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Comunicaciones OLCA, 8 de agosto de 2007
Carta Pública de la Coordinadora Campesina de Chile
Organizaciones campesinas condenan modelo agroexportador
La Coordinadora Campesina de Chile, integrada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Confederación Nacional Sindical Campesina Ranquil, la Confederación Nacional de Federaciones de Sindicatos Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile (CONAGRO), la Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y Organizaciones de Pequeños Campesinos de Chile (CONAPROCH) y la Unión Obrero Campesina (UOC), desea expresar a las autoridades del Gobierno de Chile, especialmente a la Presidenta Bachelet, Ministros de Agricultura, Trabajo y Hacienda, a parlamentarios/as y a la sociedad en su conjunto los siguientes planteamientos vinculados a las consecuencias del modelo agroexportador en la dignidad y calidad de vida de más de medio millón de trabajadores y trabajadoras temporales que realizan múltiples faenas en campos y packings del país.
El modelo de producción frutícola orientado a la exportación, se ha basado en el desarrollo de la agroindustria que promueve una agricultura intensiva, que se ha enriquecido a costa de una mano de obra asalariada mal pagada y explotada, y que ha reducido la producción agrícola familiar campesina, generando así un deterioro grave en las condiciones de vida y trabajo de hombres y mujeres del mundo campesino.
Nos parece inaceptable el clima de “terror” que está instalando el sector empresarial en respuesta al movimiento sindical. A través de diversas declaraciones previas al “Cónclave de la Fruta”. El empresariado agroexportador está preparando el camino para presentar un conjunto de exigencias inaceptables. Ello, a pesar que el verdadero “terror” lo viene viviendo desde hace décadas la clase trabajadora. Es cosa de ver los bajos salarios: las y los temporeros están ganando sueldos miserables, en promedio al mes incluso menos que el salario mínimo (la encuesta Casen 2006 señala que el promedio es de $95.076). A ello se suma la informalidad contractual, la falta de condiciones dignas de trabajo, el mal trato laboral y el amedrentamiento a la organización sindical, que viven a diario los y las temporeras de la fruta.
Por lo mismo, nos parece un insulto inaceptable que el empresariado exportador de la fruta hable de la “familia de la fruta”. Ni los trabajadores/as de la fruta, ni los pequeños/as productores/as frutícolas, nos hemos beneficiado de los privilegios que goza el gran empresariado. Por el contrario, el éxito de la agroexportación se basa en nuestra explotación.
Nos parece contradictorio que el empresariado hable de falta de mano de obra, considerando las altas tasas de cesantía que presentan las regiones frutícolas, especialmente en los/las jóvenes y la baja tasa de participación económicamente activa de las mujeres. ¿No será que la aspiración es a encontrar mano de obra barata, más sumisa y vulnerable al abuso, aumentando la cuota de trabajadores/as migrantes que están totalmente desprotegidos por la ley?
El beneficio del crecimiento y éxito exportador que por años ha gozado el sector agroexportador nunca ha llegado a los y las temporeras. Las empresas frutícolas han acumulado capital y riqueza, apoyados por una política de comercio exterior y de fomento productivo generosa y abundante, que nunca han distribuido equitativamente. Es difícil creer que hoy estén pasando por malos momentos, si fuera así sólo demostraría que han sido ineficientes, utilizando argumentos infantiles para recurrir al paternalismo del Estado.
No aceptamos que las empresas se muestren como “víctimas” de la actual coyuntura. Nos preocupa que se vayan a poner más recursos para el sector empresarial en desmedro del gasto social en educación, salud, vivienda y otros beneficios destinados a las y los trabajadores a través de las políticas sociales. También nos preocupa, que se vayan a ver afectados los pocos instrumentos que van dirigidos a la pequeña agricultura campesina.
El Estado debe ser garante primero y antes que todo, de los derechos sociales, económicos y humanos de los trabajadores/as agrícolas y de las y los campesinos. Debemos velar por recuperar derechos, como la negociación colectiva para el sector, que hoy se nos prohíbe, y por ningún motivo retroceder en aquellos alcanzados gracias a la dura lucha sindical y social. La legislación laboral no puede “adaptarse a las características de la fruticultura” ni flexibilizar aún más las jornadas de trabajo. Los/as legisladores deben contribuir a la equidad y justicia social.
Por estas razones nuestras demandas históricas han sido y seguirán siendo:
- Trabajo y salarios dignos:
- Jornadas de ocho horas. Pago de horas extraordinarias y no más de dos horas extras al día
- Derecho al descanso
- Comedores y baños dignos. Agua potable para las y los trabajadores
- Salarios sobre el mínimo
- Protección efectiva contra plaguicidas
- Mantención efectiva de las actuales edades de jubilación para hombres y mujeres
· No a la subcontratación porque ampara el abuso y la irresponsabilidad patronal. Contrato directo
· Mayor protección social, pues se nos paga de manera temporal, pero se nos ponen las exigencias del trabajo permanente para poder acceder a la pensión mínima garantizada.
· No a la persecución sindical, pues se nos conculca día a día nuestros derechos por la vía de los hechos y es generalizada la práctica de las listas “negras”.
· Mayor fiscalización y cumplimiento de las leyes. Término a los vicios del sistema fiscalizador y de cobro de multas.
· Pago obligatorio de la previsión social. Fin al truco de declarar sin pagar.
· Apoyo a la pequeña agricultura campesina, a través de políticas diferenciadas, sostenidas y accesibles. Ello debe incluir medidas prontas especiales, para enfrentar los efectos de las heladas en la actual temporada, sin que ello signifique nuevo endeudamiento.
Cada año el milagro económico exportador de la agricultura chilena se alimenta de la muerte, enfermedad o invalidez de muchos de nuestros compañeros y compañeras, y de la desaparición de los pequeños/as agricultores/as. Por la estabilidad política, social y económica del país, demandamos ser escuchados. Por el bien de los trabajadores, verdaderos artífices de la riqueza que genera este sector, y de los pequeños productores que alimentan al país, exigimos equidad y justicia social.
COORDINADORA CAMPESINA DE CHILE
C.C.CH. - Agosto 2007
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