- Chile:
Por Alejandra Parra Muñoz, Candidata constituyente para el distrito 23 en lista de Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu19 de Febrero de 2021
Comercio ambulante, protección social y nueva constitución
Claudina Leal a sus treinta y tres años y junto a sus dos hijos habita y preside el campamento “Juntos hasta lograrlo” del sector Santa Rosa en Temuco. Estudió algunos años de la educación media y tiene una displasia de cadera que la mantiene en situación de discapacidad. Desde los 12 años se dedicó al comercio ambulante junto a su padre, en ferias de las pulgas vendiendo ropa usada, herramientas y otros objetos.
Por
Alejandra Parra
La displasia en su cadera le ha impedido acceder a otras fuentes laborales y luego de años de trabajo vendiendo en el centro de Temuco, se encontró con que el comercio ambulante le requirió un desempeño en extremo exigente: arrancar de carabineros y de inspectores municipales.
El ejercicio del comercio ambulante le permitió sostener a sus hijas, pagar arriendo de una casa y las cuentas de los servicios básicos. “Para mi significó harto porque aparte de ser un trabajo honrado, me llevaba el sustento para mis hijas. Después con todo esto del virus y la pandemia se me complicó harto a mí la situación, me fue súper mal, y por eso me tuve que venir al campamento”, dice Claudina.
La ordenanza municipal n°3 de Temuco, promulgada el 2018 intentó lapidar el ejercicio del comercio ambulante en el centro de dicha ciudad. Promovida por el alcalde de Renovación Nacional Miguel Becker y aprobada por el concejo municipal, esta ordenanza prohíbe el comercio ambulante en el “perímetro de exclusión”, un polígono que abarca las calles centrales, por donde pasa la mayor cantidad de gente y donde se desarrolla el comercio callejero, fuente de sustento de cientos de familias chilenas, migrantes y mapuche. Esta ordenanza permite el ejercicio del comercio ambulante fuera del perímetro de exclusión, pero sólo a quienes la Municipalidad autorice para ello, autorización válida solo por un periodo de tiempo, que rara vez se logra para la mayoría de quienes la solicitan, y que últimamente la autoridad comunal ha negado su renovación.
Entre el 2018 y el 2020 quienes vivimos en Temuco fuimos testigos de reiterados episodios de violencia policial y municipal contra personas, sobre todo mujeres, que venden en las calles como forma de vida. La Municipalidad además desarrolló una estrategia de criminalización, publicitando una imagen delictiva de los comerciantes ambulantes, estigmatizándolos como autores y cómplices de hurtos, instando a no comprar en el sector e incluso multando a consumidoras, tan humildes como las vendedoras, por comprar un trozo de zapallo o un perejil en la calle.
Organizaciones sociales y la ciudadanía temuquense en general, comenzó a mostrar solidaridad y apoyo con el sector. El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso dos recursos de amparo el 2019 por detención arbitraria, violencia física y psicológica, imputación de delitos no cometidos, tortura y tratos crueles e inhumanos sufridos principalmente por mujeres incluyendo hortaliceras mapuche, perpetrados por inspectores municipales y carabineros en el marco de la implementación forzada de la ordenanza. La misma institución interpuso 5 denuncias ante fiscalía contra carabineros por abuso contra particulares el 2019 en el marco del mismo conflicto.
La Red de Defensa de los Territorios envió el 2020, una carta a la ONU denunciando la ordenanza n°3 de Temuco así como todas las similares del país, por transgredir deberes y compromisos del Estado de Chile adquiridos por la ratificación de tratados internacionales de Derechos Humanos que consagran el derecho al trabajo, al desarrollo de actividades económicas y culturales de los pueblos originarios, a la seguridad social, a la integridad física y psíquica, y a la consulta previa libre e informada de los pueblos originarios.
“La ordenanza tuvo un impacto malo porque llegaban brutalmente violentos. Me pegaron mucho los carabineros, me llegaron a cortar un tendón de una pierna, estuve con terapia por eso” señala Claudina al recordar los hechos ocurridos en el transcurso de los años que se ha intentado implementar esta ordenanza, solo con resultados negativos para todas las partes.
Producto de todas las tensiones sufridas, la violencia policial y la imposibilidad de ejercer su actividad económica para resolver las necesidades básicas de su familia, Claudina sufrió una parálisis que la terminó alejando de las ventas callejeras. La imposibilidad de pagar su arriendo la obligó a dejar su casa e irse a un campamento, donde hoy es la presidenta. Desde ahí lucha por la instalación de agua potable para ella y todas las familias que habitan la precaria pero orgullosa comunidad del campamento “Juntos hasta lograrlo”, ubicado cerca del balneario Los Pinos del sector Santa Rosa de Temuco.
Desde Septiembre del 2020 que el estanque de agua del campamento está vacío, y tienen que pedir agua a sus vecinas y vecinos establecidos en las villas de las cercanías para cocinar y asearse. Hoy están en campaña para la recolección de donaciones que les ayuden a aliviar sus necesidades básicas de alimentación y vestuario, y gracias a la denuncia y difusión, cuentan con el compromiso del alcalde interino Jaime Salinas para el pronto y permanente llenado del estanque. El espíritu de la gente humilde es inquebrantable, y la solidaridad de la sociedad en su conjunto lo fortalece.
El caso de Claudina es una muestra de lo importante que es la economía informal en países como Chile, donde el Estado no entrega seguridad social y la gente de los sectores más vulnerados se crea empleos informales que les permiten resolver con tranquilidad sus necesidades, incluso mejor que si tuvieran un empleo formal pagado con sueldo mínimo. Es importante que existan economías informales que generen dinámicas económicas fuera del capitalismo, y de esa forma le quiten hegemonía a la economía global mercantilizadora y extractivista, que viola permanentemente los Derechos Humanos para su reproducción, no solo bajo las narices de los Estados sino que incluso bajo su protección.
La transformación del Estado de Chile en uno benefactor y garante de los Derechos Humanos, es una de las transformaciones fundamentales que deben quedar cristalizadas en la nueva constitución. Para ello, debemos luchar incansablemente no solo hasta lograr la nueva constitución que queremos, sino que todos los cambios institucionales, sociales y culturales necesarios para que podamos ejercer los derechos que dejemos consagrados en la nueva carta fundadora del país.
Por Alejandra Parra Muñoz – Máster en Planificación University of Otago, Bióloga en Gestión de Recursos Naturales, Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA, Red de Defensa de los Territorios. Candidata constituyente para el distrito 23 en lista de Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu.Fuente:
https://www.larazon.cl/2021/02/19/por-alejandra-parra-munoz-comercio-ambulante-proteccion-social-y-nueva-constitucion/530
