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Conflictos ambientales en Perú
IPS, 28/02/06
Congreso investigará gasoducto de Camisea
Por Ángel Páez
LIMA, 28 feb (IPS) - El Congreso legislativo de
Perú investigará a la niña de los ojos de los
inversionistas extranjeros en este país: el
gasoducto de Camisea tendido desde el yacimiento
enclavado en el corazón de la selva amazónica
hasta el océano Pacífico, con un costo de 1.600 millones de dólares.
El presidente de la Comisión de Medio
Ambiente del Congreso, Walter Alejos Calderón,
anunció que citaría al ministro de Energía y
Minas, Glodomiro Sánchez, para que explique por
qué el consorcio Transportadora de Gas del Perú
(TGP) utilizó tuberías sobrantes y en mal estado
para la construcción del gasoducto de 720 kilómetros.
En representación del Cuzco, región sureña
donde se encuentran los dos yacimientos en ambas
márgenes del río Urubamba, el congresista Juan
Manuel Figueroa se ha sumado al pedido de que el
ministro informe sobre las medidas que ha adoptado contra TGP.
Las reacciones de los legisladores responden
al informe técnico sobre las condiciones de
explotación del gas de Camisea, divulgado por la
consultora independiente E-Tech International al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fue
financiador del proyecto, en el marco de una audiencia pública en Washington.
El reporte señala que TGP, en su
apresuramiento por cumplir con la fecha de
entrega de la obra estipulada en el contrato con
el Estado peruano, vulneró normas y estándares
internacionales para el tendido de la tubería.
El autor del estudio de E-Tech International
es el experto Carlos Salazar Tirado, quien entre
2003 y 2004 trabajó para la compañía argentina
Techint, una de las socias del consorcio TGP,
además de la también argentina PlusPetrol y la estadounidense Hunt Oil.
De acuerdo con Salazar Tirado, si bien debían
utilizarse tubos nuevos para la habilitación del
gasoducto, Techint prefirió emplear sobrantes de
tendidos realizados en Brasil y Ecuador y que
sufrieron corrosión por estar expuestos a la
intemperie, además de otros daños al ser transportados a Perú.
El reporte técnico señala que los cuatro
derrames de gas líquido ocurridos en menos de un
año de explotación obedecieron al mal estado de
las tuberías y a las soldaduras mal hechas por
empleados sin entrenamiento especializado.
Salazar efectuó una investigación de campo
para elaborar el informe de E-Tech. Señala que
las mismas anomalías darían pie a otros seis
accidentes a corto plazo en las zonas críticas de
las tuberías, la mayoría en la selva amazónica.
"Aquí sólo hay dos opciones: o TGP garantiza
la distribución y buena ejecución del transporte
de gas, o se paralizan las obras, lo que sería
catastrófico", dijo a IPS Alejos Calderón.
Cuando se produjo el último derrame, el 24 de
noviembre de 2005, y el gobierno peruano multó
con 915.000 dólares a TGP, el ministro Sánchez
expresó su preocupación por el récord de
accidentes y se refirió a las implicancias que
tendría una eventual revisión del contrato.
TGP respondió con anuncios del mejoramiento
del control de daños y una vigilancia constante
de la tubería, además de una inversión adicional
de 300 millones de dólares. Pero el reporte de
E-Tech International podría ser el principio del
cambio de relación entre el Estado peruano y el consorcio.
"Estoy aquí en el Cuzco y he sido informado
de una quinta ruptura del gasoducto en el
kilómetro 157", dijo a IPS el legislador Figueroa.
"Este nuevo incidente coincide con el informe
que la consultora norteamericana (E-Tech)
presentó al BID. Esta situación es el resultado a
los oídos sordos del gobierno cuando le
reclamamos una auditoría a las tuberías que
supuestamente deberían tener una vida de 20 años.
Y en menos de un año, se han sumado cinco
derrames. Creo que se debe revisar el contrato con el consorcio", sostuvo.
En un escueto comunicado ante el
requerimiento de IPS, TGP rechazó la versión del
quinto accidente. "El sistema de transporte por
ductos es normal, no ha habido ningún derrame", sostuvo el consorcio.
El parlamento discutirá este miércoles el
informe para luego convocar al ministro e iniciar
una investigación, en caso de que no sean
satisfactorias las respuestas del gobierno, dijo
Alejos Calderón. El legislador no descartó que el
Congreso recomiende revisar el contrato.
"La reformulación del contrato es una opción,
que puede implicar el cambio de tuberías por
otras nuevas, o construir otro gasoducto. También
se puede plantear una penalidad a TGP. La
rescisión del contrato es muy difícil, porque las
obras están concluidas", explicó a IPS.
Pero el legislador advirtió que un nuevo
tendido de tuberías tendría graves consecuencias.
"Volver a construir el gasoducto significaría
eliminar todo lo hecho, y probablemente paralizar
la producción y distribución del gas", arguyó.
"En este momento ya existen poblaciones que
reciben canon gasífero y regalías. Todo quedaría
paralizado, sería regresar a un punto cero. Por
eso considero que es necesario buscar una solución intermedia".
El gobierno estima que el canon pagado en
2005 a la región del Cuzco por el gas extraído de
Camisea fue de 49,6 millones de dólares, la más
alta del país por ese concepto. Casi tres cuartas
partes de la población cuzqueña es pobre.
De las regalías obtenidas por la venta del
gas de Camisea, el Fondo de Defensa Nacional
debería recibir unos 2.000 millones de dólares
entre 2004 y 2020, para la modernización de
equipos y armamentos de las Fuerzas Armadas.
El informe de E-Tech International no incluye
un reporte sobre el impacto de los derrames de
gas líquido en las comunidades nativas afectadas.
Lily La Torre, directora de Racimos de
Ungurahui, una organización no gubernamental que
se dedica a la protección de las etnias de la
Amazonia, dijo a IPS que el reporte de la
consultora "refleja lo que siempre hemos
advertido sobre las consecuencias de una obra que
no ha sido supervisada adecuadamente".
La Torre destacó que la preocupación del
Estado se concentra en que el gasoducto funcione
a la perfección, "pero se despreocupa y olvida de
las comunidades nativas afectadas por las roturas de las tuberías".
"El Estado debe inmediatamente revisar el
contrato con TGP", dijo. "El BID también debe
intervenir presionando al consorcio para que cumpla con la ley".
Marlene Canales, de la Asociación Interétnica
de Defensa de la Selva Peruana, coincidió con La Torre.
"Exigimos desde hace tiempo una auditoría
ambiental porque teníamos conocimiento de que
laboraba personal no capacitado. Hoy se ha
comprobado nuestra información", señaló a IPS.
"El Estado debe plantear la revisión del
contrato. Solicitamos hace mucho tiempo que se
paralizaran las obras hasta que existiera una auditoría ambiental".
Mientras los problemas de Camisea pueden
complicar el futuro de la explotación gasífera,
el presidente Alejandro Toledo inauguró una
planta transformadora de vehículos a gas y
anunció la pronta distribución de ese combustible
en los hogares de Lima, un sueño que podría
disiparse como el gas que se escapó por las tuberías dañadas.
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