Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
BUSCAR en www.olca.cl
- Colombia: Las comunidades afectadas reclaman indemnización y sanciones por los errores de Hidroituango
19 de Mayo de 2018
Responsabilidades y dudas que deja la crisis de Hidroituango
Investigaciones penales por corrupción, establecer las presuntas irregularidades en la construcción de los túneles de desvío del río Cauca y entender por qué no había un plan B para mitigar los riesgos son algunos de los temas por resolver.
- Faltaban pocas semanas para que la Hidroeléctrica Ituango S. A. (Hidroituango) fuera presentada al país como una de las maravillas de la ingeniería colombiana. Pero desde el pasado 28 de abril sólo se dice que puede venirse abajo por la emergencia que tiene en vilo a casi 300.000 habitantes de 12 municipios y en riesgo una inversión de $11,4 billones. Hoy el objetivo para superar la crisis es construir los pocos metros que quedan de la represa para que el cauce del río Cauca no la destruya. Sin embargo, además de la emergencia, crecen las versiones sobre supuestos actos de corrupción, malas decisiones, falta de un plan B o errores crasos en la construcción de los túneles de desvío del citado río.
De superarse el problema, está claro que el siguiente paso será encontrar responsables. Si bien fue la naturaleza la que puso contra las cuerdas a Hidroituango tras el derrumbe que bloqueó el túnel por el que se estaba desviando el Cauca, para los expertos los yerros humanos también existieron. De hecho, la Fiscalía dio a conocer que le sigue la pista a la firma Camargo Correa -empresa brasileña que forma parte del consorcio encargado de las obras e implicada en escándalos de corrupción- por presuntas irregularidades en contratación y daños ambientales. Además, existen denuncias del movimiento Ríos Vivos por la muerte de cuatro de sus líderes que siempre se opusieron al proyecto y por daños ambientales que produjeron las obras.
La emergencia, que en principio fue catalogada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, como un impasse, para las autoridades locales y nacionales terminó ameritando el estado de alerta máxima. Pero sólo habrá control cuando el muro de 225 metros se logre levantar y las aguas fluyan por el vertedero. Así se podrá evitar que un caudal de 250.000 metros cúbicos por segundo arrase con parte del Bajo Cauca antioqueño. Por eso, otra de las preguntas es si existió afán para cumplir con el cronograma de obras que finalizaba el próximo 1° de julio, antes de empezar con el llenado del embalse evitando multas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) si no arrancaban en diciembre a producir energía.
La idea de construir la hidroeléctrica en el punto de encuentro de los ríos Cauca e Ituango surgió desde 1969, cuando el ingeniero José Tejada Sáenz hizo un trabajo de campo para estudiar la posibilidad de generar energía en el Cauca Medio. Con su firma Integral S. A. realizó la evaluación del potencial hidroeléctrico de la región, recogiendo información sobre hidrología, cartografía, geología, suelos y sismología. Entre 1979 y 1982, la firma de ingeniería finalizó los estudios de factibilidad del proyecto Ituango, pero tuvieron que pasar 15 años para que se creara una sociedad que impulsara la construcción de la represa, ubicada a 171 kilómetros de Medellín, en la vía que conduce a la Costa Atlántica.
Fue entonces cuando en 1998 se dio vida a la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango S. A., compuesta por la Gobernación de Antioquia, a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), la Empresa Antioqueña de Energía -hoy Empresas Públicas de Medellín (EPM)-, Isagén, Integral y la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores de Antioquia. Para 2006, la sociedad suscribió un contrato con el Consorcio Integral para complementar los estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental. Los resultados se entregaron en agosto de 2007 y varias empresas participaron en la subasta que organizó la CREG en 2008. Ganó Hidroituango y le adjudicaron la obra por 20 años.
Entonces comenzaron los trámites para la licencia ambiental, otorgada mediante la Resolución 0126 de enero de 2009. Para esa época, la Gobernación y la Alcaldía de Medellín decidieron comprar todas las acciones del proyecto. El IDEA quedó con el 50,7 % de las acciones, mientas que EPM con el 49,3 % restante. La razón, los ingresos de ambas entidades aumentarían hasta en un 30 % cuando la hidroeléctrica entrara en operación y lograra su objetivo de generar 2.400 megavatios, equivalente al 17 % de la energía total que produce Colombia. Sin embargo, en la compraventa de estas acciones también se presentaron cuestionamientos que terminaron en despachos judiciales.
