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Conflictos ambientales en Colombia
Associated Press 07/07/07
Minera de EEUU acusada de pagar asesinatos de dirigentes sindicales
LA LOMA, Colombia (AP) - El autobús acababa de salir de la mina de carbón de Drummond Co. Inc. con unos 50 trabajadores cuando hombres con fusiles lo detuvieron y sacaron a la fuerza a dos dirigentes sindicales. Ahí mismo a uno le dispararon cuatro tiros en la cabeza y al otro se lo llevaron para torturarlo y asesinarlo.
En un juicio civil que comienza el lunes ante un jurado federal estadounidense en Birmingham, Alabama, abogados del sindicato han presentado declaraciones juradas de dos personas que sostienen que Drummond ordenó esos asesinatos, una acusación que la empresa rechaza.
La compañía bananera Chiquita reconoció haber pagado a las milicias derechistas llamadas paramilitares para proteger sus instalaciones en Colombia. Activistas de derechos humanos aseguran que esas prácticas eran habituales entre las multinacionales en Colombia y que Drummond fue aún más lejos al usar a los milicianos para mantener bajos sus costos laborales por medio de la violencia.
El caso de Drummond, dicen ellos, es su mejor oportunidad para que esas denuncias sean escuchadas en un tribunal.
El sindicato ha presentado declaraciones juramentadas en el tribunal en Alabama de dos personas que dicen que estuvieron presentes cuando el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, le entregó una gran suma de dinero a representantes del jefe paramilitar local. Ellos aseguran que el dinero era para los asesinatos del 10 de mayo del 2001 de dos líderes sindicales de Sintramienergetica, Valmore Locarno y su subalterno Víctor Orcasita.
Dirigentes sindicales, antiguos soldados del Ejército y ex combatientes paramilitares también aseguran que Drummond, una empresa familiar que en la década de los 90 trasladó sus operaciones al norte de Colombia, pagó y suministro víveres a los paramilitares como política de la empresa.
Drummond insiste en que ninguna de las acusaciones es cierta.
"Drummond no pagó a ningún paramilitar o cualquier grupo ilegal o clandestino", dijo Drummond en una respuesta escrita a preguntas de la AP. Altos ejecutivos de la empresa declinaron hacer declaraciones.
Rafael García, ex director de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia, dijo en una declaración juramentada que vio a Jiménez entregar una maleta de dinero a comandantes paramilitares para "asesinar específicamente a los líderes sindicales", nombrando a Locarno y Orcasita. García está en prisión por borrar los registros del DAS de varios narcotraficantes.
El ex combatiente paramilitar Alberto Visbal dijo en una declaración jurada que vio a Jiménez pagarle a su jefe, conocido por el alias de "Julián", 200.000 dólares. Visbal, que huyó de Colombia, dijo que entendió por parte de otro combatiente que estaba presente que ese dinero era para las matanzas. Después fue enviado a confirmar la muerte de Locarno.
En una presentación de documentos en un tribunal de Atlanta el jueves, que buscó obtener más tiempo para obtener más testimonios, los demandantes del sindicato también aseguraron que el antiguo tesorero del sindicato Jimmy Rubio vio a un funcionario de la Drummond_ no especificaron quién_ pagar a un líder paramilitar por los asesinatos. Rubio se ha escondido desde que su suegro fue asesinado poco antes de que diera su testimonio para el caso.
Testimonios juramentados de Rubio, Visbal y Garcia han sido admitidos en el tribunal de Birmingham.
Drummond negó esas versiones. "Tenemos pruebas de que algunos de los testigos están recibiendo pagos y/o han recibido ofertas de asistencia por el Sindicato de Acereros Unidos (de Estados Unidos).
El sindicato aseguró que la única asistencia que han ofrecido a los testigos es para dejar el país después de que fueron amenazados de muerte.
La demanda, interpuesta bajo un estatuto que permite a los extranjeros demandar a corporaciones estadounidenses por su conducta en el extranjero, busca cientos de millones de dólares como compensación, asegurando que Locarno, Orcasita y Gustavo Soler_ quien fue asesinado cuando reemplazó a Locarno_ "fueron víctimas directas del plan de Drummond para destruir violentamente el sindicato".
"Creo que pensaron que podían salirse con la suya, literalmente asesinar impunemente", dijo Daniel Kovalik, del Sindicato de Acereros Unidos.
La relación de Drummond con Sintramienergetica, que representa una tercera parte de 6.200 trabajadores locales, ha sido tensa por mucho tiempo. El sindicato acusa a la empresa de condiciones laborales inseguras que contribuyeron a la muerte accidental de 13 trabajadores desde 1995 y de forzar a trabajadores lesionados a trabajar y de despedir indiscriminadamente a los trabajadores.
Drummond dijo que tiene "una buena relación con los trabajadores".
Los paramilitares, apoyados por grandes hacendados, surgieron en la década de los 80 para contrarrestar los secuestros y la extorsión de guerrillas de izquierda, pero se convirtieron en un grupo terrorista en sí mismo, asesinando más de 10.000 personas, robando tierras de los campesinos y tomando el control de buena parte del narcotráfico en Colombia.
Desde que muchos paramilitares se desmovilizaron en un acuerdo de paz con el gobierno, muchos antiguos combatientes han comenzado a describir los lazos de los escuadrones con empresarios y políticos, haciendo revelaciones que han estremecido a la nación.
El Departamento de Justicia estadounidense multó a Chiquita Brands International Inc. en 25 millones de dólares este año por entregarles 1,7 millones de dólares a las milicias en 1997-2004. Chiquita dijo que los pagos mensuales de su filial Banadex fueron para proteger a sus empleados.
