RECHAZAN "TOQUE DE QUEDA" A SISTEMA AMBIENTAL IMPUESTO POR MINISTRA BENITEZ
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ONGs y diputados rechazaron el bloqueo a la entrada en funcionamiento de la nueva Institucionalidad Ambiental. Y a pesar de calificar de débiles estas nuevas normas las organizaciones rechazaron que la Ministra de Medio Ambiente, María Benítez, haya congelado la promulgación de estas Leyes ya que con esto “debilita el control ambiental sobre el desarrollo de proyectos de inversión” e impone “nuevos instrumentos de mercado para la gestión del Medio Ambiente”.
Santiago de Chile, 07 marzo de 2010. (Ecoceanos News)— El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca) y el Centro Ecoceanos denunciaron esta semana el discrecional comportamiento pro-empresarial implementado por la ministra de medio ambiente María Benítez, así como sus “no creíbles explicaciones para justificar el envío al limbo por seis meses de la aún no nacida institucionalidad ambiental2. En el mismo orden el diputado Guillermo Tellier declaró esperaba que la ministra “dé una explicación muy clara y convincente”, cuando hoy miércoles visite la Cámara “porque actualmente es muy precario el control medioambiental que existe y retrasar esta institucionalidad”.
Las organizaciones señalaron que estas amenazantes señales evidencian la existencia de una agenda oculta de la ministra Benítez, en el contexto de las medidas tomadas los últimos días por la administración Piñera. Esta agenda apuntaría a crear una situación temporal de “far west ambiental”, sin institucionalidad ni itinerario, carente de reglas y que funcionaría en base a hechos consumados, utilizando como excusa la situación de emergencia derivada del terremoto del 27 de febrero.
Esta situación de excepcionalidad sería altamente funcional a los intereses de los grandes compañías e inversionistas en infraestructura y recursos naturales, y de paso permitiría al gobierno ganar tiempo para reacomodar algunas de las reformas acordadas cupularmente el año pasado entre el gobierno de Bachelet, la derecha política y el gran empresariado.
El hecho que María Benítez haya congelado la promulgación de la nueva institucionalidad ambiental sería funcional a un “proceso de debilitamiento del control ambiental sobre el desarrollo de proyectos de inversión” y a la imposición de “nuevos instrumentos de mercado para la gestión del Medio Ambiente”, aseguraron las organizaciones.
QUIEN SE EXCUSA SE ACUSA
La ministra María Benítez a dado diversas explicaciones sobre su accionar dilatorio. Inicialmente se escudó en la situación de excepcionalidad derivada del terremoto, lo que imposibilitaba implementar la nueva institucionalidad en sólo 30 días, descartando con ello cualquier intención política.
Luego su argumentación giró hacia la necesidad de tomar tiempo para adecuar el encasillamiento de la nueva planta de funcionarios de la actual Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) y su traspaso al Servicio de Evaluación Ambiental y al Ministerio propiamente tal.
Sin embargo las organizaciones ciudadanas señalaron que dichos decretos ya habían sido ingresados en febrero a Contraloría, solicitándose las correcciones formales en las plantas institucionales, las cuales fueron incorporadas y por tanto los decretos están listos para la toma de razón.
BLOQUEO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Un elemento que evidencia la clara intencionalidad política del accionar de María Benítez a menos de un mes de asumir su cargo, es la dictación del instructivo Nº 100745, que modificó uno anterior de la ex ministra Uriarte, que daba vigencia a la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (Artículo 30 bis), al procedimiento de clasificación de especies y al procedimiento de información pública sobre la materia (Artículo 37). Todo esto no depende de la reforma institucional, sino de la publicación de la ley del 26 de enero del 2010.
Otro aspecto que confirma la implementación de esta agenda oculta es que el gobierno quitó la urgencia de tramitación a la ley que crea los tribunales ambientales, pasando por encima del Protocolo de Acuerdo de octubre del 2009 entre la derecha política encabezada por Pablo Longueira, el Consejo Minero y el gobierno de Bachelet, a través de la ministra Uriarte y la senadora Soledad Alvear.
Con ello el gobierno de Piñera logra retrasar al 7 de mayo la urgencia del proyecto, dilatando la puesta en funcionamiento de la superintendencia de medio ambiente, la que está “amarrada” por exigencia empresarial a la promulgación de los tribunales ambientales.*****FIN*****