La deuda pendiente de Bachelet con los glaciares chilenos

- Chile:

19 de Mayo de 2014

La deuda pendiente de Bachelet con los glaciares chilenos

El lunes pasado la Presidenta Michelle Bachelet, junto a su comisión de ministros, viajó a Argentina para reunirse con su par trasandina, Cristina Fernández. Probablemente jamás imaginó que a su arribo a Buenos Aires se encontraría con un centro cívico –Av. 9 de Julio, los alrededores del Congreso y la Casa Rosada– tapizado con carteles de más de un metro de largo y más de un metro de ancho con su rostro envejecido, en el año 2030, y una consigna particular. “Gracias a los chilenos en 2014 decidí salvar los glaciares”, rezaban los afiches. La intervención no tardó en causar revuelo mediático. Detrás de los carteles estaba Greenpeace Chile y su nueva iniciativa, República Glaciar.

En abril, el proyecto República Glaciar vio por primera vez la luz. Sonaba raro pero funcionó, y hoy son más de 110 mil los ciudadanos de este gélido territorio. Aprovechando el vacío legal que existe en la legislación chilena y que deja a los glaciares casi a la merced de quien quiera utilizarlos, Greenpeace decidió fundar un país en ese territorio “donde sus ciudadanos se comprometen a proteger estas enormes masas de hielo, fuentes de agua y vida”, según señala la iniciativa en su web. En cuestión de pocos días la convocatoria se convirtió en un éxito. Incluso hay quienes han decidido contraer matrimonio al alero de esta nueva república, como Enrique Fanta y Nicole Pozo, que se casaron a los pies del glaciar Colgante el Morado, en el Cajón del Maipo. En simples cuentas, lo que buscaba la iniciativa era captar la atención ciudadana y posteriormente, a través de ésta, hacer lo mismo con el gobierno. Y funcionó.

Greenpeace ha puesto el foco en emplazar a Bachelet a pronunciarse en su discurso del 21 de mayo sobre la necesidad de resguardar los glaciares chilenos, que se les declare bienes nacionales y que se concrete una ley que los proteja. “En la práctica, el vacío legal que existe supone que los glaciares no son bienes nacionales de uso público y están sometidos a la legislación del Código de Aguas que finalmente entrega las aguas en concesión. Podría utilizarse para que alguien registre a su nombre los derechos del agua a partir de un glaciar, puede pasar con una empresa, un particular, etc.”, explica el presidente de Greepeace Chile, Matías Asún.

En la práctica, se han registrado situaciones de este tipo. Además del cambio climático y el calentamiento global que fomenta su derretimiento, entre las principales amenazas de los glaciares se encuentran una serie de proyectos mineros, según han denunciado expertos y organizaciones ambientalistas como Chile Sustentable. Algunos de ellos son Los Bronces, de Anglo American; Andina 244, de Codelco; y Pascua Lama, la inversión de US$ 8 mil millones de Barrick Gold que actualmente se encuentra paralizado por incumplimientos en su Resolución de Calificación Ambiental. Este último fue uno de los temas obligados a abordar durante el encuentro bilateral de Bachelet con Fernández, al que asistió, entre las filas de la comisión, la ministra de Minería, Aurora Williams. Sin embargo, ante la prensa, ambas mandatarias se refirieron escuetamente al proyecto que también ha encontrado obstáculos y férreos opositores al otro lado de la Cordillera. Eso sí, Argentina ya cuenta con su propia ley de protección de glaciares.

El pasado miércoles 7 de mayo, en el marco del seminario “Progreso económico y glaciares: ¿es posible conjugar ambas esferas?”, organizado por el Instituto Libertad, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, anunció la creación de una mesa de trabajo a la que se invitará al sector privado, el público y a las organizaciones ciudadanas “para analizar, escuchar y concluir con una iniciativa legal que proteja a los glaciares, con metodologías de trabajo participativas”. Sin embargo, su discurso contempló también un guiño a las mineras que históricamente han exigido que no se prohíba de cuajo la explotación de estas zonas y que se evalúen los proyectos caso a caso según la funcionalidad del glaciar en cuestión y las posibilidades de mitigar el impacto. “Sí, es posible conjugar progreso económico y proteger nuestros glaciares (…). Sí, es posible conjugar la protección de los glaciares y el desarrollo de la actividad minera, u otras actividades productivas como eventualmente puede ser el desarrollo de la generación geotérmica, desarrollo de infraestructura o proyectos turísticos, a través de normas claras y objetivas que puedan expresarse en una ley general de glaciares”, señaló la autoridad en la ocasión.