Disuelta la primera sociedad, se constituyó Hidroeléctrica Ituango S. A. El trámite comenzó con la compra de predios y las reparaciones económicas a las personas afectadas por el proyecto. En 2011 se firmó un contrato tipo BOOMT entre la nueva sociedad y EPM. Consistía en que EPM se encargaba de construir y operar durante un período la hidroeléctrica hasta que entrara en funcionamiento. EPM buscó ese mismo año a los contratistas y lanzó un concurso licitatorio en el que 21 empresas mostraron interés, pero sólo participaron siete. Era un negocio atractivo, pues debían construir la represa de 225 metros, los túneles para el desvío del río y un embalse de 79 kilómetros que permitiría inundar 3.800 hectáreas.
Camargo Correa, un espejo de Odebrecht
El contrato de obra lo terminó ganando en 2012 el consorcio CCC Ituango, conformado en un 55 % por una de las grandes constructoras brasileñas, Camargo Correa, y por dos firmas antioqueñas tradicionales: Conconcreto con el 35 % y Coninsa con el 15 %. La razón es que presentaron una propuesta en la que los costos eran por $1,89 billones, una cifra 13 % menor al presupuesto que había puesto como referencia EPM, que superaba los $2 billones. La puja final se la ganaron al consorcio OMS Ituango, conformado por las firmas Minciviles, Solarte y Odebrecht. Estas dos últimas empresas son protagonistas del festín de coimas que se entregaron en la Ruta del Sol.
La adjudicación de la construcción no fue ajena a denuncias de corrupción. Se criticaron los requisitos exigidos por EPM al considerarlos excluyentes. Firmas españolas como Dragados, Sacyr y Ferrovial quedaron por fuera, al igual que otras empresas europeas y estadounidenses. En la recta final quedaron cuatro consorcios: Unión Temporal Aoco, conformada por Acciona, El Cóndor y Obras Subterráneas; el consorcio Pescadero Ituango, constituido por Andrade Gutiérrez de Brasil -investigado por corrupción-, Impregilo de Italia -en la mira por irregularidades en la Ruta del Sol-, y Conciviles de Colombia. Además, el consorcio OMS Ituango y el ganador, el consorcio CCC Ituango.
En repetidas oportunidades EPM ha sostenido que la licitación se hizo con total transparencia y que el proceso estuvo acompañado por la Procuraduría. Además, que el consorcio de Camargo Correa y compañía cumplió con los requisitos de experiencia y presentó la mejor propuesta por su bajo costo. Sin embargo, la Fiscalía hoy tiene una hipótesis diferente, pues cuenta con pruebas y testimonios que comprobarían que esa licitación estuvo amañada y que el objetivo de presentar un presupuesto de bajo costo era similar a la estrategia de Odebrecht en la Ruta del Sol: compensar las pérdidas a través de otrosíes que permitieran equilibrar las pérdidas. Por estos hechos ya se abrieron tres líneas de investigación.
Hoy, el panorama parece poco alentador por el oscuro pasado de la firma Camargo Correa, que hace un año llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de Brasil para confesar cómo, en los últimos 16 años, formó un cartel con Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, OAS, Carioca, Marquise, Serveng y Constran para amañar más de 21 procesos de contratación en los ámbitos nacional e internacional. En el pacto están 40 directivos y socios que se comprometieron a vincular a más de 200 personas del Ejecutivo y el Legislativo de Brasil y Perú que habrían recibido coimas. Entre ellos estaría el expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de recibir US$20 millones. El fiscal Néstor Humberto Martínez ya delegó un equipo especial para escudriñar todo lo sucedido en Colombia.
¿Qué pasó con los túneles de desviación en Hidroituango?
El fiscal también anunció que uno de los principales temas a investigar es el colapso del túnel de desviación del río Cauca y las razones por las cuales se taponaron los dos primeros túneles construidos. Asimismo, expertos en hidroeléctricas han cuestionado los procedimientos realizados en estas obras, mientras que otros plantean que por la premura de entregar las obras no se midieron los riesgos y jamás se pensó en un plan B. Lo cierto es que desde marzo de 2017, EPM empezó a dar luces de tranquilidad por las críticas a los retrasos en el cronograma que durante 2016 se presentaron en las obras de Hidroituango.
