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Conflictos ambientales en Costa Rica
Fuente: Asociación Comunidades Ecologistas
Usuarias del Golfo de Nicoya
CEUS del Golfo,
20 de octubre de 2004
MINERA CANADIENSE ENFRENTA SERIOS PROBLEMAS EN COSTA RICA
La empresa minera canadiense Glencairn Gold Corporation enfrenta serios problemas en Costa Rica al haber adquirido derechos mineros fraudulentos del Proyecto Minero Bellavista, otorgados durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez, el corrupto ex-presidente hoy día detenido e incomunicado en su país.
MIRAMAR, COSTA RICA. 20 octubre 2004. Frente a los numerosos casos de corrupción detectados recientemente en Costa Rica, en los que están involucrados dos expresidentes, exdiputados y numerosos funcionarios públicos del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), la Asociación Comunidades Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya, CEUS del Golfo, no descarta que también las empresas mineras canadienses, con inversiones cercanas a los 62 millones de dólares, hayan pagado sobornos para obtener los derechos mineros.
Los actos de corrupción más sonados hasta ahora, involucran a representantes de los dos partidos mayoritarios en relación con el préstamo de Finlandia para la modernización de la Caja Costarricense del Seguro Social, el préstamo español para la construcción de hospitales, la empresa francesa ALCATEL que recibió contrato por 400.000 líneas GSM, la empresa española INABENSA encargada del entubado del cableado eléctrico de 350 manzanas en San José, el grupo español Unión FENOSA responsable de la construcción del proyecto hidroeléctrico La Joya y donaciones del gobierno de Taiwán hechas al ex secretario de la OEA.
Ante todos esos hechos, y debido a los sobornos descubiertos en el otorgamiento de permisos y concesiones, las comunidades y organizaciones ecologistas solicitaron de inmediato la investigación de los permisos otorgados a las empresas mineras canadienses Glencairn Gold Corporation y Vannessa Ventures en Costa Rica.
El Proyecto Minero Bellavista en Miramar de Montes de Oro, pese a las recomendaciones técnicas y científicas de expertos sobre la inviabilidad ambiental, recibió los permisos ambientales en enero 2001, autorizándose así la operación de una mina a cielo abierto en la Cuenca Superior del Río Ciruelas, sitio de gran importancia hídrica para el suministro de agua para consumo humano, actividades agrícolas, abrevadero de ganado y pesca en el Golfo de Nicoya.
Glencairn operaría esa mina en Bellavista sin contar con el estudio de impacto ambiental, pues el gobierno de Rodríguez la aprobó a través de un Plan de Gestión Ambiental controversialmente homologado a Estudio de Impacto Ambiental. Ese plan incluye la desconexión de las nacientes de agua Montezuma I y II, conectadas al acueducto local desde mediados del siglo pasado, violentando con ello lo establecido en la legislación ambiental costarricense y poniendo en riesgo el suministro de agua para miles de residentes locales. Asímismo, en julio del 2000, durante la administración Rodríguez, funcionarios públicos de la Dirección de Geología y Minas, en una interpretación antojadiza, dieron por autorizado el cambio de técnica de extracción de túneles a cielo abierto, sin cumplir con los trámites señalados por esa Dirección.
Funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), de la Dirección de Geología y Minas y el mismo Ministro del Ambiente y Energía, habrían influido en la decisión de cuatro de los cinco regidores y el alcalde municipal de Montes de Oro para iniciar negociaciones con el proyecto minero autorizado por Miguel Ángel Rodríguez. Debemos recordar que a finales de mayo de este año, el director general de la SETENA, ente técnico asesor del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), fue capturado cuando realizaba una extorsión por la suma de diez mil dólares y nueve botellas de wisky para facilitar la viabilidad ambiental de un gran proyecto urbanístico, en la que podría estar involucrado otro funcionario de esa institución.
En setiembre del 2002, el actual ministro, Carlos Manuel Rodríguez, quien es sobrino del expresidente corrupto, dándole continuidad a la política ambiental depredadora de su tío, poniendo en ridículo y dejando en entredicho la moratoria indefinida para los proyectos mineros de oro a cielo abierto decretada por el Presidente Pacheco al inicio de su administración, envió una carta que sirvió de estímulo para que Glencairn comprara los controversiales derechos ambientales de la mina Bellavista otorgados en enero 2001.
Pese a que la construcción de mina Bellavista inició en diciembre 2002 sin contar con los permisos del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), de la Municipalidad de Montes de Oro y careciendo de la autorización para corta de árboles, el Ministro Carlos Manuel Rodríguez nunca realizó gestiones para detener la operación ilegal de esa mina. Situación similar, ocurrió cuando el mismo funcionario se desempeñaba como viceministro del MINAE durante los dos primeros años de la administración Rodríguez, época en la que permitió la extracción ilegal de oro por parte de la empresa canadiense Lyon Lake Mines en la mina Beta Vargas situada en La Pita de Chomes, Puntarenas.
Ante todos esos hechos, y debido a los sobornos descubiertos en el otorgamiento de concesiones eléctricas y de telecomunicaciones, CEUS del Golfo de Nicoya aportará pruebas al Ministerio Público donde se pone de manifiesto relaciones entre políticos costarricenses y diplomáticos canadienses que podrían haber mediado para la aprobación de los permisos de mina Bellavista.
El pasado 6 de octubre, el Tribunal Ambiental Administrativo, ente adscrito al MINAE, luego de 240 días de presentada la primera denuncia por los vecinos de Miramar, y posteriormente de haberse realizado dos inspecciones de campo en las que la empresa minera impidió el ingreso de los denunciantes, hizo pública una medida cautelar dictada contra el Proyecto Minero Bellavista prohibiendo toda actividad minera en radio de 200 metros para proteger las fuentes de agua, tal y como lo establece la Ley de Aguas, ignorada hasta ese momento.
La decisión del Tribunal fue respaldada recientemente el 18 de octubre por el Concejo Municipal de Montes de Oro, quien rechazó la solicitud hecha por la empresa minera para que los representantes municipales desconectaran y renunciaran formalmente a las fuentes y concesiones de aguas de las nacientes Montezuma I y Montezuma II. De mantenerse esa decisión, Glencairn no podrá continuar construyendo la mina que ya excedió el plazo de 13 meses contemplado en el Plan aprobado.
El revés municipal se da pese al respaldo anteriormente dado por la Municipalidad al Proyecto Minero Bellavista por contar con permisos ambientales otorgados por el expresidente Rodríguez y luego de los beneficios públicos recibidos por la corporación municipal.
Con el cambio de actitud, las autoridades costarricenses reconocen tácitamente que los derechos mineros adquiridos por la minera Glencairn podrían haberse conseguido pagando sobornos a funcionarios públicos de la cuestionada administración Rodríguez.
Para más informaciones:
Sonia Torres
Secretaria Ceus del Golfo
Telfax (506) 639-9441
soniatorres@racsa.co.cr
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