Opinión:
Progreso para quienes y a costa de quienes?

Álvaro Toro

El Proyecto de autopista concesionado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) denominado Acceso Sur a Santiago, se encuentra en su tramo urbano, correspondiente a las comunas de La Granja y La Pintana, hace más de 8 meses paralizado. Primero debido a la decisión de los vecinos organizados que demandan el respeto a sus derechos sociales y ambientales trasgredidos. Y luego, por decisión del propio MOP que ha constatado en terreno la imposibilidad de ejecutar el proyecto debido a deficiencias estructurales del mismo. ¿Cuál es el problema mayor, pero no el único? La inviabilidad de construir el túnel diseñado de más de 3 Km debajo de la calle vecinal La Serena sin afectar la propiedad privada de los habitantes del entorno y sin transgredir las condiciones ambientales impuestas en la Resolución de Calificación Ambiental dictada por la Corema Metropolitana que autorizo el proyecto.

Después de todos estos meses el MOP, que es al mismo tiempo parte de la autoridad pública responsable de fiscalizar su desarrollo (ya que el Seremi de OO.PP. integra la Corema) y titular ejecutante de la obra, junto con la empresa concesionaria, se encuentra en un callejón prácticamente sin salida. Simplemente, el proyecto no es posible de materializar sin pasar a llevar las exigencias ambientales establecidas por la autoridad ambiental. Se requieren cambios de fondo que implica elevar los costos, decisión que la actual administración no desea asumir, especialmente en medio de tantos escándalos vinculados a este ministerio, más aun en un año electoral.

Surge la inquietud ¿Porque la empresa concesionaria ejecutante del proyecto no reclama de esta demora? ¿No debiera ser la principal interesada en cumplir los plazos? La respuesta la encontramos en las cláusulas del contrato de concesión, donde el MOP, es decir todos los chilenos, se obliga a pagar por cada día que la empresa constructora se encuentre impedida de efectuar trabajos. La estrategia de obtener dinero del Estado por no hacer nada es brillante.

Por su parte, el MOP lleva meses tratando de encontrar la cuadratura del círculo. Ahora aparece ofreciendo a los pobladores directamente afectados (al menos unas 400 casas) una especie de arriendo temporal de los antejardines en nada menos que $400.000 mensuales durante un año y medio. Exige a cambio la suscripción de un compromiso donde los pobladores se obligarían a aceptar la construcción de la autopista sin reclamar sus legítimos derechos. Se pretende presentarlo como una compensación a impactos ambientales no previstos en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. De llegar a implementarse esta medida se consagraría la peor formula de resolver conflictos socio ambientales avaladas por la administración pública. Se transgrede la legislación ambiental que en un caso así, exige una nueva evaluación ambiental, se busca dividir y presionar moral y económicamente a una comunidad de escasos recursos con un ofrecimiento de $7,2 millones a cambio de olvidarse de sus legítimos derechos.

Esto es otra demostración de que nuestra institucionalidad ambiental no funciona. Pese a contar con todos los antecedentes (informes de la consultora, de los servicios públicos integrantes del Comité Operativo de Fiscalización COF y de las denuncias de la propia comunidad), la Corema no ha querido ejercer sus atribuciones de fiscalización y sanción ambiental administrativa.

Todos los actores están concientes de la situación, pero el MOP insiste, con el silencio cómplice de la CONAMA, en monetarizar el conflicto ambiental. Para su oferta parte de la base que sectores tan postergados no se resistirán a una propuesta económica tan tentadora. No se esperaban una negativa tan enérgica y masiva de un importante grupo de pobladores agrupados en torno al Comité Ecologista Territorio. Ellos demandan una solución de fondo que surja con su activa participación.

El problema hace meses pudo haberse resuelto si los órganos públicos en vez de buscar dividir y confundir a los pobladores afectados, se hubiera efectivamente sentado a discutir salidas en el marco de la legalidad vigente, esto es determinar los impactos ambientales no considerados, evaluarlos y finalmente definir medidas para mitigarlos o compensarlos debidamente. Hay personeros que nunca aprenden, siempre creen que enfrentados a sectores modestos, el ofrecimiento de algunas monedas soluciona cualquier dificultad. Que distinto ha sido el trato con comunidades de sectores más acomodados de la capital (costanera norte por Ej.) Y eso que estamos hablando de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas. La desigualdad y discriminación ambiental a flor de piel. El único consuelo es que nunca es tarde para empezar a hacer las cosas correctamente.