Ante la Asamblea de Antioquia sostuvo que, a pesar de que la CREG a través de una auditoría había establecido que la ejecución del proyecto iba 20 meses más demorada de lo presupuestado por dificultades geológicas para desarrollar obras subterráneas y de orden público, EPM y el consorcio habían logrado consolidar un nuevo plan de obras que costaría un poco más para permitir cumplir con el compromiso de entrar en funcionamiento en diciembre de 2018.
En esa dirección comenzaron las nuevas obras, como la construcción de un nuevo túnel de desviación que permitiría avanzar en las obras y así sellar los dos primeros que se construyeron. Hace cinco meses entró a funcionar, mientras que los otros los sellaron. A uno le pusieron un tapón provisional y lo inundaron. Al otro lo rellenaron con 22 metros de concreto. Sin embargo, el pasado 28 de abril, cuando la situación ya era crítica, fue imposible reabrirlos, lo que obligó a EPM a tomar la decisión de inundar el cuarto de máquinas, donde están las ocho turbinas, y de esta manera asumir los cuantiosos costos de esa decisión.
Ahora, ingenieros antioqueños se preguntan, ¿por qué esos túneles no tenían compuertas y por qué se prefirió construir uno nuevo que no estaba en los primeros diseños? La respuesta es que, al parecer, en los nuevos diseños los túneles viejos serían cerrados y las compuertas quedarían en el nuevo ante cualquier emergencia, porque era más grande. El objetivo era aprovechar al máximo el verano. Sin embargo, la tierra se vino encima, no existía un plan B para mitigar riesgos y EPM aseguró que se trató de una falla geológica. Esta situación la rechazan expertos, que sostienen que lo normal es que esas fallas se evidencien en el proceso de construcción y los derrumbes ocurran antes de finalizar las obras.
Una fuente cercana a Hidroituango sostuvo que el nuevo túnel estaba diseñado para superficie libre y no para funcionar a presión. Es decir, que no se construyó con requerimientos necesarios y podría tratarse de una falla estructural por falta de reforzamiento. Agregaron que EPM no entregó la información completa sobre lo sucedido, por lo que exigen que, a medida que se sepa la verdad, se aclaren las preguntas. A su vez, Joel Moreno, expresidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, dijo: “Los túneles de desviación siempre deben estar funcionando desde el principio hasta el final. El cierre de las compuertas debe ser la primera y última decisión, a menos de que ya las obra estén listas”.
Un dato que no puede pasar inadvertido es que la construcción de ese túnel estaba a cargo de la firma chilena Ferrovial, a la que se le pagaron cerca de $23.000 millones, pero que incumplió. Le tocó responder a Camargo Correa y al concesionario, quienes finalizaron las obras del túnel de desviación. ¿Hubo ahorro de costos? ¿Hubo premuras por el cronograma y la necesidad de aprovechar al máximo el verano para adelantar las obras? Son preguntas que generan preocupación, porque jamás se pensó en la posibilidad de que esta nueva obra, que dinamizaría la construcción, fallaría. Por eso los expertos cuestionan a la persona responsable de tomar estas decisiones en Hidroituango.
Pero el gerente de EPM, Jorge Londoño, ha defendido el proyecto manifestando que “el túnel que se había construido para evacuar estas aguas tenía todos los estudios geológicos apropiados para el desarrollo de este tipo de obras. Todas las condiciones para su construcción se siguieron de acuerdo con los estándares establecidos para el tipo de suelos encontrados en cada una de las secciones. No sólo en este, en todos los 22 kilómetros de túneles que tiene el proyecto”. En pocas palabras, que no son decisiones tomadas a la ligera, pues sin esta calamidad natural el proyecto hoy estaría funcionando con total normalidad.
De cualquier manera, para los expertos las alertas por fallas geológicas eran notorias desde los problemas que se tuvieron con el techo de la casa de máquinas, que tuvieron que reforzarlo porque se vino al piso en una oportunidad. Y también lo claro hoy es que el proyecto terminó sufriendo el retraso que en Hidroituango evitaron a toda costa. La represa se va a salvar si el agua del río Cauca empieza a fluir por el vertedero. Pero el futuro del cuarto de máquinas es incierto. Entretanto, con la expectativa de que se supere la emergencia, las investigaciones penales y disciplinarias no se harán esperar y, por eso, tanto la Fiscalía como la Procuraduría ya tomaron cartas en el asunto.