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13 de Diciembre de 2021

Cómo la discusión constitucional por el agua impactará en el debate sobre el modelo de desarrollo



La Convención Constituyente ya ingresó su primera propuesta de norma respecto al derecho humano al agua, con lo que se abrirá una larga discusión respecto a su prevalencia por sobre los derechos de propiedad de las industrias intensivas en el recurso. Esto, en un contexto de crisis hídrica que afecta a 155 comunas y a más de 7 millones de habitantes del país.

Por Camila Higuera - INTERFERENCIA
Imagen: Monocultivo de Paltos en la comuna de María Pinto

La semana pasada circuló la noticia de que la escuela Escuela Básica Fernando García Oldin, de la localidad de Hierro Viejo en la comuna de Petorca, se vio obligada a suspender sus clases presenciales debido a los cortes de agua por la crisis hídrica que afecta a la zona por el cambio climático y el uso indiscriminado del agua para actividades de monocultivo de paltos.

En Petorca el acaparamiento del agua ha secado las cuencas hidrográficas, provocando un impacto en el ecosistema y en sus casi 10 mil habitantes, donde cerca de 80% de ellos se ven privados del derecho humano al agua. Es por esto que, más de siete mil pobladores de dicho municipio deben abastecerse de agua mediante camiones aljibes.

En este contexto, donde es clave adoptar medidas urgentes y drásticas para desacelerar el cambio climático, la Convención Constituyente está abordando cómo el Estado responderá al problema, partiendo de la base de que el agua se trata de un derecho humano y de la naturaleza, por lo que este tema es considerado en la Convención como una deuda histórica.

Según el estándar internacional establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un ser humano necesita entre 50 y 100 litros diarios para el consumo personal y la higiene. Y siendo Chile el tercer país del mundo con mayor cantidad de reserva de aguas dulces gracias a sus más de 3 mil glaciares, el 76% de su población se ve afectada por la sequía.

Agua de mercado

El origen de la crisis hídrica que afecta el país radica en que las grandes empresas mineras, forestales, hidroeléctricas, termoeléctricas y agrícolas concentran cerca del 94% del uso nacional de agua. Esto ocurre por el modelo económico que se instaló durante la dictadura, que -en la práctica- privatizó los recursos naturales y creó el Código del Agua (1981) mediante un decreto, el que inauguró el sistema del dominio y aprovechamiento de aguas abierto básicamente al mercado.

El artículo 5º de dicho Código establece que “las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”. En este se le otorgaron amplias facilidades a los privados que han inscrito, arrendado o comprado derechos de aprovechamiento, quienes también tienen el derecho de utilizar los medios necesarios para que este se cumpla y “puede hacer, a su costa, las obras indispensables para ejercitarlo”, según indica su artículo 9.

Entre aquellas obras que particulares pueden realizar para asegurar su derecho de aprovechamiento, se indica que estos incluso pueden desviar los flujos naturales de los cauces hídricos. “El dueño de un predio puede servirse, de acuerdo con las leyes y ordenanzas respectivas, de las aguas lluvias que corren por un camino público y torcer su curso para utilizarlas. Ninguna prescripción puede privarle de este uso”, dice el artículo 11.

El agua: un pilar de discusión constituyente

La demanda por garantizar el derecho al agua, respetar su ciclo natural y poner fin al modelo extractivista se ha manifestado desde hace tiempo mediante organizaciones de base por la defensa del agua y la naturaleza.

De esta manera, al ser muchos convencionales electos provenientes de esas organizaciones, o sensibles al tema, la discusión se ha presentado como uno de los principales mandatos que tienen los Convención en el proceso de la construcción de la nueva Constitución.

Para la convencional Carolina Vilches (Movimientos Sociales Constituyentes), integrante de Modatima Petorca, el debate en torno al agua y a la crisis ecológica que afecta al país debe abordar tanto el aspecto humano como el medioambiental del conflicto, para así impulsar y garantizar medidas de reparación en ambos sentidos.

