Comunicaciones OLCA, 23 de enero de 2009

COMUNICADO DE PRENSA
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DE LA ALIANZA POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA

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A propósito de la preocupación manifestada por la Alianza ante los reales alcances del Plan Nacional sobre Cambio Climático presentado por el Gobierno en diciembre pasado

Este jueves 22 de enero la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, recibió a representantes de la Alianza por la Justicia Climática para dialogar y recibir algunas propuestas para hacer más explícita la participación ciudadana en la ejecución del Plan Nacional sobre Cambio Climático.

En más de dos horas de reunión, representantes de organizaciones sociales manifestaron su preocupación debido a que el gobierno sigue siendo débil y poco claro en el cumplimiento de sus compromisos relacionados con el cambio climático, sin facilitar una real participación de la sociedad civil en los procesos de elaboración de propuestas nacionales e internacionales.

Al respecto, Eduardo Giesen, vicepresidente de Codeff, resaltó que en el ámbito de la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, Chile es el país latinoamericano con la tasa más alta de aumento de estas emisiones y que es el segundo a nivel mundial.

Ante esta realidad Giesen indicó que “el Plan no define la manera de revertir esta inaceptable situación y no establece objetivos ni medidas concretas para la reducción de emisiones en los sectores con mayor responsabilidad, en particular el sector energía, donde se proyecta continuar instalando centrales a carbón”.

A su vez, Roxana Bórquez, investigadora del Instituto de Ecología Política, se refirió a la adaptación al cambio climático. Señalando que Chile es un país altamente vulnerable debido a que tiene zonas costeras bajas y extensas; zonas áridas y semiáridas; áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la desertificación; áreas urbanas altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles y fragmentados.

En este escenario dijo que los impactos progresivos sobre la disponibilidad de agua dulce para consumo humano, agricultura y otros usos es un elemento que reviste la mayor gravedad y, su enfrentamiento está muy vinculado a la protección de los glaciares y coberturas nivales andinas. “Es insuficiente la iniciativa de potenciar el estudio de la situación de los glaciares -que ya se sabe crítica- y se requiere reponer y fortalecer desde la perspectiva climática la ley de protección de los glaciares, retirada del Congreso a causa del lobby realizado por las grandes compañías mineras”, dijo la experta.

Asimismo los dirigentes señalaron que el Gobierno debe considerar seriamente la iniciativa de desmantelar el actual régimen de propiedad del agua, y reponerlo como un bien público, disponible para todos los chilenos, de manera que se posibilite una verdadera política de gestión de cuencas hídricas, con objetivos de sustentabilidad social y ambiental.

Por su parte Ana Tellez, directora de la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas (Anamuri), a propósito de la gravedad de la situación del agua, se refirió a los muchos afectados que ya en este momento existen en nuestro país por la escasez de este recurso.

“Desde AnamuriI hemos constatado que los principales problemas que afectan a las mujeres del campo son el poco acceso al agua, la falta de territorios para la producción orgánica y la migración del campo a la ciudad producto de los cambios climáticos y de los modos de producción actual que contaminan el medio ambiente. En nuestro quehacer diario hemos visto cómo las mujeres campesinas se ven afectadas por los cambios en el clima. En el norte el agua esta siendo muy escasa y en el sur también, y esto debido en gran parte al mal uso que las misma empresas generan, ya que mientras en el norte las mineras consumen el agua de los pequeños agricultores, en el sur las plantas de celulosa contaminan nuestros lagos y ríos”.

Desde otra perspectiva, Jorge Cisternas, director de la Fundación Defendamos la Ciudad, manifestó enfáticamente que el Plan no asume una estrategia para corregir el actual modelo insustentable de desarrollo urbano chileno, expansionista y orientado al automóvil particular, que hace aumentar al mismo tiempo la responsabilidad y la vulnerabilidad de las ciudades frente al cambio climático.

“Nos preocupa muchísimo -expresó-que las tendencias indican que la ciudad de Santiago seguirá creciendo y no se ven proyectos en base a energías renovables. Sin embargo, a pesar de todas las críticas que podemos hacerle al plan, existen mejoras que implican vincular más las temáticas de emisión de gases invernaderos con los problemas reales de la gente”.

Por su parte, Luis Rendón, director de Acción Ecológica, se refirió a las incoherencias en que cae el gobierno ante sus enunciados y prioridades al incentivar por un lado el uso del automóvil y promover actividades nocivas como el rally París-Dakar.
Agregó que el documento no contempla, además, instancias ni mecanismos para la verdadera participación ciudadana. “Por ello, exigimos un proceso amplio de consulta sobre el Plan propuesto en todo Chile, en particular en las zonas más afectadas y en las principales ciudades, para definir de manera participativa los alcances y medidas para su implementación”, señaló. A su vez, solicitó la inclusión de representantes ciudadanos en las instancias superiores de decisión y consulta sobre las estrategias y políticas chilenas para enfrentar el cambio climático.
Ante lo expuesto, la ministra valoró el rol de representación civil que ha alcanzado la Alianza y que espera que este rol se fortalezca en el futuro y se transforme en una contraparte válida ante el gobierno.

Reconoció que como autoridad ambiental, ha tenido que enfrentar algunas dificultades para impulsar iniciativas debido al carácter de algunas políticas sectoriales, y que para hacer efectivas las políticas sobre cambio climático es necesario avanzar en reformas estructurales, y que es en este sentido, trascendental el apoyo las organizaciones de la sociedad civil representadas en la Alianza.

Finalmente, la Alianza por Justicia Climática valoró la disposición de la Ministra, siendo una buena señal para abrir una real participación ciudadana a través de la entrega de propuestas concretas, que serán entregadas próximamente.

La “Alianza por la Justicia Climática”, es un ente conformado por diversas organizaciones ciudadanas, cuyo principal objetivo será observar las acciones del Estado y el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de cambio climático, así como sensibilizar y movilizar a la ciudadanía chilena en este enorme desafío global.

Sus integrantes son
Acción Ecológica, ANAMURI, Chile Sustentable, CODEFF - Amigos de la Tierra Chile,Defensores del Bosque Chileno, Acción por la Tierra - EarthAction Santiago, EcoUchile (estudiantes U. de Chile), Fiscalía del Medio Ambiente- FIMA, Instituto de Ecología Política IEP, Observatorio Ciudadano, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, Red de Jóvenes Investigadores ante el Cambio Climático, Recicla UC (estudiantes UC), Fundación Defendamos la Ciudad y la Red Ciudadana de Defensa de la Precordillera de Santiago.

Para contacto:
Eduardo Giesen: eduardo.giesen@gmail.com - Tel: 9-1630995
Luis Mariano Rendón: luismarianorendon@gmail.com - Tel: 9-5039360
Comunicaciones Codeff comunica@codeff.cl

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