Fuente: www.elmostrador.cl 29 de Octubre del 2005

Organismo escuchó a las partes
Pehuenches denuncian ante CIDH incumplimientos de acuerdo con Estado chileno

Familias del Alto Bio-Bio y representantes del Gobierno presentaron sus informes respecto a la implementación de las obligaciones contraídas en 2003. Además de soluciones personales, los indígenas exigieron el reconocimiento constitucional y la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Aunque el Gobierno admitió que ambos son temas pendientes, defendió los avances.

Las familias pehuenches del Alto Bio-Bio que se opusieron a la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco, denunciaron al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), de no haber dado cumplimiento a una serie de compromisos contenidos en la solución amistosa suscrita en 2003.

La semana pasada, la CIDH recibió a la ñaña Berta Quintreman, representada por el abogado Marcos Orellana, y a la delegación del Estado chileno, compuesta por los funcionarios de Mideplan Osvaldo Moya y Miguel Ángel González, con el objetivo de conocer el estado de implementación del acuerdo.

“Pese a que efectivamente el Gobierno ha hecho un esfuerzo para avanzar en algunos puntos menores del acuerdo, y se ha reanudado un diálogo que se había perdido, esto sólo ha sido posible por la insistencia de las familias pehuenches”, sostuvo el abogado Sergio Fuenzalida, del Centro Estudios Jurídicos Sociales de la Universidad Arcis y que representa en Chile a las comunidades indígenas.

En ese sentido, aseguró que "el grado de cumplimiento es casi nulo de los compromisos que benefician a las comunidades del Alto Bío Bío y a los pueblos indígenas en Chile. Y ello es responsabilidad del Gobierno como de los demás poderes del Estado".

Uno de los aspectos más sentidos por las familias pehuenches fue la ausencia del reconocimiento constitucional indígena y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el primer punto, aseguran que si bien el Estado chileno ha enviado en tres oportunidades un proyecto de reforma constitucional, se ha tratado de un proceso en el que no se ha considerado la posición de los pueblos indígenas, tal como lo establecía la solución amistosa.

El Mostrador.cl intentó contactarse con el subsecretario de Mideplan y coordinador gubernamental de Políticas Indígenas, Jaime Andrade, quien no pudo referirse al tema debido a que se encontraba en Argentina participando de la II Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas. Sin embargo, la cartera proporcionó el documento presentado ante la CIDH, en el que se encuentra el pronunciamiento oficial del Ejecutivo.

Al respecto, el texto del Gobierno recuerda que a se inició un proceso de consulta con los partidos políticos y se llevaron a cabo siete seminarios con comunidades indígenas para dar cuenta de los alcances de la reforma, pero que fue el Congreso el que la rechazó en mayo pasado.

Admiten postergación del Convenio 169

Respecto al Convenio 169 de la OIT, el Ejecutivo admitió que, dada la actual conformación del Parlamento, no existen las condiciones para ratificarlo, por lo que la tramitación quedará en manos de la próxima administración.

“El Gobierno de Chile después de analizar la oportunidad de su tramitación concluyó que no existiendo las condiciones políticas para su aprobación, determinó postergar la solicitud de ratificación del Convenio 169, en fecha posterior a la renovación de ambas cámaras, (marzo del 2006)”, señala el escrito.

El texto de la OIT –que se encuentra cumpliendo su segundo trámite en el Senado desde 2001 y que data de 1989- aboga por lograr un compromiso de los Estados, en el sentido de mejorar las condiciones de trabajo y vida de pueblos indígenas y tribales.

Recordó que en los últimos doce años ha devuelto más de 400.000 mil hectáreas de tierra productiva a los pueblos indígenas, y que el Programa Orígenes ha invertido más de 50 millones de dólares, en salud y educación intercultural, fortalecimiento de comunidades y organizaciones indígenas.

A ello agregó la propuesta para crear los territorios especiales de Isla de Pascua y del Archipiélago de Juan Fernández, la instauración de una mesa de trabajo sobre derechos del borde costero de comunidades indígenas de las VIII, IX y X regiones, y el proyecto sobre Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios.

Sin embargo, los representantes de las familias pehuenches aseguran tener “legítimas dudas” respecto de la efectiva implementación de esos principios, especialmente porque acusan haber sido marginados del proceso de discusión del reconocimiento constitucional.

En su informe, el Ejecutivo también resaltó la creación de la comuna del Alto Bio-Bio y las soluciones a las demandas de tierras de siete comunidades de la zona. Respecto al fundo Trapa-Trapa, reclamado por comuneros pehuenches, informó que en septiembre pasado recibió la tasación comercial ($ 509.776.008) y que ahora resta el pronunciamiento del propietario.

Otras materias pendientes

El informe presentado por las familias pehuenches da cuenta de otros aspectos pendientes, pero uno de los más sentidos es el que afecta directamente a Berta Quintreman, respecto a la ausencia de agua en el predio que le fue entregado por Endesa en virtud del acuerdo.

Este hecho cobró notoriedad cuando la propia Quintreman concurrió en agosto pasado hasta el Palacio de La Moneda, con el objetivo de plantearle al Presidente Ricardo Lagos las dificultades que ha tenido con la tierra permutada por la firma de capitales españoles, tras lo cual el gobernante se comprometió a monitorear una solución al tema.

Además, las familias pehuenches acusan la ausencia de mecanismos que aseguren a las comunidades indígenas información y participación en el seguimiento de las obligaciones ambientales de la central Ralco, para lo cual recordaron la inundación del cementerio de la comunidad Quepuca el año pasado.

Sobre esta materia, la autoridad aseguró que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) “ejerce a plenitud las facultades de fiscalización y cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Ralco”.

También informó que se están analizando los “mecanismos vinculantes que aseguren la no instalación de futuros mega-proyectos hidroeléctricos en tierras indígenas del Alto Bio Bio”, aunque aclaró que no ha recibido ninguna solicitud en ese sentido hasta el momento.

Asimismo, aseguró que a través de distintos organismos ha puesto a disposición de las comunidades del sector instrumentos de apoyo al Etno turismo, y que está en estudio la subdivisión del fundo El Porvenir, con el objetivo de determinar rutas patrimoniales.

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VEA ADEMÁS:

El informe presentado por las familias pehuenches

El informe presentado por el Estado chileno