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- Ecuador - Chile:

13 de Marzo de 2022

Ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador: “Los derechos de la naturaleza son condición para los derechos individuales y colectivos”



INTERFERENCIA conversó con Alberto Acosta sobre la discusión en la Convención respecto a los cambios de paradigma que significa que los derechos de la naturaleza estén garantizados a nivel constitucional. Acosta actualmente es juez del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, el cual sesionó por primera vez Chile en diciembre de 2019 para abordar temas como la privatización del agua y la actividad minera que explota el litio en el desierto de Atacama.

Por Camila Higuera - INTERFERENCIA

Entre jueves y viernes de la semana pasada el Pleno de la Convención rechazó ’en general’ y ’en particular’ la totalidad de la propuesta constitucional elaborada por la Comisión de Medio Ambiente, exceptuando el segundo inciso del artículo 1 que propone que “el Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza”.

La Comisión -duramente atacada desde el sector empresarial- vio el rechazo a sus artículos en el Pleno, con críticas a la redacción de las propuestas. Por otro lado, se indicó que faltaron acuerdos y cohesión entre los colectivos. No obstante, el Frente Amplio (FA) decidió no incorporar a ninguno de sus 17 convencionales a dicha Comisión, mientras que el Colectivo Socialista (CS) solo cuenta con la presencia de Trinidad Castillo en el espacio, con lo que no se produjo el trabajo de coordinación necesario entre la Comisión y el Pleno.

Más allá del traspié, el tema medioambiental sigue siendo prioritario en la discusión constitucional y la defensa de la naturaleza, un contenido específico ineludible.

En este contexto, INTERFERENCIA conversó con el abogado ecuatoriano Alberto Acosta, quien fue el primer presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador que redactó la Constitución entre noviembre de 2007 y octubre de 2008, reconociendo de manera inédita los derechos de la naturaleza.

Acosta actualmente es juez del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, el cual sesionó por primera vez Chile en diciembre de 2019 para abordar temas como la privatización del agua y la actividad minera que explota el litio en el desierto de Atacama.

Esta semana, estuvo en Chile junto a una delegación experta en temas medioambientales para compartir sus conocimientos sobre los derechos de la naturaleza con la Convención Constituyente.
Acosta tiene la convicción de que los derechos humanos no pueden alcanzar su plenitud sin el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y entre los varios aspectos que rescata de la Constitución ecuatoriana, es que esta establece que Ecuador es un país libre de transgénicos en vista de la garantía de la soberanía alimentaria.

Para Acosta “una Constitución que en pleno siglo 21 no reconoce a los derechos de la naturaleza es una Constitución antigua y enquilosada, que no entiende el mensaje que estamos recibiendo desde hace rato desde la tierra y la naturaleza en general”, dice.

– El sector empresarial usa el ’desarrollo sustentable’ como una solución amigable para la actividad industrial y extractivista. Al mismo tiempo, esto ha sido duramente criticado por los ambientalistas, y señalado como greenwashing. Usted mismo ha indicado que es imposible el equilibrio entre economía, sociedad y ecología, puesto que el capital es el eje articulador...

El tema es que en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro se produjo un avance muy importante para esa época, porque se le incorporó la ecología en los temas de discusión. Pero, se equiparó la ecología con la economía y con la sociedad.

Siendo un avance a esa época, ahora sabemos muy bien que la economía siempre y en todo momento tiene que estar subordinada a los seres humanos. Eso me parece fundamental.

No se puede hablar de equilibrios macroeconómicos que se sustenten en el desempleo, en el hambre, la desnutrición, la falta de educación. No se puede hablar de economía estable.

Pero, los seres humanos tenemos que vivir siempre en armonía con la naturaleza. Por eso ahora cualquier proyecto productivo debe tener una garantía de sustentabilidad y eso me parece que es fundamental.
Inclusive yo diría que sin derechos de la naturaleza no puede haber en ningún momento derechos humanos plenos. Siempre estará faltando algo.

