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Mineras en:
Costa Rica -
El Salvador -
Guatemala -
Honduras -
Panamá
Fuente: IPS (10/08/06)
América Central:
Nueva fiebre del oro
Por Thelma Mejía
TEGUCIGALPA, ago (Tierramérica) - Zonas vírgenes,
concesiones atractivas y legislaciones
ambientales débiles impulsan a compañías mineras
transnacionales a buscar nuevas opciones de
exploración y explotación de oro en América Central.
Con el pretexto de la globalización y el
fomento a la inversión, los gobiernos
centroamericanos ofrecen a las mineras
concesiones por 15 y 30 años, y el pago de
impuestos de uno o dos por ciento sobre el total
explotado. Estas ventajas colocan al istmo como
un importante destino para iniciar una segunda "fiebre del oro".
Más de 23 regiones mineras vírgenes fueron
identificadas en América Central, según informes
de las compañías. Las trasnacionales más
interesadas en invertir son mayormente
canadienses y estadounidenses y quieren desarrollar más de 250 proyectos allí.
Pero ahora los gobiernos y las empresas
mineras enfrentan la resistencia de las
comunidades afectadas, que reclaman el derecho a la información.
A esta cruzada se sumaron líderes religiosos
católicos que lideran fuertes protestas y
movimientos en Honduras y Guatemala por los
efectos ambientales y sanitarios de la explotación minera.
En Honduras, el movimiento más fuerte se
concentra en el occidente del país. Le siguen los
pobladores del central Valle de Siria, donde
opera la minera Entremares, de capital
canadiense, fuertemente cuestionada por sus
técnicas de explotación a cielo abierto e
investigada por ocasionar --según denuncias--
enfermedades en la piel entre los habitantes de la zona.
Según la secretaría hondureña del Ambiente,
más de 60 por ciento del territorio del país es
apto para la explotación y exploración minera.
Actualmente, organizaciones sociales agrupadas en
la Alianza Cívica propugnan reformas a la ley de
minería de 1998, pero éstas están retenidas en el
Congreso legislativo por presiones de las empresas mineras.
Las protestas de oposición crecen no sólo en
el occidente y centro del país, sino también en
el sur. Según el sacerdote Germán Cálix, que
encabeza las reformas, 31 por ciento del
territorio fue concesionado a las mineras, con 84
permisos otorgados y otros 188 en lista de espera.
En Guatemala, la presencia del proyecto
minero Marlin, de la canadiense Gladis Gold
Limited, en el occidental departamento de San
Marcos, enfrentó a los pueblos mayas con las
autoridades, culminando con la muerte de una persona en 2005.
Nele Deprez, de la organización guatemalteca
Ceiba, dijo a Tierramérica que "el conflicto y la
indignación social (por el proyecto Marlin)
persisten". Pese a la oposición, el gobierno
otorgó 226 licencias de exploración y 316 de explotación minera.
En Guatemala, organizaciones como Ceiba y
Madre Selva apoyan la lucha de los pueblos
indígenas, donde tienen su principal asiento las
mineras. Los habitantes argumentan que estas
empresas llegaron sin informarles y violando
convenios humanitarios internacionales.
En una consulta popular realizada en la
última semana de julio, 29.266 pobladores
rechazaron la minería a cielo abierto en casi 100
comunidades indígenas del occidental departamento
guatemalteco de Huehuetenango.
No es casual que los problemas de Honduras y
Guatemala inquieten también a El Salvador. Aunque
allí no existe actualmente una explotación minera
como tal, "queremos impedirla porque vimos sus
efectos en otros países como Honduras, Perú y
Guatemala", dijo a Tierramérica David Pereira, de
la Asociación de Desarrollo Económico y Social.
Andrés Mckinley, de Oxfam Internacional en El
Salvador, declaró que en ese país existen 36
concesiones de exploración y una de explotación que no se activó.
Este permiso de explotación fue otorgado a la
canadiense Pacific Rim para operar en el cantón
San Francisco El Dorado, en el central
departamento salvadoreño de Cabañas, explicaron
Pereira y Mckinley en diálogo con Tierramérica.
Hace un mes, el ministro salvadoreño del
Ambiente, Hugo Barrera, opinó --a título
personal-- que la minería de metales no es
compatible con el desarrollo de su país. Pero
ahora parece haberse retractado: el 23 de julio
dio luz verde para que las mineras "fomenten" el desarrollo en El Salvador.
Los pobladores de la región de Cabañas, donde
operaría la única mina de explotación por ahora
aprobada, están preocupados pues aún tienen
frescas las secuelas de destrucción que la única
minera que funcionó hace 50 años dejó en la comunidad de El Divisadero.
En un encuentro convocado por la organización
anticorrupción Probidad, Irene Mendoza, de la
localidad de Los Llanitos, en el salvadoreño
departamento de Cabañas, expresó: "Pronto,
nosotros también nos quedaremos sin agua".
En marzo, el Tribunal Latinoamericano del
Agua emitió una sanción moral contra Nicaragua,
El Salvador y Guatemala por permitir la
exploración y explotación minera sin medir los
impactos ambientales y violentar convenios
internacionales, especialmente de los pueblos tribales.
En Nicaragua, la empresa canadiense Desminic,
que opera en la meridional región costera de
Chontales, fue denunciada por propiciar altos
niveles de contaminación en el río Mico, según el
Centro Humboldt, que demandó a esa compañía al
constatar enfermedades dermatológicas y caída del
cabello en los pobladores y malformaciones genéticas en bovinos.
En Costa Rica existe una moratoria a la
minería de cielo abierto, a la que este año se
sumó Honduras, ante las presiones sociales que en
2005 obligaron al cierre de una minera al sudoeste del país.
De acuerdo al movimiento World Rainforest,
Panamá también se volvió suelo atractivo para las
mineras canadienses, la mayoría de cuyas
concesiones fueron otorgadas en tierras indígenas.
* La autora es colaboradora de Tierramérica. Con
aporte de Jorge Grochembake (Guatemala). Este
artículo fue publicado originalmente el 5 de
agosto por la red latinoamericana de Tierramérica.
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