Comunicado oficial:
Cepal pide una pronta solución a huelga de hambre de presos políticos mapuche

Fuente: CEPAL, 28 de septiembre de 2010

Relacionado:

El organismo destaca la importancia de tener en cuenta el régimen jurídico internacional y señala que la igualdad debe estar en el centro de este debate.

(28 de septiembre, 2010) La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, guiada por los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el ánimo de contribuir al debate que la sociedad chilena está llevando adelante en relación a lo que se ha denominado el "conflicto mapuche" desea señalar lo siguiente:

1. En la actualidad existe un régimen jurídico internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas cuyas principales normas son la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en particular el Convenio 169 sobre pueblos indígenas tribales en países independientes. De estos instrumentos internacionales emanan un conjunto amplio de derechos a favor de los pueblos indígenas y la correlativa obligación de promoverlos y respetarlos por parte de los Estados signatarios.

2. Es parte de un reconocimiento universal el "hecho que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses".(1)

3. La realidad que afecta a los pueblos indígenas en los países de América Latina no está exenta de pobreza y exclusión, resultado de un proceso histórico de discriminación estructural, que en la actualidad se interpreta como una falta de reconocimiento, promoción, protección y garantía de los derechos humanos.

4. Pese a los avances jurídicos y legislativos en materia de derechos de pueblos indígenas que se han dado en las últimas décadas en América Latina, aún se observa una significativa brecha en la implementación de estos derechos, situación de la cual Chile no está exenta. Entre estos avances destaca el hecho que Chile es parte del Convenio 169 sobre pueblos indígenas tribales en países independientes y que dicho texto consagra la obligación para los gobiernos de "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".

5. Es importante tomar en consideración los informes, recomendaciones y declaraciones del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas James Anaya en particular su declaración del pasado 24 de septiembre de 2010 (2), que se adjunta a esta declaración.

6. La CEPAL, que recientemente ha señalado que la igualdad debe estar en el centro de la agenda de desarrollo para la región (3), pone a disposición de todas las partes su capacidad técnica para elaborar estudios o informes que desde el punto de vista, económico, social, demográfico, ambiental o de género pueda ayudar a una mejor comprensión de la situación del pueblo mapuche.

7. Por último, expresamos nuestra esperanza que las partes encuentren una pronta solución que evite la pérdida de vidas humanas.



(1) Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

(2) Declaración del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas James Anaya

(3) Ver La Hora de la igualdad. Brechas por cerrar caminos por abrir.


Comuneros mapuche rechazan comunicado de la Cepal

Fuente: TeleSur, 28 de septiembre de 2010

Una vocera mapuche deslegitimó un comunicado emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre el conflicto de la etnia en Chile. La dirigente aseguró que en ningún momento representantes de la Cepal han conversado con los comuneros que tomaron la sede del organismo como medida de presión para que se atiendan sus demandas.

La vocera de la Alianza Territorial Mapuche, Mewlen Huencho, quien forma parte de los comuneros que tomaron la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), deslegitimó el comunicado del organismo al argumentar que éste en ningún momento conversó con los originarios sobre las demandas de la etnia.

"Deslegitimo totalmente todo, ella en ningún momento nos ha atendido", denunció Huencho, en referencia a la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

"Ella ha sido una persona muy hostil, ella, Alicia Bárcena, lo único que ha tratado de hacer es crear un ambiente de desalojo", agregó la tomista, en respuesta al comunicado emitido por la Cepal, en el que se afirma que se abordó el tema mapuche.

Al ser interrogada sobre la condición que estableció Naciones Unidas de emitir un pronunciamiento respecto al conflicto, sólo si se culmina la toma de la Cepal, Huencho manifestó "Nosotros no tenemos ninguna garantía de que al desalojar el recinto, él (Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de Naciones Unidas) se pronuncie".

"Nos quitaron los baños y los suministros de alimentación", denunció Huencho, para luego condenar: "Esa es la forma como nos dan garantías".

"Nos están atropellando aquí hoy día en la Cepal. Yo no les creo le tengo desconfianza, mi pueblo no les cree", agregó.

Indicó que lo único que le piden los tomistas a la Cepal, es que permita a los voceros de la etnia, establecer un diálogo directo que aborde las demandas de los prisioneros mapuche chilenos en huelga de hambre desde el pasado 12 de julio, para que no se les aplique la ley Antiterrorista, porque se consideran presos políticos.

En el comunicado emitido este martes por la Cepal se afirmó que desde el organismo "desean contribuir al debate que la sociedad chilena está llevando adelante en relación a lo que se ha denominado el conflicto mapuche".

No obstante, el texto abunda en los derechos generales de los indígenas que se deben cumplir en el ámbito internacional.

"La realidad que afecta a los pueblos indígenas en los países de América Latina no está exenta de pobreza y exclusión, resultado de un proceso histórico de discriminación estructural, que en la actualidad se interpreta como una falta de reconocimiento, promoción, protección y garantía de los derechos humanos", señaló el comunicado.

"Expresamos nuestra esperanza que las partes encuentren una pronta solución que evite la pérdida de vidas humanas", puntualizó.

La petición de los 32 prisioneros mapuche al Gobierno radica en que no se les aplique la ley Antiterrorista, pues se consideran presos políticos. De hecho, eran 34 presos mapuche en huelga, pero de estos, ya dos fueron absueltos de sus cargos, por falta de pruebas.

Familiares de los prisioneros mapuche, el pasado jueves también tomaron la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Chile con el objetivo de presionar al Gobierno para que cumpla la demanda de los originarios.

El vocero de la comunidad mapuche, Antonio Cadin, denunció el jueves que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera intenta desviar en la esfera pública la lucha de la etnia mapuche al modificar la ley Antiterrorista, cuando en realidad la petición de los originarios es que no se aplique ese instrumento a los prisioneros indígenas, que se consideran presos políticos.

Mientras el Gobierno acusa a los comuneros mapuche por su presunta implicación en ocupaciones ilegales de terrenos e incendios de instalaciones agrícolas, en Chile se conoce como una lucha histórica la de esa étnia, por recuperar la tierra que por derecho ancestral les pertenece, de acuerdo a sus argumentos.

Durante años los indígenas mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales, que demandan como propios frente a la ocupación de éstos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.

La comunidad mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile y representa el 6,6 por ciento de la población del país, que en total posee 16 millones de habitantes.