Punto Final, 13 de mayo de 2011

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Punto Final

Escandalosa resultó la aprobación del megaproyecto HidroAysén de la transnacional hispano-italiana Endesa-Enel y Colbún, esta última controlada por el grupo Matte. No solamente por la manipulación de la institucionalidad ambiental que se consumó con la aprobación, sino además, por la represión desencadenada por Carabineros por instrucciones del Ministerio del Interior. En definitiva, el proyecto fue aprobado al margen de la opinión ciudadana. Se desoyó a los habitantes de Aysén y no se consultó a los del resto del país a través de los mecanismos existentes, incluyendo el Congreso Nacional. Se pretende así imponer brutalmente una opción que no necesariamente es la mejor salida técnica o la más ajustada a los intereses del país.

La Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén actuó como era previsible, confirmando la debilidad intrínseca de la institucionalidad medioambiental. La voluntad de la Comisión se expresó en una votación ganada de antemano por el gobierno ya que todos sus integrantes son designados por el presidente de la República, directa o indirectamente. La participación ciudadana no es considerada de manera alguna. En este caso, ni siquiera se guardaron las apariencias. Las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, lo demostraron. Se apresuró a señalar que el proyecto correspondía al interés nacional, con lo cual implicó que los adversarios de las represas en discusión serían enemigos de Chile. A la vez, anticipó con su declaración la voluntad del Consejo de Ministros, que actuará como segunda instancia ante el fallo de la Comisión de Evaluación. ¿Puede esperarse que los ministros voten en contra de la voluntad de su jefe, que desde hace meses no oculta su apoyo a HidroAysén?

Entretanto, días antes, un contingente policial fue enviado a Coyhaique para intimidar a la población. Los policías cumplieron sus instrucciones reprimiendo desde el primer momento. Detuvieron y vejaron a los ciudadanos que se oponen a HidroAysén y al gobierno que la respalda. Hubo, sin embargo, un hecho inesperado: la rapidez y organización con que surgieron manifestaciones de rechazo en diversas ciudades. En su mayoría jóvenes, los manifestantes se lanzaron a las calles para expresar su indignación. Si en Coyhaique la represión policial fue dura, en otras ciudades como Santiago, alcanzó niveles de brutalidad. No hubo consideración para mujeres o niños, menos para los muchachos que manifestaban pacíficamente. Ni siquiera se respetó el fuero parlamentario del diputado Sergio Aguiló, arrastrado hasta un carro policial y conducido a una comisaría. La ex candidata presidencial Sara Larraín también fue detenida junto con decenas de manifestantes.

Una vez más se reiteraron los signos más detestables del modelo neoliberal en su versión de derecha, representado por el gobierno de Piñera. Por una parte, la represión injustificada comienza sin aviso, precedida por el copamiento policial de los espacios públicos. Y, en segundo lugar, hay crisis de la institucionalidad, que es manipulada cuando no se ajusta a los deseos del gobierno ni a los intereses de las transnacionales. Los personeros del gobierno representan una comedia cuando fingen profesionalismo e imparcialidad, que desmienten de inmediato con sus propios actos. El desempeño de profesionales que vienen de gobiernos de la Concertación, como el ingeniero Daniel Fernández, vicepresidente de HidroAysén, muestra por otra parte la transversalidad política de los compromisos con las transnacionales. Otro elemento que resalta es el poder de estas empresas, en que cohabitan capitales extranjeros y chilenos. Dominan la mayor parte de la riqueza minera y se han apoderado de otras áreas claves de la economía, como el agua y la energía. Por su parte, el gobierno se prepara para facilitarles las cosas en la segunda etapa del proyecto: la construcción de la línea portadora de energía más larga del mundo que, desde la Patagonia, llegará hasta la zona central. Simulando independencia y respetabilidad, La Moneda tratará de imponer por todos los medios la viabilidad del proyecto, que con una sola línea energética tendrá extrema vulnerabilidad a juicio de muchos expertos.

Pero todo indica, sin embargo, que la batalla no ha terminado. Se avecinan nuevas y mayores movilizaciones en defensa del medioambiente y de los intereses nacionales, que no son, por cierto, los que defiende el ministro del Interior. Es indispensable la diversificación de la matriz energética y la actuación decidida del Estado para su materialización. No sólo a través de centrales hidroeléctricas de pasada, sino abriendo amplio campo a energías alternativas. Los costos de estas últimas están en permanente descenso, por los avances técnicos y por las economías de escala que se producen con las megaplantas de energía solar y geotérmicas. No puede continuar primando la voluntad del gobierno de pisotear a la ciudadanía, imponiendo los intereses de las transnacionales. Esa política antinacional debe ser rechazada resueltamente por la movilización ciudadana.

(Editorial de “Punto Final” edición Nº 733, 13 de mayo, 2011)