sería sólo un detalle.

Juan Sarabia (55) es uno de aquellos valientes sin estómago. Cuenta que la principal razón de su visita se debe a que las playas de la bahía de Quintero están más descongestionadas que en otros puntos del litoral central. “Aquí vamos a venir todos los días porque está muy rica el agua. Las turbinas la dejan calentita”, aseveró sin problemas.

Ricardo Arellano (23) es de Talca y junto a su familia visita verano a verano esta playa. El año pasado, su hermano menor tragó agua y pasó una noche entera en el hospital de Quintero producto de los reiterados vómitos. Desde ahí que lo piensa dos veces antes de meterse entre las olas. “La gente viene aquí porque hay agua caliente, pero no saben la cantidad de químicos con la que está contaminada”.

Solución imprevista

Eran cerca de las 3 de la tarde del pasado martes y en el Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Las Ventanas se realizaba una reunión donde se sorteaba el devenir de un conflicto lleno de matices y sabores amargos. El pleno del Consejo Ecológico Puchuncaví-Quintero se juntaba tanto para elegir nueva directiva como para sentarse una vez más a discutir y evaluar sobre las últimas novedades de la larga batalla que han librado para frenar la construcción de la Central Termoeléctrica Campiche, que ha demandado una inversión de US$500 millones.

La última modificación hecha por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (ver recuadro) les puso el camino cuesta arriba. Nunca esperaron que la intervención legal de un ministerio cambiara a tal punto el escenario. La idea de tener una planta termoeléctrica emplazada en un terreno destinado originalmente para el desarrollo de áreas verdes otra vez tomaba cuerpo. Sin embargo, y tras un acucioso análisis, los miembros del consejo encontraron una alternativa para contraatacar. Si bien el inciso tercero del artículo 2.1.21 contenido en el Decreto Supremo Nº 68/2009 del MINVU sepulta la posibilidad de que el terreno donde están emplazadas las instalaciones -a medio terminar- de la nueva termoeléctrica prosiga como “Zona de Restricción Primaria para el Asentamiento Humano” y puntualiza que “el instrumento de planificación territorial que corresponda, podrá prohibir la aplicación de este inciso dentro de su territorio”. En palabras simples, la Municipalidad de Puchuncaví, a través de una enmienda al plano regulador comunal, puede acabar de una vez por todas con esta pesadilla.

El concejal PPD Fernando Vicencio es uno de los principales defensores de esta vía. Si bien coincide con el grupo ecologista en que el municipio “debe asumir un rol más proactivo en la materia”, afirma que tanto el alcalde, Agustín Valencia, como el concejo municipal “hemos manifestado una posición de absoluto rechazo a la instalación de ésta y otras centrales termoeléctricas en la zona”.

Vicencio cree que la mejor forma de concretar la anulación de la norma dictada por el Minvu es “sobre la base de la colaboración y el trabajo en equipo”. Además, hace un llamado a que los asesores jurídicos del Consejo Ecológico y de otras organizaciones sociales expongan este mecanismo ante el Concejo Municipal. “Todas las opiniones deben ser escuchadas en un tema tan relevante como éste”, enfatizó tras confirmar que se encuentra gestionando una reunión extraordinaria del consejo municipal para el 22 de febrero, que pretende realizar aunque el alcalde siga de vacaciones. // LND



Incertidumbre

Si bien en junio del año pasado un fallo de la Corte Suprema suspendió la construcción de la termoeléctrica Campiche, la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) realizada por el Minvu, a través del Decreto Supremo Nº 68 de 2009, tiene a los miembros del Consejo Ecológico nuevamente en pie de guerra.

El precepto legal, publicado en el Diario Oficial durante la víspera de año nuevo y firmado por la titular de la cartera, Patricia Poblete, y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, interviene específicamente el artículo 2.1.21 de la ordenanza y le agrega un tercer inciso referido a los terrenos que están afectos a dos o más zonas con distintos usos de suelo, como lo que ocurre en el lugar donde están emplazadas las instalaciones de la termoeléctrica en cuestión.

Según el Plano Regulador Intercomunal de Valparaíso (Prenval), el lugar estaría calificado como “Zona de Restricción Primaria para el Asentamiento Humano” desde 1987. Además, la nueva norma establece que si “al menos el 30% de su superficie permite los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, se admitirá en todo el terreno dicho uso de suelo”.

Catorce días después, AES Gener envió una carta dirigida a Karina Francis Gajardo, secretaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), solicitando “dar curso progresivo a tramitación del expediente de Evaluación de Impacto Ambiental” del proyecto Campiche. En la misiva, la empresa sostuvo que en conformidad al acomodo legal realizado por el Minvu, que el 33% de los terrenos de la termoeléctrica en construcción corresponden a uso de suelo industrial, por lo que la nueva norma le permite extender esa utilización al resto del inmueble.

Al ser consultados sobre los detalles de estas acciones, la transnacional declaró a LND que si bien la paralización del proyecto “se fundamentó en problemas administrativos relacionados con el uso de suelo, que han sido superados por las disposiciones vigentes de la OGUC”, los seis meses de paralización de las obras han “ocasionando importantes perjuicios no sólo para Gener, sino también para la región y para el país en general”.

Conscientes de estos hechos, los miembros del grupo medioambiental decidieron tomar cartas en el asunto. Nuevamente el problema se les escapaba de las manos y mientras ellos se miraban las caras impresionados, AES Gener ganaba minutos valiosos. Asesorados por el abogado Marco Opazo Santander, el 31 de enero presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago que, para colmo de males, fue declarado inadmisible el 5 de febrero.

“Me parece muy mal que la corte haya decidido no acoger el recurso. Dijeron que nos habíamos opuesto a las razones constitucionales consignadas en el artículo 20. Eso es una falacia, porque nosotros estamos diciendo lo mismo que dijo el ministro de la Corte Suprema que falló a favor de nosotros”, señaló Ricardo Correa, vocero y director del Consejo Ecológico.

Finalmente, el pasado 8 de febrero, Opazo presentó un recurso de reposición en contra de esta resolución, el que hasta hoy no ha sido resuelto por la Corte de Apelaciones. “Por razones de estrategia profesional”, el abogado decidió no precisar los próximos pasos a seguir. De hecho, sólo se limitó a indicar “que todas las instancias administrativas y judiciales que sean procedentes, permanecerán bajo estudio y revisión para el respeto de los derechos de la Junta de Vecinos de Campiche”.