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Fuente: www.lanacion.cl (22/06/05) Tres jueces del máximo tribunal fueron acusados de “notable abandono de deberes” en la Cámara por diputados oficialistas y de RN. Comisión de Acusación será presidida por Arturo Longton (RN) y estará integrada por Pablo Prieto (UDI), Iván Norambuena (UDI), Francisco Encina (PS) y Pablo Lorenzini (DC). Angélica Meneses lanacion.cl Diez diputados presentaron hoy una acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema, Domingo Kokisch, Jorge Rodríguez y Eleodoro Ortiz, quienes revocaron la resolución que ordenaba el cierre de la empresa Celulosa Arauco (Celco) en Valdivia, basándose en un informe adjudicado a la Universidad de Concepción, que luego se probó había sido hecho por la propia empresa en cuestión. La presentación la hicieron -en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 48 de la Constitución, numeral 2, letra C- los diputados Juan Pablo Letelier (PS), Laura Soto (PPD), Osvaldo Palma (RN), María Eugenia Mella (DC), Eduardo Díaz (independiente-DC), Sergio Ojeda (DC), Fidel Espinoza (PS), Boris Tapia (DC), Waldo Mora (DC) y Sergio Aguiló (PS). Por sorteo de balotas, la Cámara designó a Pablo Prieto (UDI), Iván Norambuena (UDI), Arturo Longton (RN), Francisco Encina (PS) y Pablo Lorenzini (DC) para confeccionar el informe que recomendará a la corporación la aceptación o rechazo de la acusación, la cual -por reglamento- debe contar con el voto de la mayoría simple de los legisladores para seguir curso al Senado, que actúa como jurado. Posteriomente, Longton fue nombrado presidente de la instancia. El libelo presenta extensamente los antecedentes que dan cuenta del accionar de los ministros que revocaron el cierre inicial de la planta Valdivia de Celco, que pudo ser reabierta luego de la resolución de la Corte Suprema y sólo fue cerrada nuevamente por decisión de la propia empresa ante el escándalo. En el texto se acusa a los magistrados de “incurrir en la causal de notable abandono de deberes a raíz de la sentencia dictada en el recurso de protección rol 1853-2005, de fecha 30 de mayo del 2005”. El diputado Silva explicó que “no pretendemos revisar el fallo, cuestión que nos está absolutamente vedada por la Constitución, tampoco estamos presentándolo porque pensemos distinto a la resolución, sino que porque a nuestro juicio se han vulnerado manifiestamente los deberes constitucionales”. Sentenció que “es de público conocimiento que los ministro fallaron sobre la base de antecedentes que la propia planta reconoció como falsos, en el sentido que quienes pretendieron haber hecho un estudio contraviniendo en estudio de la Universidad Austral que era el principal elemento científico que existía para el fallo había sido por la propia planta y no por el EULA de la Universidad de Concepción”. El parlamentario recalcó que “no nos parece que los ministros hayan sido engañados, de esa manera cualquier persona podría engañarlos con documentación falsa, es deber de ellos analizar el expediente, leer los documentos , citar a personas si así lo estiman conveniente para revisar los antecedentes sobre los cuales están fundando un determinado fallo”, agregando que a raíz de este fallo “uno legítimamente se puede preguntar que está pasando y qué ha pasado en otros fallos que quizás no tienen la connotación pública de éste, que no han tenido a los medios de comunicación permanentemente informando a la ciudadanía”. Corresponde ahora dar cuenta de la acusación en la sala de sesiones, donde se sorteará a los integrantes de la comisión que estudiará el líbelo –excluyendo a los firmantes- para que éstos presenten un informe a la sala. Si se aprueba ese informe, la acusación pasaría al Senado para que actúe como jurado. |