“Creo que efectivamente hay víctimas del extractivismo. Hay situaciones en las que el mismo Estado le ha entregado derechos provisionales a obras públicas para concesiones que han afectado el derecho de aprovechamiento de agua histórico que tienen los campesinos en los canales”, dice Vilches a este medio.

En ese sentido, la convencional, geógrafa y una de las fundadoras de la primera oficina municipal de Asuntos Hídricos del país, explica cómo en su localidad se han tomado diversas medidas para poder almacenar agua. “En Petorca hemos practicado la cosecha de agua lluvia no solo en techos, sino que en el cerro también, haciendo curvas de nivel, zanjas de filtración y de recepción de aguas”.

“La mayor reparación que nosotros estamos buscando es que el río vuelva a fluir y que el agua sea garantizada para las comunidades”, puntualiza Vilches.

El problema radica en que los derechos de aprovechamiento de aguas fueron entregados a grandes agricultores que especulan con este recurso, al mismo tiempo que continúan plantando paltos -intensivos en el consumo de este bien- haciendo tranques y sobreexplotando las cuencas hidrográficas.

Además de Vilches, la Convención tiene una importante presencia de activistas medioambientales que desde septiembre se denominan como Eco-constituyentes y que buscan precisamente escribir la nueva Constitución con un enfoque ecológico que garantice los derechos de la naturaleza.

El grupo transversal está conformado por sobre 30 convencionales de escaños reservados, Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Chile Digno, Pueblo Constituyente, Independientes No Neutrales (INN) e independientes.

La primera acción que realizaron desde Eco-constituyentes fue declarar a la Convención en Emergencia Climática y Ecológica, iniciativa que fue aprobada casi por unanimidad y que se realizó en el marco del resultado del informe 2021 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

Días después, cuando la Convención estaba en el periodo de la confección de sus reglamentos, se estableció de manera mayoritaria que en la Comisión de Medio Ambiente se debe abordar el “Derecho humano y de la naturaleza al agua y estatuto constitucional del agua”, mientras que en la Comisión de Derechos Fundamentales se tiene que discutir el “Derecho humano al agua y saneamiento; y otros derechos humanos ambientales”. Además, este último espacio también tiene la labor de tratar el modelo económico que regirá al país.

Es por esto, que los convencionales tienen la tarea de abordar la temática que está intrínsecamente ligada con el modelo económico que instalará la nueva Constitución. Y es que entre las consignas que se escuchaban con más fuerza durante el Estallido Social, era la exigencia de ponerle fin al sistema neoliberal que fue impuesto durante la dictadura por los Chicago Boys y que ha imperado en el país por 50 años, el que se expresó en el Código de Aguas en particular para este tema.

En conversación con INTERFERENCIA el convencional Fernando Salinas (Pueblo Constituyente), plantea que la crisis ecológica y socioeconómica alcanzó tal punto que las demandas por cambiar el sistema neoliberal nacieron del pueblo “no para tomarse el poder, sino que para exigir un cambio significativo en cuanto al equilibrio de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad”.

El convencional además agrega que para lograr esto “necesariamente se tienen que hacer cambios en la matriz de producción, en la distribución, en la manera que consumimos y cómo nos relacionamos con las corporaciones internacionales, que llegan a hacer lo que quieren, no pagan impuestos, dejan el vacío ambiental y se van”.

El cambio de los derechos de propiedad sobre el agua ha sido ampliamente resistido por los sectores industriales, agrícolas, mineros y más conservadores del país. Y es que se plantea que limitar dichas actividades en función de la protección del medio ambiente tendrá un efecto sobre la economía nacional.

