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Conflicto del proyecto minero Crucitas
Fuente:
La Prensa Libre, San José,
10 de noviembre de 2010
País no permitirá más minería a cielo abierto
Por Aarón Sequeira
A partir de la entrada en vigor del proyecto de ley para prohibir la minería metálica a cielo abierto en nuestro país, todas las solicitudes que de esta actividad tenga la administración deberán ser desechadas.
Ello gracias a la aprobación ayer en su segundo debate de la iniciativa, conjuntamente impulsada por los partidos Frente Amplio y Acción Ciudadana, que además recibió la venia de los demás partidos representados en el Congreso de la República.
Para diputados como Claudio Monge, del PAC, la iniciativa viene a ser una importante señal de protección ambiental en el país, máxime cuando en tribunales del contencioso administrativo se discute la concesión minera a la empresa Infinito Gold que explotaría un territorio casi en zona fronteriza con Nicaragua.
Tal como explicó el diputado Luis Fernando Mendoza, de Liberación Nacional, se incluyó dentro de la iniciativa una protección para la actividad que realizan los mineros en zonas como Abangares, denominados coligalleros, sobre todo por considerar que la extracción minera que hacen es a muy baja escala y no representa daños ambientales.
La iniciativa además establece la prohibición para el uso de cianuro y otros elementos químicos de grave perjuicio para el ambiente, y puntualmente la actividad minera de extracción metálica a cielo abierto, que requiere grandes cantidades de este elemento y cuyo desecho es el que tendría los efectos en el ambiente.
“Creemos que este es un paso muy importante para acercarnos a dos metas fundamentales: reconciliación con la Madre Tierra y distribución equitativa de la riqueza con justicia social para las comunidades locales”, dijo José María Villalta.
Congreso Costa Rica aprueba prohibición minería a cielo abierto
9 de noviembre de 2010, 11:08 PM
SAN JOSE (Reuters) - El Congreso de Costa Rica aprobó el martes una ley que prohíbe los proyectos de minería a cielo abierto, citando preocupaciones sobre el medio ambiente, aunque sin bloquear a la mayor productora de oro que opera en el país.
Los legisladores del país centroamericano, que se enorgullece de proteger sus bosques para atraer a los turistas, dijeron que la minería a cielo abierto para extraer metales puede causar deforestación y destrucción de la vida salvaje.
Menos del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica es generado por la extracción de metales.
La presidenta Laura Chinchilla, que decretó una moratoria en minería apenas asumió en mayo, probablemente promulgará la ley, dijo José Castro, director de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente.
"Costa Rica es un país que ha dirigido su potencial hacia la conservación del medio ambiente", dijo Castro a Reuters. "Es por eso que las autoridades han considerado que es un contrasentido ser un país que promueve el medio ambiente y que se siga produciendo la actividad minera", agregó.
La ley no afectará las actividades de Crucitas, el principal proyecto minero del país, que lleva adelante la compañía canadiense Infinito Gold Ltd y que tiene un permiso para operar a pesar de un fallo en su contra que mantiene en suspenso sus operaciones.
Crucitas tiene un estimado de reservas de oro de 1.2 millones de onzas y fue declarado proyecto de interés nacional por el presidente Oscar Arias, antecesor de Chinchilla. La compañía dice que su actividad no provoca ningún daño ambiental.
La ley aprobada el martes no es retroactiva y puede ser aplicada solamente a proyectos futuros, dijo Claudio Monge, cuyo Partido Acción Ciudadana hizo la propuesta hace cinco años.
(Reporte de Alex Leff; editado por Hernán García)
AMÉRICA LATINA
COSTA-RICA-MINERIA: PRIMER FRENO EN LA REGION A LA ACTIVIDAD
SAN JOSE, 9 (ANSA) - Costa Rica se convirtió hoy en el primer país de América Latina en poner un freno a la extracción de minerales a cielo abierto cuando la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad en segundo debate una reforma a la Ley de Minería.
La modificación declara al país libre de minería y metales pesados a cielo abierto.
La iniciativa fue presentada en 2005 por el entonces diputado Gerardo Vargas Leiva del Partido Acción Ciudadana.
Para que entre en vigencia falta aún la firma de la presidenta Laura Chinchilla y su publicación en el diario oficial La Gaceta.
El diputado Claudio Monge, de Acción Ciudadana, el partido más fuerte de la oposición, dijo a ANSA que se trata de un gran logro, que será ejemplo mundial.
Según el legislador, un 90 por ciento de los costarricenses está contra este tipo de minería y con la reforma se satisface esa demanda de la población.
"Se votó rápidamente porque logramos negociar con el Poder Ejecutivo y ahora vamos a darle nuestro apoyo en el conflicto fronterizo con Nicaragua", dijo el legislador.
El acuerdo modifica el párrafo segundo y agrega ocho párrafos al Código Minero con el fin de prohibir la explotación minera en los refugios Estatales de Vida Silvestre. Crea, además, la excepción a la prohibición de exploración y explotación minera en pequeña escala para los trabajadores organizados en cooperativas de las localidades de Abangares, Golfito y Osa, en donde la subsistencia de las familias depende exclusivamente de la extracción de oro.
La modificación del artículo 103 considera la técnica de lixiviación con cianuro y mercurio y el uso inadecuado de sustancias peligrosas, según calificación de la Organización Mundial de la Salud, como factores que deterioran el ambiente.
Una vez que sea firmado por Chinchilla y publicado se dará un plazo de diez años a las cooperativas para eliminar el uso del cianuro y mercurio y pasar a prácticas amigables con el ambiente.
También se da un plazo de tres años al Estado para que promueva alternativas sustentables que ayuden a aprovechar mejor el metal extraído y se abra la posibilidad de acceder a créditos de manera prioritaria.
Uno de los puntos más importantes reconoce la preservación de los derechos de concesión adquiridos de buena fe y que sean archivados los que se encuentran en trámite posterior a la aprobación de la ley.
También se advierte la imposibilidad de extender los permisos de explotación y extracción, posterior a su vencimiento. La reforma deja claro que el llamado caso de Las Crucitas, que realiza una empresa canadiense en el norte del país, tiene un plazo fijo que una vez terminado obliga al cierre de sus operaciones.
La actividad en Las Crucitas mantiene una gran polémica nacional. Un amplio sector de la población exige que el contrato se rompa y se dé marcha atrás en un decreto que lo declara de conveniencia nacional, firmado por el ex presidente Oscar Arias en los últimos días de su gestión.
Otro aspecto que se establece es que el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAE) deberá realizar un estudio de las solicitudes pendientes, así como de los permisos y concesiones otorgadas en las áreas de reserva y archivar las que sean ilegales. JFC
10/11/2010
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