Para algunos, esta postura del gobierno ha resultado un poco ambigua. Y aunque el programa de la Nueva Mayoría contempla, en la única mención que se hace al tema, declarar “las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares”, lo cierto es que la deuda del Estado, y particularmente de Bachelet, con los glaciares tiene casi diez años de historia. A estas alturas, los ambientalistas son tajantes. “Queremos hechos concretos, explícitos, y eso estamos buscando de parte del gobierno de Bachelet. No queremos un ‘vamos a evaluarlo’, no da para más. Los glaciares son fundamentales para los próximos años, queremos que la Presidenta sea explícita en apoyar una ley que proteja el glaciar. Esa ley tiene que prohibir, limitar, restringir o monitorear las actividades en las áreas de glaciares que deterioren sus condiciones”, asegura Asún.

Además de la campaña de Greenpeace y las palabras del ministro de Medio Ambiente, hay otro factor que enciende el debate. Y es que hace algunos días, el gerente general de la División Andina de Codelco, Ricardo Palma, reconoció que el proyecto Andina 244 –una ampliación de la División Andina que pretende expandir su capacidad de tratamiento en 150 toneladas por día– afectará al menos seis glaciares. En detalle, la minera estatal precisó a este medio que el proyectó impactará en “sólo 37 hectáreas de glaciares de roca, de las 45 mil hectáreas de glaciares (blancos y de roca) que existen en la zona de la alta cordillera de la V Región y RM. Este impacto se produce en cinco glaciares de roca que se ven afectados parcialmente por la ampliación del futuro rajo del proyecto y un glaciar de roca que se cubre con un botadero de material estéril”. Asimismo señalan que los impactos se concentran en la misma zona que ya ha sido intervenida por las operaciones de División Andina y que Codelco “ha sido responsable y transparente en reconocer estos impactos, evaluarlos y compensarlos debidamente”. Sin embargo, han salido a la palestra opositores del proyecto que aseguran que la cifra final de glaciares afectados sería mucho mayor.

MINERAS AL PIZARRÓN

La última entrega del Inventario Glaciar Randolph, sondeo global en permanente actualización, reveló que en el mundo existen más de 197 mil glaciares. En el caso de Sudamérica, la Cordillera de Los Andes figura como territorio fértil para estas plataformas cubiertas por gruesas masas de hielo. No por nada nuestro país cuenta con una cifra no menor. Según reveló un catastro realizado por la Unidad de Glaciología de la Dirección General de Aguas (DGA), en Chile existen 24.114 glaciares que cubren un total de 23.641 kilómetros cuadrados.

Los glaciares han convocado la atención mediática y adquirido mayor relevancia en los últimos años como consecuencia de la difusión y conocimiento sobre los riesgos del cambio climático y el calentamiento global. Con estos, los glaciares no sólo se derriten, sino que además se posicionan como necesarias fuentes de agua en el marco de un futuro donde las sequías se ciernen como un dramático riesgo para la población. Según un informe de la ONU, a mediados de este siglo, la demanda de agua potable podría crecer en un 55% producto del crecimiento demográfico y de la actividad industrial.

En una serie de sucesivos estudios, el geógrafo alemán Alexander Brenning ha alertado sobre el impacto de tres colosos mineros en zonas de glaciares rocosos. Se trata de la División Andina, de la estatal Codelco; Los Bronces, de Anglo; y Los Pelambres, de Antofagasta Minerals. En su primer informe publicado en 2008, Brenning consignó que las faenas de los proyectos de Codelco y de Anglo American han destruido zonas glaciares agotando, entre 1990 y 2005, un total de 21 millones de metros cúbicos de agua. No sólo eso; las minas además utilizaron los glaciares de roca para depósito de material estéril extraído, arriesgando “la potencial contaminación del hielo subterráneo por aguas contaminadas”. En la oportunidad, el geógrafo apuntó además a que “las autoridades ambientales sabían de la destrucción de glaciares rocosos por lo menos desde 2001”.

