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Conflictos ambientales en México
Fuente: www.tierramerica.net,
29 abril 2006
Muro de objeciones contra represas
Por Diego Cevallos
Pobladores intentan frenar proyectos hidroeléctricos en varios países de América Latina: desde el río Papagayo en México al río Baker en la Patagonia.
MEXICO.- Un muro de objeciones
se levanta en América Latina contra la
construcción de centrales hidroeléctricas. En
Guatemala activistas y pobladores acaban de
frenar un millonario proyecto, mientras en
Brasil, El Salvador, Chile, Honduras y México la
mecha del conflicto está prendida.
En la región hay más de 1.000 grandes
represas de 15 metros de altura o más, que
generan 10 por ciento de la electricidad
consumida en el área. Los gobiernos, apoyados por
transnacionales, proyectan construir otras para
así depender menos del oneroso petróleo, por
ahora su principal insumo energético.
El debate sobre la hidroenergía es intenso.
Aunque es valorada como una fuente renovable y
limpia que permite regular el uso del agua,
también es denostada por sus graves impactos
sociales y ambientales, derivados del obligado
desplazamiento poblacional y las inundaciones que genera.
En Guatemala, una consulta popular logró
paralizar este mes la construcción de tres
hidroeléctricas, impulsada por el gobierno y
firmas locales e italianas y canadienses a un
costo estimado de 100 millones de dólares, en la
comunidad de Río Hondo, ubicada en una reserva natural al oriente del país.
La Corte Constitucional de Guatemala validó
el 4 de abril los resultados del referéndum, por
el cual los pobladores rechazaron el proyecto
aduciendo que inundaría seis mil hectáreas y
perjudicaría económicamente a 20.000 personas.
Tras la resolución judicial, las empresas
están obligadas a reformular su proyecto con
nuevos estudios de impacto ambiental y
socioeconómico, y someterlo a otra consulta popular.
"El fallo de la Corte devuelve a la
ciudadanía la fe en las instituciones y demuestra
que aún hay gente decente en este país", dijo a
Tierramérica Magali Rey, directora del grupo ambientalista Madre Selva.
En México, el gobierno del presidente Vicente
Fox intenta sin éxito desde hace dos años
concretar el proyecto La Parota, una gigantesca
represa de 850 millones de dólares en el estado
sureño de Guerrero, que desplazaría a unas 25.000
personas, según campesinos pobres de la zona que
mantienen bloqueados los accesos a sus
comunidades para evitar el avance de la obra.
El no gubernamental Tribunal Latinoamericano
del Agua resolvió en marzo que el proyecto
mexicano sobre el caudaloso Río Papagayo, "debe
suspenderse, ya que no demuestra los beneficios a
la población local ni su contribución al
desarrollo regional ni a la protección del medio
ambiente y los recursos naturales".
El fallo, que no es vinculante, señaló que
autoridades mexicanas, en su afán por llevar a
cabo la central, han incurrido en actos
deliberados dirigidos dividir a las comunidades campesinas.
Brasil, uno de los países con mayor cantidad
de represas en el mundo, alrededor de 600, tampoco está libre de conflictos.
Ambientalistas y activistas cuestionan la
intención del gobierno de Luiz Inácio Lula da
Silva de poner en operación dos centrales
hidroeléctricas en el río Madeira, uno de los
principales afluentes del Amazonas.
Lula afirma que sus planes consideran de
forma estricta los problemas ambientales y
sociales. Pero unas 100 organizaciones no
gubernamentales, aglutinadas en el movimiento Río
Madeira Vivo, lo desmienten y prometen dar batalla.
"Creemos que las dos centrales no se van a
construir, (pues) no se ha comprobado su
viabilidad económica", dijo a Tierramérica Glenn
Switkes, director para América Latina de la Red
Internacional de Ríos, con sede en California, Estados Unidos.
Además, el embalse de las hidroeléctricas
afectará "un área de alta biodiversidad, con 600
especies de peces y más de 700 de aves, y el
impacto para los pescadores sería enorme porque
los bagres, especie de más valor comercial,
migran por 4.000 kilómetros desde el río Amazonas
al Madeira para reproducirse y las represas
impedirían ese ciclo", según Switkes.
El proyecto también afectaría a los
agricultores que siembran en "planicies
temporalmente inundadas, pues las represas
reducirían la llegada de los nutrientes a sus tierras", señaló.
Luiz Pereira, secretario ejecutivo del
privado Instituto para el Desarrollo Estratégico
del Sector Eléctrico, señaló a Tierramérica que
las represas son preferibles a fuentes
contaminadoras como la termoelectricidad, y
advirtió que Brasil está urgido a elevar su
oferta energética, pues a partir de 2008 no está garantizada.
Sin embargo, llamó a considerar "en serio"
los impactos ambientales, balancear las
necesidades energéticas y los efectos negativos
de esos proyectos. "Hay que oír a las poblaciones afectadas", dijo Pereira.
Hasta los años 70, la construcción de
represas no representó mayores problemas, pero
ahora, incluso el Banco Mundial, uno de los
principales financistas de la hidroenergía,
reconoce que la calidad de vida de la mayoría de
los desplazados no mejora con su reubicación.
Se calcula que unas cuatro millones de
personas al año en el mundo deben dejar sus tierras a causa de las represas.
En América Latina la ola de oposición a las
hidroeléctricas no es nueva, pero ahora hay algo
más de virulencia en los conflictos y los
potenciales perjudicados advierten, como sucede
en el proyecto de la Parota en México, que están
dispuestos a morir con tal de evitar que inunden
sus tierras y ser desplazados.
En Chile otro millonario proyecto está en
entredicho. Varios grupos ambientalistas crearon
una coalición para oponerse al plan de construir
cuatro centrales en la zona de la Patagonia,
impulsado por la transnacional española Endesa y
que requerirá una inversión de 3.000 millones de dólares.
Las represas se pretenden levantar a partir
de 2008 en los ríos Baker, el más caudaloso de
Chile, y Pascua, lo que inundaría unas 10.000
hectáreas, destruyendo así humedales e impactando
el hábitat de especies en peligro de extinción, señalan.
En Honduras y El Salvador, un acuerdo
anunciado este mes por sus respectivos gobiernos
para construir la represa El Tigre, en los
afluentes del río Lempa, en una cuenca compartida, prendió ya las alarmas.
El proyecto costará unos 600 millones de
dólares, generará 1.000 megavatios y creará unos
4.500 empleos, según las autoridades. Pero
también promete ser una intensa fuente de conflicto social.
Indígenas y ambientalistas comenzaron a
expresar su rechazo al proyecto, al igual que
varios diputados que enarbolan argumentos de
soberanía territorial. El plan binacional emergió
luego de que esos vecinos centroamericanos
demarcaran de forma definitiva su frontera, poniendo así fin a viejas diputas.
"El proyecto debe ser analizado con suma
reserva, la información preliminar es muy
difusa", comentó a Tierramérica Juan Almendares,
director del grupo ecologista Madre Tierra.
"Informes preliminares indican que al menos
82 aldeas serán inundadas y siento que estamos no
sólo prestando nuestro territorio, sino cediendo
soberanía en un proyecto que no se sabe aún a
quién beneficiará más", dijo a Tierramérica
Marvin Ponce, diputado por el izquierdista partido de Unificación Democrática.
* Corresponsal de IPS. Con aportes de
Mario Osava (Brasil), Thelma Mejía (Honduras) y
Jorge Grochembake (Guatemala).
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