OLCA en la Prensa:   y - Martes 31 de Agosto de 2004

Según el organismo, los sondajes y el río, ubicados a pocos metros unos del otro, no están totalmente desconectados.

Un lapidario informe de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) pone una nota de suspenso sobre la viabilidad del proyecto del Ministerio de Obras Públicas de habilitar seis pozos de agua construidos a principios de la década de los 90 en el Parque Nacional Lauca. El texto, divulgado por el Mercurio, concluye que las perforaciones "no cumplen con la normativa ambiental vigente", porque causarían la "disminución del agua superficial del río Lauca" de hasta el 20%, y la "extinción" de algunas especies, afectando a las "más sensibles". Las obras también generarían la "pérdida de 66 hectáreas de área bofedal", y la disminución del 70% de especies de fauna acuática

A pesar de estas objeciones técnicas y luego de seis años de análisis, la Comisión de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá aprobó el estudio de impacto ambiental, y autorizó la extracción máxima de 300 litros por segundo para la "revitalización de la actividad agrícola del valle de Azapa, sin descartar otros usos".

Pese a ello, la voluntad declarada del Ministerio de Obras Públicas es de sólo extraer 245 litros y de efectuar un monitoreo ambiental en el entorno de los pozos para constatar algún posible efecto negativo sobre el medio ambiente.

En caso de comprobarse algún impacto indeseable sobre el entorno natural, el propio estudio aprobado por la Corema especifica que se suspenderá el bombeo de todos los pozos.

OPOSICION

La autorización ambiental llevó a parlamentarios de la Concertación, aymaras y ambientalistas a anunciar demandas contra el Estado, querellas contra el ministerio de Obras Públicas y una acusación constitucional contra el titular de esa cartera, Javier Etcheberry.

El diputado Guido Girardi (PPD), quien lidera la oposición al proyecto, lo calificó de "atentado" contra las normas ambientales nacionales e internacionales, que prohíben la intervención en los Parques Nacionales.

Girardi acusó la existencia de "grandes intereses económicos", y su colega Iván Paredes (PS), parlamentario por la I Región, aseguró que los pozos son "innecesarios" porque hay "suficiente agua para riego".

También el Gobierno de Bolivia expresó su preocupación y pidió a la Cancillería chilena informes sobre el proyecto, que estiman podría afectar el caudal del río Lauca, que nace en la laguna Cotacotani, provincia de Parinacota, pero luego entra a territorio del vecino país, para ir a desembocar en el salar de Coipasa.

OBSERVATORIO AMBIENTAL

La ONG Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales también expresó ayer su preocupación por la posibilidad de que se exploten los pozos y afirmó que el ministro Etcheberry "está mal informado por sus asesores" o "derechamente pretende distorsionar la realidad".

Esto, porque mientras el ministerio ha insistido en que las aguas se extraerían de un "acuífero confinado", según antecedentes contenidos en el propio estudio de impacto ambiental "en el sector de los pozos 7 y 10 se detectaron condiciones de semiconfinamiento", afirmó la ONG.

Aseveró que el mismo documento reconoce la posibilidad de "pérdidas de áreas productivas del suelo por disminución de niveles de agua superficial" y que "la información disponible no asegura la desconexión de los estratos superficiales y profundos del acuífero".

Ante todas estas críticas, el ministro Etcheberry puntualizó ayer la postura de su cartera, asegurando que este proyecto no es inminente y que no se llevará a cabo sin considerar la postura de las organizaciones aymaras.

No hay proyecto sin acuerdo aymara

Después de la intensa polémica desatada por la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto de los pozos del altiplano, el Gobierno parece decidido a bajarle la presión al tema.

En esa dirección se entiende, al menos, la declaración emitida ayer por el ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry, quien aseguró que el proyecto no se materializará al menos en los próximos dos años.

Junto con defender la viabilidad ambiental del proyecto, lo que ya había hecho antes, el ministro agregó un nuevo elemento, al enfatizar que la aprobación del estudio de impacto ambiental es sólo un requisito que puso la Dirección General de Aguas a la de Obras Hidráulicas para otorgarle los derechos de aguas sobre la producción de esos pozos, pero no significa que se vaya necesariamente a poner en explotación.

Para mayor tranquilidad de los opositores a la iniciativa, Etcheberry declaró que "uno de los aspectos centrales de esta evaluación es, naturalmente, la participación de las comunidades indígenas involucradas. En este sentido, quiero dejar constancia que el Ministerio de Obras Públicas no materializará este proyecto sin contar previamente con el consenso de las comunidades aymaras de la zona, que serán en definitiva los principales beneficiados con él".

Agregó que, "consistentemente con ello, el ministerio no tiene contemplados en sus presupuestos para este año ni para el próximo, inversiones en obras vinculadas con el aprovechamiento de recursos hídricos del Parque Nacional Lauca y no prevé incorporarlos a futuro en sus planes de inversión mientras no cuente con el apoyo de la comunidad aymara".

CONSEJO NACIONAL

Por su lado, la directiva del Consejo Nacional Aymara ofreció ayer al mediodía una conferencia de prensa en la que reiteraron su negativa a la explotación de los pozos y aseguraron no haber sido tomados realmente en cuenta en el estudio de impacto ambiental.

Magdalena Choque, presidenta de la Comisión Aymara del Medio Ambiente dijo que dudan de los resultados del informe oficial, ya que según dijo, el pozo número 4 fue explotado durante un año por Obras Hidráulicas y el resultado fue que se secó el bofedal aledaño. "La explicación que dieron fue que había fisuras en el tubo del pozo y que en los otros las van a sellar, pero nada nos garantiza que ese sellado va a ser realmente efectivo", expresó.

Un fenómeno similar se está verificando en el pozo número 8, que fluye espontáneamente, agregó.

Los dirigentes también reclamaron por la represión sufrida el viernes por una marcha de la organización que buscaba entregar una carta sobre el tema al gobernador de Arica, y emplazaron al intendente a aclarar quien fue el responsable de la actuación policial.

Agregaron que también fueron víctimas de amenazas cuando desplegaron sus pancartas esa misma noche durante la proclamación del alcalde Carlos Valcarce.