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29 sw Mayo de 2006

Paro de 48 horas contra minera Majaz

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Tal como anunciaron anteriormente, las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, San Ignacio y Jaén, llevarán a cabo los días lunes 29 y martes 30, un paro macrorregional de protesta contra la Empresa Minera Majaz que lleva a cabo el proyecto minero Río Blanco.

En esta actividad de protesta -que igualmente señalan será pacífica como la realizada el pasado 11 de mayo- participarán las organizaciones sociales, de base, comunidades campesinas y autoridades locales entre otros gremios.

La protesta se lleva a cabo principalmente para que el gobierno central derogue los decretos supremos 022 y 023 de concesión minera del proyecto Río Blanco, así como para que cese la persecución y acoso judicial a los ronderos; salida inmediata del fiscal provincial de Huancabamba y sanción para los responsables de la muerte de los ronderos Remberto Herrera Racho y Melanio García Gonzales, fallecidos en una marcha de protesta.

En múltiples oportunidades los ronderos y pobladores de Ayabaca se han manifestado en contra de la minería, porque señalan que pone en peligro de contaminación los páramos donde se origina el agua que abastece los ríos de la zona, en desmedro de la salud de los moradores así como de la agricultura. Señalan que el proyecto tiene autorización para realizar actividades de exploración en el distrito de Carmen de la Frontera, mas no así en la zona de Ayabaca.


FRENTE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA FRONTERA NORTE DEL PERU
La Inversión Minera no puede estar contra el Desarrollo Sostenible


El Frente por el Desarrollo,Sostenible de la Frontera Norte del Perú que agrupa a los alcaldes Provinciales de Ayavaca, Huancabamba, San Ignacio, Jaén , Morropón y el distrital de Tambogrande así como a los representantes de las Rondas y Comunidades Campesinas y Frentes de Defensa de dichas provincias fronterizas , se dirige al gobierno peruano y a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

1. Las poblaciones de las localidades de la frontera norte del Perú vienen enfrentando acciones ilegales y de imposición violenta de la inversión minera en zonas agrícolas agroexportadoras, de alta biodiversidad y de potencial ecoturístico, particularmente en el caso del proyecto Rio Blanco de Minera Majaz en las provincias de Ayavaca y Huancabamba en Piura, con repercusión en la provincia de San Ignacio-Cajamarca, pero también ocurre en el caso de IMP Peru SAC en San Ignacio, Cajamarca, y en el nuevo intento del grupo Buenaventura de ingresar en Tambogrande y Morropón, también en Piura. Los resultados han sido tres muertos y cientos de heridos y enjuiciados, sin que el Estado Peruano canalice los conflictos y reconozca los derechos de las poblaciones a elegir su propio desarrollo.

2. Amparados en las elevadas ganancias obtenidas gracias a los excepcionales altos precios de los metales y en una inaceptable política del Estado Peruano de imponer la prioridad de la minería a cualquier costo económico, social y ambiental , los inversionistas mineros han encontrado el apoyo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio del Interior (MININTER) del actual gobierno de salida para intentar conseguir por la fuerza la incorporación de nuevas zonas como la frontera norte a la actividad minera, violentando derechos fundamentales, impidiendo las actividades productivas de los comuneros y desconociendo los esfuerzos que el Plan Binacional de Desarrollo de Frontera Perú-Ecuador, Capítulo Perú, viene haciendo en estas provincias fronterizas bajo el lema de paz con desarrollo.

Las estrategias seguidas por el Estado han sido las de convalidar el ingreso ilegal de pequeñas empresas extranjeras o juniors que usurpan terrenos de propiedad de comunidades campesinas y agricultores individuales ubicados en zonas agrícolas con producción altamente orgánica y con mercados internacionales ganados con mucho esfuerzo, y de alta biodiversidad del norte del país. Asimismo, el Estado ha decidido respaldar el intento de lograr apoyo social de parte de algunas empresas mineras a través del irreal ofrecimiento de empleo minero y el financiamiento de proyectos de desarrollo agrario con “fondos de fideicomiso”, y también promover una minería artesanal que genere las condiciones para el posterior ingreso de empresas de gran minería que permitan explotar “responsablemente” yacimientos de mayores dimensiones.

