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Organizaciones ciudadanas a la Presidenta de Chile:
Carta de apoyo a los presos políticos mapuche
12 de mayo de 2006
Señora
Michelle Bachelet
Presidenta de la República
PRESENTE
Estimada Presidenta:
Reciba los saludos cordiales de las organizaciones ciudadanas abajo firmantes, las cuales le desean los mayores éxitos en su gobierno que recién comienza. El motivo de la presente es hacer notar nuestra preocupación por la grave situación en que se encuentran los presos Mapuches que están en huelga de hambre hace más de 50 días en la cárcel de Angol, los cuales reclaman una revisión a sus juicios que fueron realizados en base a una “singular” Ley Antiterrorista que se aplica ampliamente en los territorios Mapuche y que incluye a testigos anónimos que declararon en contra de los acusados.
Nuestras organizaciones valoran en particular, su promesa de terminar con la criminalización del movimiento social Mapuche manifestada por Usted el 6 de enero de 2006 en Nueva Imperial y en general con el compromiso expresamente asumido por su Gobierno con la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas.
Sin embargo, nuestras organizaciones y sus vínculos internacionales ven cada día con mayor inquietud e interés los problemas que enfrenta el pueblo Mapuche respecto a la política represiva y a la persecución de su lucha social mediante la Ley Antiterrorista.
Estamos convencidos de la necesidad que las autoridades desistan de aplicar la legislación antiterrorista proveniente de tiempos de dictadura, a los Mapuche que realizan legítimas actividades para recuperar sus tierras ancestrales. Diversos organismos internacionales de derechos humanos ya han hecho presente que esto constituye una vulneración de los derechos humanos del pueblo Mapuche y un acto de discriminación judicial.
Demandamos del Gobierno chileno, la adopción de medidas que permitan levantar este tipo de criminalización a los Mapuche y atender las justas demandas de Patricia Troncoso Robles, de los hermanos Juan Patricio Marileo Saravia y Florencio Marileo Saravia, y de Juan Carlos Huenulao Lienmil, que se encuentran en estado crítico de salud al llevar más de 50 días de huelga de hambre en la cárcel de Angol.
El juicio que los condenó, no cumplió con las normas del debido proceso y vulneró sus derechos humanos ordenándoles, además, pagar 425 millones de pesos a la empresa Forestal Mininco, que ocupa tierras históricamente pertenecientes a sus comunidades en tiempos ancestrales y hasta 1977, cuando fueron desalojados de sus territorios por efectivos militares del Regimiento Húsares de Angol.
Los prisioneros políticos mapuche deben recuperar sus derechos a la libertad, a la soberanía alimentaría y a una vida digna en sus territorios ancestrales, para trabajar la tierra en armonía con la naturaleza y de acuerdo a sus necesidades.
Haciéndonos parte de diversas recomendaciones de organismos internacionales nuestras organizaciones ciudadanas solicitamos a su Gobierno:
- Atender con carácter de urgencia las demandas de los huelguistas de hambre de la prisión de Angol, injustamente condenados por delitos de terrorismo; en relación con la concesión de beneficios penitenciarios para ellos, buscar las vías jurídicas que sean necesarias para la revisión de sus sentencias y su puesta en libertad;
- Desistir del recurso de anulación de la sentencia del Tribunal de Angol, del 7 de abril de 2006, que absolvió a los comuneros Mapuche José Cariqueo Saravia y Juan Antonio Colihiuinca Ancaluán de delitos de terrorismo.
- Promover la reforma de la legislación antiterrorista para que cumpla con los estándares de un Estado de derecho democrático, definiendo el delito de terrorismo con carácter restrictivo.
- Establecer un efectivo diálogo para definir una política de reparación y establecimiento de garantías a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico del país.
Esperando contar con su atención a nuestra carta, nos despedimos atentamente.
Susana Conejeros Barahona, Colectivo Feminista Autónomo ( La Perla).
Lucio Cuenca , Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
María Elena Rozas, Red de acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina
Marta Orellana Rivera, Attac, Viña del Mar
Víctor de la Fuente, Le monde Diplomatique Santiago
Lita Hurtado, Kryac
Nelson Ávila, Senador de la República
Hervi Lara Bravo, Miembro de la Comisión Ética contra la Tortura
Alejandro Valenzuela, Comunidad para el Desarrollo Humano
Luis Faura, Concejal de Vallenar
Consuelo Infante, Colectivo Rexistencia
Florencia Aróstica Cordero, Anamuri
Marcel Claude, Economista
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