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Ante asesinato de jóven mapuche y criminalización del movimiento
Organizaciones de la sociedad civil apoyan al pueblo mapuche
7 de enero de 2008
Declaración pública
* Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda
indignación por el asesinato del joven mapuche de 22 años,
Matías Catrileo, mediante disparos por la espalda proferidos por
personal de Carabineros de Chile, y nos hacemos parte del dolor
de su familia y de su pueblo.
* Manifestamos también nuestra activa preocupación por el estado
de la dirigente mapuche Patricia Troncoso, que se aproxima a los
90 días de huelga de hambre, sin que hasta ahora el Estado
chileno haya dado respuesta a sus demandas y tampoco conformado
la mesa de diálogo que había comprometido para el pasado 26 de
diciembre de 2007.
* Creemos que tanto el crimen de Matías -cuyo autor material
esperamos sea sancionado ejemplarmente por la Justicia- como el
trato injusto dado a los presos mapuche, son fruto de una
política de represión sistemática del Estado chileno en contra
de las comunidades mapuche y al servicio de los intereses de
empresas forestales y latifundistas, que no se condice con las
posturas de nuestro país en los organismos y foros
internacionales.
* Consideramos también, como lo hizo ver el relator especial de
Naciones Unidas para los derechos indígenas, Rodolfo
Stavenhagen, que ello se trata de una "criminalización" de sus
legítimas demandas por tierras ancestrales.
* Compartimos la preocupación del Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, en respuesta al Quinto Informe de Chile sobre
el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (marzo
de 2007), donde señala que "algunas de las reivindicaciones de
los pueblos indígenas, principalmente del pueblo Mapuche, no han
sido atendidas; y la lentitud de la demarcación de las tierras
indígenas, lo que ha provocado tensiones sociales. El comité
lamenta la información de que las "˜tierras antiguas" continúan
en peligro, debido a la expansión forestal y megaproyectos de
infraestructura y energía" , que atenta contra los artículos 1 y
27 de dicho pacto. El Estado chileno tiene un año de plazo, es
decir hasta marzo de este año, para dar nuevo informe sobre este
punto en específico.
* Por todo lo anteriormente expuesto, demandamos al Gobierno
terminar con esta situación de injusticia institucionalizada,
asumiendo una política activa de respeto y defensa de los
derechos humanos y ancestrales del pueblo mapuche.
* Esto debe verse urgentemente expresado en (a) la modificación
inmediata de las condiciones de enjuiciamiento y encierro de los
dirigentes mapuche encarcelados, las que además se ajustan y
cumplen con lo establecido por ley para la obtención de
beneficios carcelarios; (b) el término de la ocupación policial
de las comunidades mapuche y de los interrogatorios ilegales a
niños mapuche en sus establecimientos educacionales; (c)
celeridad en la titulación de tierras indígenas a nombre de sus
propietarios ancestrales, de acuerdo al proceso establecido por
la Ley Indígena y que tiene a su cargo la Corporación de
Desarrollo Indígena (CONADI), a través del fondo de tierras; (d)
así como el impulso decidido en el parlamento, mediante la
aplicación de urgencia para su tramitación, a la ratificación
por parte del Estado chileno del Convenio 169 de la OIT y del
reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos
originarios, ambas aspiraciones de larga data de estos pueblos y
comprometidas por el Estado chileno ante la OEA, en el marco del
acuerdo de solución amistosa suscrito con las familias mapuche
pehuenches que presentaron una denuncia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por la construcción de la
central hidroeléctrica Ralco, sin que hasta ahora exista un
adecuado cumplimiento a este acuerdo que evitó una condena para
Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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