Lo más grave es la estrategia de acusar de narcotráfico y terrorismo a representantes de la iglesia, campesinos, ronderos, alcaldes, pobladores, Ongs y profesionales, para imponer la presencia de personal especial de la policía para “defender” los derechos de la empresa minera, hacer inteligencia para detectar “cabecillas opositores” a la minería y acompañar medidas de represión brutales como las adoptadas el 12 de Marzo por Minera Majaz en Huancabamba. .

3. Ante esta ofensiva de la inversión minera respaldada por el Estado Peruano que constituye un serio riesgo para las opciones de desarrollo sostenible que han adoptado las poblaciones locales, el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú expresa su más profundo rechazo a estos métodos antidemocráticos y represivos del actual gobierno y a la irresponsabilidad social y prepotencia con la que vienen actuando las empresas mineras , reafirmándose el Frente en el respeto a los derechos humanos, el diálogo y la consulta informada como los medios para la solución a los conflictos.

En este sentido, exigimos la suspensión de las operaciones del proyecto Rio Blanco de Minera Majaz en Huancabamba y Ayabaca mientras se esclarece la situación de la legalidad de esta empresa en la zona, se retira el personal policial de la Dinoes porque representa una presencia provocadora e inútil (tal como lo ha comprobado la Comisión de Derechos Humanos que ha visitado la zona) y se produce el cese inmediato a la permanente violación de derechos que padecen las poblaciones de los caseríos , comunidades y poblaciones de los distritos involucrados, generada por la política agresiva que viene desarrollando la empresa Minera Majaz contra organizaciones y humildes campesinos.

Demandamos, la realización de la consulta popular basada en el consentimiento libre, previo e informado para determinar la aceptación o no de la actividad minera en la frontera norte del país.

4. El cuidado del agua y la biodiversidad, en perspectiva de potenciar el desarrollo de la política de fronteras vivas, de paz con desarrollo, de generación de empleo e ingresos a partir de la producción de productos orgánicos como el café , miel de abejas, banano y azúcar, así como de mangos y limones, y de la propia ganadería, implica hoy la protección del páramo, los bosques de neblina y las cuencas de los ríos Quiroz en Ayabaca y Huancabamba de la provincia del mismo nombre, el bosque seco de algarrobo y el valle de San Lorenzo en Tambogrande y las cuencas de los ríos Piura y Chira , así como las cabeceras y la cuenca del río Chinchipe (afluente delAmazonas) y el Santuario Nacional Tabaconas Namballe en San Ignacio. En resumen, hay zonas como la frontera norte del Perú donde no puede haber minería ni industrias extractivas que puedan afectar la salud de las personas, los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la localidad.

5. De otro lado, ha quedado demostrado en el proceso de Diálogo que la empresa Minera Majaz ha venido operado de manera ilegal el Proyecto Minero Río Blanco, por no contar con los permisos legalmente otorgados por las Comunidades Campesinas de Yanta y Segunda y Cajas. Ante tal realidad, que implica al propio MEM que conoció de la ilegalidad de los permisos presentados por la empresa y no tomó medidas al respecto, esta entidad inició una serie de imposiciones en forma unilateral con la finalidad de romper el diálogo y privilegiar el accionar represivo contra las Comunidades Campesinas de Ayabaca y Huancabamba. Esta situación ha derivado finalmente, en la decisión unilateral y arbitraria del MEM de suspender su participación en la Comisión de Diálogo, lo que demuestra claramente su irresponsabilidad frente al problema generado en la zona por el propio MEM y la empresa Minera Majaz.

6. Por todo ello, el Frente exige al gobierno que sin más dilaciones retome inmediatamente el diálogo, para canalizar el conflicto a una solución pacífica y de respeto y equidad a los derechos de las poblaciones locales al desarrollo sostenible.

¡¡No más violencia , Consulta a la población para la Paz y el Desarrollo Sostenible!!

Piura, 25 de mayo del 2006