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Tras ignorar la protesta por casi dos meses:
Gobierno chileno presenta "recurso de protección" por presos políticos mapuche en huelga

Fuente: elmostrador.cl , 5 de mayo de 2006

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por  El Mostrador.cl

Acción es la primera medida concreta de la administración de Michelle Bachelet, criticada por su silencio frente al tema. En tanto, el diputado PPD Antonio Leal pidió cambiar la ley antiterrorista, mientras que el DC Eduardo Díaz acusó a intendente de la Araucanía de actuar con racismo.

El Gobierno de Michelle Bachelet presentó este viernes un recurso de protección en favor de tres mapuches y una simpatizante de la causa indígena que se encuentran en huelga de hambre desde hace 54 días en una cárcel de la Novena Región.

La acción judicial fue interpuesta por el director de Gendarmería en la Araucanía, Alfredo Bañados, ante la Corte de Apelaciones de Temuco, a fin de asegurar la asistencia médica de los cuatro manifestantes, condenados en el marco del juicio conocido como Poluco-Pidenco.

El recurso se transforma en la primera medida concreta que toma frente a este tema el gobierno de Bachelet, a quien se la ha cuestionado el prolongado silencio que ha mantenido respecto a las demandas indígenas.

Si se acepta la petición, que puede ser vista el sábado o el lunes, lo más probable es que los cuatro manifestantes sean trasladados a un hospital de Temuco o al de la Penitenciaría de Santiago.

Juan y Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Patricio Troncoso se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 13 de marzo, en protesta por la condena que recibieron a 10 años de cárcel y a pago de $ 423 millones, como autores de incendio terrorista en fundo de la Forestal Mininco.

Los cuatro exigen ser trasladados a un centro agrícola de Angol, donde podrán generar alimentos para su subsistencia, la revisión del juicio por el que fueron condenados y la no aplicación de la ley Antiterrorista.

Tras interponer la acción judicial, el funcionario comentó que “estamos pidiendo que se nos autorice a brindar la mayor cantidad de atenciones, con el objetivo de asegurarles la vida y mantenerlos en las mejores condiciones de salud posible”.

Bañados indicó que “ha pasado un largo tiempo” desde que se inició el movimiento, y que su institución “tenemos la obligación de velar por la salud de ellos. No podemos permitir que ellos atenten contra su vida”.

Lagos Weber: Estado de Derecho funciona

En Santiago, en tanto, el ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, informó que La Moneda está monitoreando de cerca la situación de los indígenas, aunque defendió la vigencia del Estado de Derecho en Chile.

"Acá hay una sentencia judicial que se está cumpliendo, hay un Estado de Derecho que funciona”, señaló el portavoz de La Moneda, en referencia a la sentencia que enfrentan los huelguistas.

"Lo segundo, es que estamos monitoreando de cerca la salud de las peonzas que están en huelga de hambre, y desde ese punto de vista hemos presentado un recurso de protección”, afirmó el secretario de Estado.

El portavoz presidencial afirmó que “no queremos que se produzca nada fatal, y estamos monitoreando esta situación, pero lo importante es que el Estado de Derecho está funcionando”.

En tanto, el vocero de los huelguistas, José Cariqueo, insistió en la sede gubernamental la necesidad de que sus compañeros sean liberados inmediatamente, al asegurar que el deteriorado estado de salud que enfrentan puede terminar en un desenlace fatal.

“Si les llega pasara algo, el gobierno será responsable de todos los hecho y la institución de Gendarmería, que nos ha violado nuestros derechos”, aseguró el dirigente indígena.

Hasta el momento y pese a lo prologando del movimiento, los huelguistas sólo han conseguido el compromiso de parte del ministro del Interior, Andrés Zaldívar, de que no se invocará la ley Antiterrorista en juicios contra mapuches por delitos comunes.

La aplicación de esta normativa, que tiene su origen en el régimen del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, ha sido severamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos e incluso por el relator indígena de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen.

Proponen cambios a norma

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal (PPD), anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar la mencionada normativa, a propósito de la huelga de hambre de los presos mapuches.

“Creemos que el hecho de que haya una idea de que hay una desigualdad ante la ley y que exista la sensación de desamparo y de injusticia por parte de sectores mapuches, cierra, daña el diálogo y el entendimiento de este sector”, señaló.

Leal opinó que resulta “impropio” calificar de terrorista a los movimientos mapuches e indígenas, aunque aclaró que ello no significaba avalar delitos, pero sí enmarcarlos en la penalidad que establece la legislación chilena.

El legislador indicó que en el derecho internacional, el terrorismo está asociado al atentado contra la vida y la integridad de las personas, y no contra los bienes nacionales y el patrimonio.

En esa línea, el proyecto busca eliminar el inciso segundo del artículo 1 de la normativa en la que se habla de la presunción, pues es en esa etapa en la que el juez asume que una determinada persona quiso ejecutar un hecho terrorista.

“Lo ocurre con las organizaciones mapuches de diversa índole que si se comete un delito, ese delito hay que perseguirlo pero que hay que perseguirlo con la normativa que corresponde y no aplicar cada vez la ley que tiene que ver con el terrorismo”, manifestó.

Por su parte, el abogado penalista PPD Samuel Donoso señaló que el uso del instrumento penal en una sociedad es “un tema muy delicado”, y que éste debe ser utilizado solo en aquellos casos en que es necesario para lograr un objetivo social.

El jurista agregó que utilizar “medios exagerados”, aplicando en unos casos una sanción penal mucho más grave que en otros casos similares, “puede generar graves consecuencias en la sociedad”.

Cabe recordar que en el mismo juicio por el que los cuatro mapuches que fueron condenados, otros dos indígenas, José Cariqueo y Juan Antonio Colihuinca, sólo fueron sentenciados como autores de incendio común.

Acusan a intendente de racismo

En tanto, el diputado Eduardo Díaz (pro DC) criticó el manejo que el intendente de la Novena Región, Eduardo Klein, ha tenido para enfrentar las protestas de organizaciones que respaldan a los mapuches en huelga de hambre.

A su juicio, la autoridad regional ha tenido una “conducta racista -al ni siquiera permitir que dirigentes indígenas se acercaran a la intendencia, que es de todos los chilenos, a entregar una carta- y de un manejo político represivo contra mapuches y estudiantes”.

Díaz aclaró que el tema “ha sido mal conducido desde un comienzo por quienes criminalizaron las demandas políticas indígenas y que el Intendente de la Novena Región se ha aislado en sus dependencias, cerrándoles la puerta a los mapuches”.

“Hemos visto actitudes racistas, y hemos visto, también, como la primera autoridad de la región se lava las manos y traslada el conflicto al Ministerio del Interior y a la propia Presidencia de la República, debiéndose haber resuelto a nivel regional”, apuntó Díaz.

El legislador estimó que este tema no sólo se soluciona con medidas legislativas o represivas, sino que es fundamental iniciar una revisión de lo que ha sido la política indígena de los últimos tiempos.

“El tema es de fondo, aún estamos en deuda con los pueblos ancestrales, hay problemas graves de pobreza y persiste el eterno conflicto de usurpación de tierras; debemos entregar una mirada de fondo, madura y comprometida con las comunidades que aún no encuentran respuesta a sus históricas demandas”, puntualizó.