Tras darse a conocer estos resultados, Codelco salió al paso de las críticas y confirmó que contaba con las autorizaciones ambientales necesarias para operar en dicha zona. En efecto, cuando se aprobó el proyecto no existía una norma que obligara siquiera a alertar sobre el uso de estos espacios, mucho menos que los protegiera. Su resguardo no estaba siquiera contemplado entre las exigencias del Servicio de Evaluación, y las empresas podían obviar la presencia de los glaciares en sus declaraciones de impacto ambiental.

Posteriormente, en otro estudio publicado por Brenning, se abordó el impacto en glaciares a manos del proyecto de Antofagasta Minerals en Los Pelambres. El documento consigna que hasta esa fecha 81 millones de toneladas de material estéril se habían depositado en el botadero Noroeste, área donde “se concentran las intervenciones de mayor impacto sobre glaciares rocosos”. Además señala que en la cuenca donde se emplaza el proyecto se identificaron 15 glaciares rocosos: “Los glaciares rocosos GR10, GR11, GR12 y GR13, localizados en la parte Noroeste, han desaparecido casi completamente por el avance de botaderos de material estéril. A diferencias de los glaciares rocosos GR14 y GR15, localizados al Oriente de la mina, los cuales sólo han sido intervenidos por la construcción de caminos”, señala el documento.

Lo cierto es que mientras la ciudadanía poco sabía y hablaba sobre los glaciares, a la par las empresas debían sortear escasas regulaciones. Recién en 2010, se obliga a las entidades cuyos proyectos se localicen cerca o en los glaciares a elaborar un estudio de impacto ambiental que mencione este aspecto. Una de estas empresas que alcanzó a conseguir su aprobación antes de que se dictara esta medida fue Pascua Lama, que en el 2000, durante el gobierno de Ricardo Lagos, y luego en 2004, durante la primera administración de Bachelet, consigue el visto bueno al proyecto.

LA DEUDA PENDIENTE

En medio del incierto panorama de los glaciares en la época, y ante el surgimiento de numerosos proyectos mineros que amenazan con arrasar con estos gélidos ecosistemas, en 2005, Chile Sustentable firma un pacto con Bachelet –mejor conocido como el Acuerdo de Chagual–, el cual contempla, entre diez puntos, la protección de los glaciares. A continuación, el gobierno les solicita a los ambientalistas redactar un proyecto de ley pertinente. “Trabajamos un año con varias ONGs, la Sociedad Nacional de Agricultura, se incorpora la Fiscalía del Medio Ambiente, y se presentó al gobierno, a la ministra Paulina Veloso, y a la ministra del Medio Ambiente. El proyecto de ley se había consensuado con sectores de la Alianza, con muchas ONGs, con el Instituto de Ecología Política. Ese proyecto la Presidenta no lo mandó a tramitación, no cumplió con su compromiso por presión de las mineras”, asegura la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín. Por aquellos días, estos primeros gestos comenzaban a despertar los resquemores iniciales al interior de la Sociedad Nacional de Minería, el Consejo Minero y el resto del rubro.

Poco después, en 2006, el senador Horvath presenta otra ley para la protección de glaciares que se aprueba en general por unanimidad en la sala del Senado. Sin embargo, al pasar a la comisión de Medio Ambiente, la normativa queda relegada tras la entrada de otros proyectos a discusión, y finalmente la iniciativa es archivada. En 2010, a medida que el anuncio del proyecto Andina 244 enciende el debate público, el proyecto de Horvath es reactivado y se inician las audiencias públicas e indicaciones. Es en dichas instancias que la molestia de las mineras con la legislación se hace más latente.