Actualmente, la actividad minera en Chile aporta parte importante de los recursos económicos con los que opera el país. Según el Consejo Minero –agrupación gremial donde participan las grandes empresas mineras que operan en el país– cerca del 15% del PIB y el 20% de los ingresos fiscales ingresan a través de la industria minera. Es decir, el aporte económico de este negocio es considerablemente mayor al de otros sectores. El rubro agrícola aporta cerca del 4,3% del PIB, mientras que el forestal lo hace con el 1,9% de este.

Ya en 2019 Codelco advertía de cómo la escasez hídrica significaba un peligro inminente para la industria. Ese año el entonces director ejecutivo de la empresa estatal, Nelson Pizarro expuso que aquella crisis ponía en riesgo el nivel de producción de la minera de cobre, lo que los había obligado a estudiar otras alternativas para disminuir el consumo del agua.

En septiembre del presente año, el medio Tomate Rojo publicó un reportaje titulado Radiografía a la agroindustria en la Convención Constitucional, que dejó constancia de que 11 convencionales presentan conflicto de intereses por estar involucrados en dicho mercado mediante derechos de aprovechamiento de aguas, por su participación o el de familiares directos en sociedades vinculadas al rubro agrícola.

Entre estos se encuentra el convencional Harry Jurgensen (RN) quien a través de la sociedad Agrícola Chifín Ltda., de la cual controla 91,27%, posee tres derechos de aprovechamiento. Algo similar ocurre con Martín Arrau (UDI) y Luis Mayol (RN).

Consultados convencionales de Vamos por Chile sobre la discusión sobre el agua, prefirieron no referirse al tema hasta terminado el periodo de las audiencias.

Contexto de sequía

Según la Dirección General de Aguas (DGA), organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el déficit anual de lluvias se encuentra entre el 100% y el 40%. Esto ocurre en gran parte debido a que el ciclo natural del agua está siendo gravemente interrumpido por la acción agrícola, industrial y minera.

Tan solo en noviembre de este año, la DGA dictó tres decretos declarando zonas con escasez hídrica. Estas fueron en la comuna de Calera de Tango de la provincia del Maipo, la provincia de Copiapó y la Región de Los Ríos. En septiembre se dictaron otros cinco decretos, mientras que en agosto ocurrió lo mismo con ocho puntos del país, entre ellos las provincias de Petorca, Valparaíso y San Antonio.

Según indica el sitio web de la DGA, actualmente 155 comunas de seis regiones del país (44,8% del total de comunas) se encuentran con decretos vigentes que han declarado la escasez hídrica, afectando a más de 7 millones de habitantes.

Impacto industrial

En el país, el 73% del consumo total de agua está concentrado por la actividad agrícola, el 12% por el sector industrial y el 9% por la minería, mientras que para el uso doméstico se concentra un 6%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

Estas cifras ofrecen una perspectiva respecto del impacto de la actividad económica en el uso del agua, y en la crisis hídrica, la cual para algunos constituye un ecocidio.

La presencia de grandes empresas en Chile en las actividades minera, forestal, de generación energética y de extracción de materias primas ha alcanzado niveles preocupantes para organismos fiscalizadores de los derechos humanos.

Por ejemplo, esto quedó en evidencia con el conflicto provocado por el proyecto Pascua Lama, donde Barrick Gold, la minera de oro canadiense de carácter transnacional más grande en el mundo, que pretendía instalar una mina a rajo abierto en la cordillera de los Andes con una inversión superior a los US$ 3.000 millones. El plan de la empresa afectaba directamente a las comunidades diaguitas de la zona del Valle del Huasco y su patrimonio ancestral, así como a los glaciares y recursos hídricos con los que se abastecen los pequeños agricultores locales.

El proyecto despertó una gran movilización en contra, lo que llevó a la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos a presentar una demanda en contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Algunos años después, en 2013 durante el 149º Periodo de Sesiones de la CIDH, esta recibió una audiencia donde 30 organizaciones de todo Latinoamérica expusieron de manera inédita sobre la responsabilidad que tienen los Estados de origen de las empresas extractivistas en los conflictos medioambientales que provocan sus proyectos.

