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05 de Diciembre de 2012

Así la gente de Totoral ganó la “Batalla de Castilla”

Lucio Cuenca Berger

Termoeléctrica Castilla es mucho más nombrada que Totoral, el pequeño pueblo que logró demostrar que en Chile los gobiernos manejan la institucionalidad ambiental a su gusto para posibilitar inversiones contra la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Castilla, en tanto, se proyectaba como la termoeléctrica más grande de América Latina, cinco veces de mayor tamaño que cualquiera de las que funcionan en nuestro país, y que fue aprobada ambientalmente de manera ilegal con informes de calificación sanitaria que obviaron su condición contaminante. Pero no se pudo. La gente de Totoral, contra todo pronóstico, lo impidió. Dio la batalla y la ganó.


Una vez que la Corte Suprema confirmó la revocación de los permisos otorgados por la autoridad, las repercusiones no se hicieron esperar: intromisión indebida del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial; “cumbre de empresarios”; ministros y políticos de todas las bancadas para poner en marcha una serie de reformas reglamentarias para evitar que la gente pueda hacer valer sus derechos al interior de la institucionalidad; manejo mediático que habló de crisis energética, paralización del crecimiento y otras “tragedias” similares que esconden lo que verdaderamente supone la no construcción de esta central, cuestión de la que nos ocuparemos en este artículo.

El fallo de la tercera sala de la Corte Suprema en el caso Castilla es jurídicamente histórico porque por primera vez se resolvió un recurso de protección amparado en la garantía constitucional de vivir en un medioambiente libre de contaminación, antes de que la contaminación fuera producida, restituyendo el espíritu preventivo de la ley 19.300 y demostrando que el modelo de aprobación ambiental opera políticamente cuando lo técnico no conviene a las inversiones.

Pero las lecciones del caso Castilla van aún más allá de las repercusiones al interior de la institucionalidad, y deben ser puntualizadas. La convicción comunitaria, y los más de tres años de movilización de un pueblo tan abandonado por el Estado que pese a existir desde el siglo XVII aún no tiene electricidad, locomoción colectiva ni conectividad (hay un teléfono público pero funciona cuando se le antoja), demuestra que se puede subvertir el destino que el poder impone natural y cotidianamente. Se puede descubrir que somos sujetos de derecho y hacer valer esa condición. Se puede reivindicar en este Chile tan consumista e individualizado que tenemos valor y no precio y que eso conecta con un ideario social que agradece la existencia valiente y decidida de quien no está dispuesto a transar bienes comunes para ganancia privada. El caso Castilla sacude esa caricatura de que la gente sólo se mueve por dinero, porque una y otra vez, incluso desde el mismo Poder Judicial, se intentó tendenciar una negociación, pero las vecinas de Totoral y los pescadores que se mantuvieron firmes lograron demostrar que el motor primero de la resistencia en los conflictos socioambientales es el derecho a la vida, al agua, a la identidad, y eso desencadena una fuerza enorme, tan grande que el modelo necesita desenfocarla y transformarla en un puñado de monedas para tener cómo vencerla… Pero no siempre resulta, y la receta para que no resulte es que aprendamos a valorar tanto lo que tenemos que no estemos dispuestos a perderlo, pese a todas las presiones que nos puedan caer encima.

Sin duda esto marca un punto de inflexión en las luchas socioambientales en Chile. En el caso Castilla se encontró una organización territorial decidida y clara, una red articulada que permitió acompañar y visibilizar argumentos contra la energía contaminante –constituida incluso por organizaciones que daban otras luchas igual de legítimas que Castilla, como la librada contra la termoeléctrica Punta Alcalde de Endesa en Huasco, que lograron fuera rechazada a mediados de 2012 por el sistema de evaluación, y una ONG como OLCA, que entiende como principio fundante que la vida no se negocia–. Con ello se repone la idea de que ninguna persona ni organización tiene derecho, aunque empresas y autoridades lo digan, a ponerle precio a un bien colectivo, y que el solo hecho de tendenciar esa conducta, de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad que el mismo sistema produce y de acorralar a las comunidades, debiera ser considerado un delito para un país que ha suscrito el derecho a la autodeterminación y al propio desarrollo, y recibir las sanciones correspondientes.

Para las organizaciones y personas que estamos en la vereda de la dignidad, el respeto y la justicia, el caso Castilla nos señala que la defensa territorial, la defensa del agua, la cultura y la vida supone necesariamente un trabajo sistemático por elevar y fortalecer la autoestima individual y colectiva, y esto implica promover espacios de encuentro, lograr que las ventanas informen más que la televisión, generar materiales que planteen preguntas sobre el modelo de desarrollo que han optado los gobiernos chilenos y determinar comunitariamente si queremos seguir soportándolo, promover la reflexión en torno a lo que tenemos y no a lo que nos falta, y reencontrarnos, reconectarnos con los ecosistemas que por milenios nos han cobijado, si queremos que lo sigan haciendo.

La comprensión de esto y la acción orquestada al respecto cobra especial relevancia si consideramos que no menos del 70% de la energía eléctrica que está proyectando el gobierno en la nueva matriz energética (y que Termoeléctrica Castilla pretendía ayudar a concretar), busca alimentar una producción minera que quintuplicaría, en ocho años, la inversión que esta actividad desplegó en los últimos 20 años, décadas que serán recordadas por la brutal destrucción y crisis hídrica que trajeron consigo… y por el saqueo. La minería ya no es el sueldo de Chile. Un 70% del cobre y el 100% del oro está privatizado. Un puñado de transnacionales se lleva al exterior cada año el equivalente a un 80% del gasto público total del país, a costa de depredar recursos no renovables, sobreexplotar las cuencas hídricas y contaminar, sin hacerse cargo de los costos, nuestro territorio. Por eso es tan imprescindible que el testimonio de resistencia de Totoral anime las cientos de otras luchas que se sostienen, que preservemos la unidad, que escuchemos la intuición y que no deleguemos el control de los procesos comunitarios.

Es responsabilidad de todos y todas que Totoral termine siendo más conocido que Termoeléctrica Castilla. El desierto florece una vez cada 4 o 5 años, pero cuando lo hace, quien lo ve florece con él.

por Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
www.ipsnoticias.net
Publicado en El Desconcierto N°5, Noviembre 2012.

http://eldesconcierto.cl/asi-la-gente-de-totoral-gano-la-batalla-de-castilla/

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