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, ha abierto investigaciones criminales por los casos de Drummond y Chiquita. El mes pasado las familias de 144 personas asesinadas en la región donde Chiquita tenía sus cultivos demandaron a la compañía ante un tribunal federal de Estados Unidos en Washington.
El congresista Bill Delahunt, demócrata de Massachussetts, dijo que una audiencia que convocó en el Congreso era apenas la primera de muchas. "No queremos que las compañías estadounidenses alimenten los inaceptables niveles de violencia que existen en Colombia actualmente", dijo.
Mientras el juicio en Birmingham se enfoca en el asesinato de los líderes sindicales, los testigos acusarán a la Drummond de emplear paramilitares para proteger su operación, que exportó más de 25 millones de toneladas de carbón de Colombia a Estados Unidos y Europa.
Tres personas que no están afiliadas al sindicato dijeron a la AP que Drummond pagó a paramilitares para vigilar su mina de 10.000 hectáreas en La Loma y los trenes que transportan el carbón contra sabotajes de la guerrilla; que suministró a mercenarios camiones y motocicletas, y que de manera rutinaria los alimentó y les dejó abastecerse de gasolina en las gasolineras de la mina.
Dos de ellos han ofrecido su testimonio a las autoridades de Colombia y Estados Unidos: Edwin Guzmán, un antiguo sargento que luego se unió a los paramilitares, e Isnardo Ropero, quien trabajó como un guardaespaldas personal para el jefe de relaciones comunitarios de la Drummond. Ambos han abandonado Colombia.
El tercero es un antiguo mando medio paramilitar que trabajó en la región a principios del 2006 y que habló bajo condición de anonimato ya que sigue en Colombia y teme por su vida. Dijo que los paramilitares vigilaron los trenes de Drummond en la línea ferroviaria de 200 kilómetros de La Loma hasta la costa. Cada tantos kilómetros (millas), un equipo motorizado seguía el tren en un camino de tierra paralelo y luego era reemplazado por otro equipo.
En un testimonio juramentado, Javier Ochoa, un ex paramilitar que se encuentra en la cárcel por asesinato, nombró a las personas que dijo recolectaban los "impuestos" a Drummond, incluyendo entre 500 y 800 pesos (entre 20 y 32 centavos de dólar), por cada tonelada de carbón producida. Su declaración jurada fue suministrada a la AP por Llanos Oil Exploration Ltd., que ha demandado a Drummond en Orlando separadamente por supuestamente robarle sus derechos petrolíferos.
Rubio, el antiguo tesorero del sindicato, dijo en un testimonio juramento que vio a Alfredo Araujo, el director de relaciones comunitarios, entregarle dos cheques a un conocido líder paramilitar en el territorio de la mina. Araujo negó la acusación.
"Eso es falso y pronto quedará demostrado en corte", dijo en una entrevista telefónica.
Reuters 06/07/07
Drummond enfrenta cargos violación de derechos en mina Colombia
Por Hugh Bronstein
BOGOTA (Reuters) - La empresa carbonera Drummond irá a juicio el lunes en Estados Unidos para enfrentar cargos de pagar a grupos de paramilitares de ultraderecha para asesinar a trabajadores en su mina en Colombia.
En un caso civil que abogados consideran que sentará un precedente para las firmas de Estados Unidos acusadas de abusos a los derechos humanos en el exterior, la empresa rechazará haber estado envuelta en la muerte, en el 2001, de tres obreros sindicalizados, cerca a su mina en el noreste del país.
La demanda acusa al más alto ejecutivo de Drummond en Colombia de entregar dinero a sicarios paramilitares a cambio de asesinar a los hombres, quienes exigían salarios más altos y mayor seguridad en sus sitios de trabajo.
"Si ganamos, será la primera vez que una compañía de Estados Unidos es encontrada culpable por un jurado de cometer abusos a los derechos humanos en el exterior," dijo Dan Kovalik, un abogado del Sindicato de Trabajadores del Acero, con sede en Pittsburgh, que se constituyó en parte civil para ayudar a las familias de los trabajadores muertos.
"Esperamos que esto envíe una señal a las compañías en el sentido de que se necesita respetar los derechos de sus trabajadores, donde quiera que operen," agregó Kovalik.
El pleito busca el pago de una cantidad no especificada por los daños. La selección del jurado empieza el lunes en la corte de Distrito en Birmingham, en el sureño estado de Alabama.
Al comenzar este año, la productora de frutas Chiquita Brands International Inc. se declaró culpable de pagar 1,7 millones de dólares por protección a los paramilitares de Colombia entre el 1997 y el 2004.
Dichos pagos son frecuentes en este país andino, azotado por un conflicto armado interno de más de cuatro décadas, que deja miles de muertos cada año.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
El mes pasado, el Congreso de Colombia aprobó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero los legisladores demócratas, que tienen mayoría en el legislativo estadounidense, dijeron que no iban a aprobar el acuerdo, debido a las preocupaciones por la violación a los derechos laborales de los trabajadores de Colombia.
El caso de Drummond se centra en los trabajadores Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler, quienes fueron sacados de los buses en los que se transportaban y asesinados por hombres enmascarados cerca a la mina de Drummond en el municipio de La Loma.
Más de 4.000 trabajadores sindicalizados en Colombia han sido asesinados desde 1986, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, concentrando la mayoría de muertes de sindicalistas para ese periodo en el mundo.
"El caso de Drummond hace notoria la precaria situación de los trabajadores sindicalizados colombianos y otros defensores de los derechos humanos," dijo Andrew Hudson, especialista en Colombia de la organización Human Rights First.
Los paramilitares nacieron en la década de 1980 para ayudar a los terratenientes y ganaderos del país a protegerse de los ataques extorsivos de las guerrillas izquierdistas.
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