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Conflictos ambientales en Guatemala
Minera Marlin: amenaza para el agua y la agricultura en Guatemala
Fuente:
Cerigua
26 de marzo de 2011
Relator de la ONU llama a suspender operaciones de Mina Marlin en Guatemala
El Relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, reiteró en su informe presentado al Consejo Asesor de la ONU, que el Estado guatemalteco y la empresa Goldcorp deben dar cumplimiento a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de suspender las operaciones de la mina Marlin, en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.
El pasado 4 de marzo, Anaya dio a conocer a representantes de los pueblos indígenas y del Estado, por medio de una videoconferencia, el contenido del informe sobre proyectos de minería que afectan a los pueblos indígenas en Guatemala, con base en la visita que realizó al país en junio de 2010.
El Relator señaló que en su informe recomienda al Estado y a la empresa Goldcorp acatar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, incluyendo la suspensión de las operaciones de la mina conforme a lo dispuesto por la Comisión y a lo que podrá resolver en el futuro.
Además, en seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH, el gobierno debería impulsar un nuevo estudio de los impactos ambientales de la mina, como el realizado por entidades independientes y técnicamente capaces y con la participación de los pueblos indígenas, dijo el experto.
Debido al estado avanzado en que se encuentran las operaciones de la empresa, Anaya considera que de continuar en un futuro sus operaciones, deben basarse en un acuerdo consensuado con las comunidades afectadas, producto del proceso de consulta que aborde diversos temas, como la mitigación del impacto y las reparaciones por daños y perjuicios derivados de la actividad minera.
Es evidente que el proyecto Marlin no fue objeto de consulta a las comunidades indígenas directamente afectadas; más bien, ha existido en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán una significativa oposición y un ambiente de conflictividad como resultado del establecimiento de la mina en la zona, señala en el informe.
El Relator presentó su informe cuatro días después de que un grupo de 50 personas que protestaban pacíficamente en San Miguel Ixtahuacán por el cierre de la mina Marlin, basadas en la resolución de la CIDH, fueron retenidas y golpeadas por varias horas por otros pobladores, presuntamente trabajadores en la empresa.
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