A raíz de esto se emitió un contundente informe titulado El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá, donde se analiza la particularidad del país norteamericano y cómo este es responsable del 80% de la actividad minera en Latinoamérica. Al momento de la confección del escrito, este contabilizó un total de 198 conflictos activos a causa de la megaminería, donde 34 de ellos estaban ubicados en Chile.

Sin ir más atrás, recientemente INTERFERENCIA publicó el artículo Expertos de la ONU advierten que la especulación financiera daña los derechos humanos en materias de vivienda, agua, alimentos y medio ambiente en el cual se especifican a nivel general los impactos de estas industrias con el agua y otros derechos.

La tarea de la Convención

Cómo resguardar él derecho al agua y conciliarlo con el desarrollo industrial y sus derechos de propiedad adquiridos, es tarea particular de la Comisión de Medio Ambiente, la cual tendrá que necesariamente discutir el modelo económico.

En ese sentido, la convencional Carolina Vilches manifiesta que “los cambios tienen que ser graduales, tenemos la responsabilidad de los Estados y entendemos que los modelos económicos deben ir primero por la protección de las comunidades y el ecosistema y luego por la exportación y los negocios transfronterizos”.

Para el convencional Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente) todo el sistema que administra los recursos hídricos funciona de mala manera puesto que estos no trabajan con una visión integral sobre el uso del agua y el impacto que este tiene en los diversos factores de la naturaleza.

“Hoy cuando hablamos del agua vemos que hay diferentes organismos que velan por su cuidado, uso y fiscalización. Pero cuando hablamos del agua en esta nueva Constitución, creo que se tiene que generar una nueva autoridad autónoma que vele por el uso del agua de manera eficiente, siempre pensando en las futuras generaciones. Este organismo debe poder canalizar las diferentes denuncias, tanto por el robo de aguas, el desvío de cauces, subutilización del agua subterránea o de las quebradas”, manifestó Caamaño a esta redacción.

En la misma línea, el convencional agregó que como eco-constituyentes han barajado la posibilidad de hacer una norma transitoria que permita hacer un catastro completo sobre las personas y comunidades que se han visto afectadas por lo que denominan extractivismo, para así poder generar medidas de reparación y garantías de no repetición tanto para los habitantes de los territorios como para los ecosistemas.

“El Estado debe tener un rol constante y permanente en la recuperación, regeneración y restauración de los ecosistemas que han sido afectados. A su vez esto debe ir de la mano con un catastro a nivel nacional de los diferentes conflictos socioambientales y también territorios en sacrificio que existen”, puntualizó el convencional.

Primera propuesta de norma

El jueves pasado 16 convencionales ingresaron una propuesta de norma constituyente que busca garantizar el Derecho Humano al agua y al saneamiento en la nueva Constitución mediante un artículo que manifiesta que ambos aspectos constituyen garantías indispensables para una vida digna.

“Teniendo en consideración el actual estado de emergencia climática, la necesidad que el derecho al agua y el saneamiento sean reconocidos como esenciales para la realización de todos los derechos humanos, y la protección de los ciclos de la Naturaleza, nos parece indispensable que este derecho debe ser consagrado en la nueva Constitución”, dice el preámbulo del documento ingresado.

La propuesta de norma fue patrocinada por 16 convencionales de MSC, Frente Amplio, Pueblo Constituyente y Chile Digno. Además, recibió la adherencia de otros 43 convencionales de todos los sectores, exceptuando a los de Vamos por Chile, quienes defienden la importancia del agua para los humanos y para la preservación de todas las formas de vida.

“La privatización de las aguas ha sido el preámbulo de la destrucción de los ecosistemas en Chile, generando un mercado de las aguas que ha circunscrito el necesario derecho humano al agua a bienes transables”, manifiesta el escrito.

En ese sentido, la propuesta de norma establece que “toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas”.

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