En medio de los obstáculos que enfrenta la normativa en el Congreso, el gobierno ofrece una serie de soluciones para calmar los ánimos de los ambientalistas más críticos. En 2008, se crea la Unidad de Glaciología y Nieves en la Dirección General de Aguas (DGA), de donde nace el Inventario Nacional de Glaciares, y luego, en 2009, surge la Política Nacional de Glaciares que deja a la DGA y a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) a cargo de la formulación de las políticas públicas. Esta última también contempla límites difusos al consignar que “si bien la política manifiesta la necesidad de preservación a los glaciares, se debe contemplar su manejo adecuado cuando la necesidad específica de la cuenca así lo requiera, como también se contemplarán eventuales intervenciones, si los intereses superiores de la Nación así lo exijan”.

Sara Larraín es particularmente crítica con esta iniciativa. “Es un chiste, se hizo en acuerdo con las mineras. Fue coordinada por Claudio Nilo, que después se fue a Anglo American. Define los glaciares como recursos renovables, están locos, es una vergüenza”, afirma la ecologista. En efecto, Nilo, quien fue subjefe de Recursos Naturales en la CONAMA, ingresó en 2010 a trabajar como Gerente de Sustentabilidad a la minera transnacional.

Finalmente, en diciembre de 2009, ve la luz la Estrategia Nacional de Glaciares que, entre otros objetivos, busca definir “la naturaleza y calidad de los estudios necesarios” que las empresas, cuyos proyectos afecten a estos ecosistemas, deberán presentar ante el Servicio. Esto da un respiro a las organizaciones ambientalistas que protestaban contra una falta de estándares a la hora de exigirse estos estudios, lo que era agravado por la escasez generalizada de conocimientos sobre el tema. Además, la nueva estrategia reconoce que su antecesora, la Política Nacional de Glaciares, “no tiene fuerza obligatoria (fuerza de ley), por lo que no puede obligar acciones ni emitir sanciones”.

En 2010 se introduce una modificación a la Ley sobre las Bases Generales del Medio Ambiente que termina por establecer que toda iniciativa que se localice “en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados”, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental. A partir de ello será el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, además de la CONAMA, el que deberá decidir “si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes”.

La introducción de esta modificación fue recibida de buena manera por parte de las mineras gestoras de proyectos, las que encontraron en este espacio una posibilidad de llegar a consensos. Así mismo lo expresa el Consejo Minero en una presentación elaborada en 2013, que contiene observaciones al Proyecto de Ley de Protección de Glaciares. En él plantean una postura que recuerda al discurso del ministro Badenier en el marco del seminario organizado por el Instituto Libertad. “La sustentabilidad del país requiere un equilibrio razonable entre la adecuada protección de los glaciares y sus servicios ecosistémicos y el necesario desarrollo de la actividad minera. Creemos que son objetivos compatibles”, señala el consejo, y añaden que “este principio fundamental de compatibilidad entre protección de glaciares y desarrollo minero debería inspirar el marco regulatorio”. Asimismo, aseguran que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental “es el mecanismo que debe servir de base para la búsqueda del equilibrio razonable entre protección ambiental y desarrollo del país” y, en consecuencia, se muestran contrarios a “establecer restricciones absolutas de intervenir un glaciar o desarrollar actividades en éste que puedan afectar su condición natural, como lo hace el Proyecto de Ley”.

Pero no sólo la industria minera habría sido partícipe de llegar hasta aquí con la regulación. “En la administración pasada estuvimos a punto (de que se aprobara el proyecto de ley) con el Director General de Aguas, pero tampoco prosperó. Como Ministerio de Medio Ambiente no querían avanzar mucho legislativamente en el tema. Lo pienso sanamente, se entendía que bajo la administración ambiental y el estudio del impacto ambiental el tema estaba resguardado”, detalló el senador Horvath.

En general, expertos y ambientalistas coinciden en que estas iniciativas se constituyen como un aporte a la situación actual. Sin embargo, todos comparten la apreciación de que por sí solas, sin una ley de protección de glaciares que las respalde, son insuficientes. Así lo explica la ingeniera en Recursos Naturales e investigadora del Centro del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la U. de Chile, Roxana Bórquez, quien fue además una de las autoras del libro Glaciares chilenos. Reservas estratégicas de agua dulce: “Las políticas y estrategias son importantes pero pueden cambiar según la dirección política del gobierno de turno, y no se puede dejar el tema al libre albedrío de la posición política del gobierno de turno. Además, al tener el código de aguas tan ligado al mercado y con una visión con alta tendencia hacia la mirada económica del agua, es un peligro permanente”, señala la experta.

