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- Chile:
Se está atentando contra los derechos de las comunidades de Pichidegua

09 de Enero de 2012

En proyecto guanoeléctrico se incuba un nuevo fraude a la institucionalidad ambiental


Este lunes 9 de enero, el Comité de Evaluación Ambiental de OHiggins tenía que votar el controvertido proyecto energético “Termoeléctrica Tagua-Tagua” perteneciente a la Empresa FibroAndes, ligados al grupo Vial, dueños de Agrosuper.

- Sin embargo, estando programada para las 15 hrs, la votación del emprendimiento fue suspendida por falta de quórum. Esto ante la mirada de los más de cien manifestantes de Pichidegua que expresaban su rechazo al gobierno y a los parlamentarios oficialistas y de oposición.

Sólo se apersonaron el Intendente, el director del Servicio de Evaluación Ambiental, y los seremis de Medio Ambiente, Agricultura y Salud. Solo faltó uno para sumar la cantidad mínima para sesionar. ¿Qué pasó con los seremis ausentes de Economía, Transporte, Vivienda, Serplac, Energía, Minería y Obras Públicas?

Lo que correspondía era que la autoridad se pronunciara respecto de este proyecto contaminante disfrazado de Energía Renovable No Convencional en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que hoy se encuentra en los últimos días del proceso administrativo.

La comunidad de Pichidegua ha demostrado que este emprendimiento energético es negativo para el medioambiente y amenaza la vida y la agricultura de la zona. Esta posición ha sido ratificada por varios servicios públicos que, al momento de cerrar el informe final de evaluación ambiental, mantenían ponderaciones de insuficiencia hacia el proyecto.

Consideramos las ausencias como una expresión política de un acto deliberado y calculado para no validar la instancia de pronunciamiento respecto a si era aprobado o rechazado el proyecto. Cuando todos los argumentos técnicos conducían a un rechazo del proyecto y se está al límite del tiempo establecido por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo único que queda por concluir, es que, como en otros casos, nuevamente se evidenciar la manipulación política que se hace de la institucionalidad ambiental.

Es clara la intervención de La Moneda, ya que los Seremis son autoridades designadas directamente por el Presidente de la República y, por ende, responden sus instrucciones a través del Ministro sectorial respectivo. En esto no hay casualidades, el Presidente Sebastián Piñera pasó por encima de la institucionalidad ambiental en los proyectos Barrancones, Castilla e HidroAysén, y denunciamos que en el caso de esta “Guanoeléctrica”, se está incubando un nuevo fraude a la institucionalidad, y se está atentando contra los Derechos de las comunidades de Pichidegua.

Comunicaciones OLCA

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