El FACTOR FLEXIBILIDAD

Hoy, la ley de protección de glaciares impulsada por el senador Horvath se encuentra en trámite en el Senado en la Comisión de Medio Ambiente, a la espera de indicaciones por parte del gobierno. Por el momento, la discusión está enfocada en cómo definir a los glaciares, lo que a su vez dibujará directrices sobre el nivel de resguardo, entre otros temas. La propia Estrategia Nacional consigna este debate como un tema relevante a saldar: “Ni siquiera existe una definición legal sobre lo que se debe entender por ‘glaciar’, ni hay un tratamiento jurídico particular sobre las zonas o áreas que comprende o que se relacionan con estos territorios o sistemas”.

Hasta la comisión han llegado los representantes de los intereses mineros para hacer de oyentes y para expresar además sus argumentos sobre por qué la norma debe compatibilizar el desarrollo de la industria con el resguardo de los glaciares. Consultados por este medio, desde el Consejo Minero señalaron en este contexto que actualmente “la gran minería confía en que el proyecto de ley que se tramite en el Congreso buscará la compatibilidad de los servicios ecosistémicos de los glaciares y el desarrollo minero, que es fundamental para el desarrollo del país, y en esta línea estamos tratando de aportar”. Además, insisten en que “en términos generales no resulta adecuado establecer restricciones absolutas de intervención de glaciares o de desarrollar actividades que puedan afectar sus condiciones naturales”.

En tanto, desde Codelco descartaron referirse a la ley, argumentando que hasta el momento desconocen la información oficial de la iniciativa. “A la fecha, no contamos con mayores antecedentes, salvo los publicados por la prensa”, aseguran, y agregan que como empresa minera siempre han estado dispuestos a participar en los procesos de consulta para estos fines.

Horvath también es uno de los partidarios de que la normativa se concrete a través de un punto de consenso. “La semana pasada estuvieron (en la comisión) representantes de la minería y planteamos generar una instancia de acuerdo para sacar adelante la ley y buscar los puntos de encuentro, particularmente con la minería, que tienen una dinámica y un poder muy fuerte”, señaló el ex RN. Asimismo, propone que para los glaciares rocosos –que la Estrategia Nacional define como “cuerpos de hielo y rocas que evidencian flujo, a tasas muy inferiores en comparación con glaciares descubiertos, debido a que la proporción de hielo, versus volumen total, puede ser inferior al 50%”–, las intervenciones se revisen caso a caso. “Si se afecta un glaciar de roca y se hace un embalse, y se junta el agua en la misma cabecera de la cuenca, estaríamos conversando. Chile es un país de montaña. En ese tema hay que tener algún grado de flexibilidad, siempre y cuando haya estos resguardos”, agregó el parlamentario.

Otros, como Roxana Bórquez, alertan sobre lo que estos consensos pueden llegar a implicar. “Lo políticamente correcto sería buscar un consenso, pero pienso que los glaciares deben ser protegidos justamente porque existen actividades económicas que ponen en peligro su subsistencia. El rol del estado es crear valor público y hacer primar el bien común. Tenemos a los glaciares como una de las principales fuentes y reservorios de agua de las cuencas más pobladas del país y, por lo tanto, creo que el Estado debe velar por su total protección y cuidado, más aún porque no se ha demostrado que pueda ser posible una convivencia adecuada entre glaciares y las actividades económicas de alto impacto, como la minería”, asegura la experta.

Una postura no muy diferente tiene respecto de estas negociaciones el presidente de Greenpeace Chile, Matías Asún: “Hoy los glaciares están en su mayoría retrocediendo producto del cambio climático, lo que nos obliga a protegerlos. Diversos proyectos mineros en curso o con concesiones pueden verse afectados. El récord ambiental que tiene Chile no es favorable y eso hace urgente la ley de protección de glaciares. Desarrollo y seguridad hídrica no pueden competir. Sin agua no hay vida, punto”.

Por Bernardita García Jiménez

http://www.elmostrador.cl/2014/19/05/la-deuda-pendiente-de-bachelet-con-los-glaciares-chilenos/

2005