– La actual Constitución chilena establece el "derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación" y que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado. No obstante, en la práctica esto no se ha cumplido, lo que tiene al país en una crisis ecológica.

El asunto es que el derecho al ambiente sano es un derecho humano en una visión antropocéntrica. Parte de la necesidad que tenemos los humanos de vivir en un entorno que nos garantice calidad en la vida, no contaminado, no deforestado ni destrozado, porque en ese entorno bien sabemos que las condiciones de vida son normalmente muy precarias.

De tal forma, el derecho al ambiente sano es un derecho humano. Y eso está en casi todas las constituciones del mundo. En América Latina estamos incorporando aquel derecho desde los años 40 en nuestras constituciones.

Pero, los derechos de la naturaleza no son iguales a los derechos ambientales. Es otro tipo de cuestión, de aproximación y lógica. Los derechos de la naturaleza hablan del derecho de todos los seres vivos incluyendo a la misma Tierra a existir y que se garantice su estructura, sus ciclos ecológicos, su capacidad de resiliencia y de recuperación.

Entonces hablamos de derechos que son para todos independiente de la utilidad que puedan tener para los seres humanos. Son distintos tipos de derechos.

Es decir, la justicia social, el tema ambiental y la justicia ecológica se complementan y se potencian. No son contrarios, ni uno subordina al otro. Por eso decía que sin derechos de la naturaleza no habrá derechos humanos plenos. Es imposible.

Es más, los derechos de la naturaleza son la condición básica para la existencia y libertad de los derechos individuales y colectivos. Por eso podemos decir con absoluta claridad que sin derechos de la naturaleza la libertad es una ilusión.

– La semana pasada se rechazó todo el informe de la Comisión de Medio Ambiente que buscaba instalar los primeros principios en la materia. Esto se dio en un contexto de ataques externos a la Convención, así como a críticas internas. En perspectiva de esto ¿cuáles son los aspectos claves que debe considerar el espacio constituyente en cuanto a discusiones como el agua y la concepción privada que existe sobre ella?

Lo primero es que fue rechazado ese primer paquete de proyectos. Debo reconocer que fue un texto muy poco prolijo. No fue bien redactado, tenía repeticiones y problemas de lógica en la redacción. Ahora, en los principios ahí planteados, a mi me parece que deben ser recogidos, recuperados y aprobados en el texto constitucional.

Ese es un tema que tendrán que resolver en la Comisión y el Pleno tendrá que volver a abordarlos.
En relación al tema del agua, ese es un tema crucial acá en Chile. Estamos viendo cómo se siente toda esta crisis hídrica. La tensión hídrica es sumamente elevada aquí en Chile. Hay sitios donde la gente vive la sequía, la cual se sigue agudizando por esta lógica extractivista e incluso por los problemas que se derivan de procesos de urbanización descontrolados. La misma ciudad capital, Santiago de Chile, tiene ya 8 millones de habitantes y graves problemas.

Yo diría que desde el lado de los derechos constitucionales, el agua tiene que ser abordada con diversos criterios muy inteligentes y radicales. Cuando digo radicales, quiero decir que es porque hay que ir a la raíz de los problemas, sino serán soluciones parche.

En concreto, el agua a mi juicio tiene que ser visto como un derecho humano fundamental. Eso está establecido en la Constitución de Ecuador y en la declaración de la ONU de julio de 2010 se habla del agua potable. En Ecuador se habla del agua en general. El derecho al agua tiene que estar garantizado por el Estado y estar indicado claramente en la Constitución.

Luego, hay que abordar el tema del agua desde los derechos de la naturaleza, porque el agua es vital para la naturaleza. Nosotros mismos somos agua. Entonces, cuando hablamos de agua tenemos que tener conciencia de la prelación en el uso del agua.

A mi me gustaría que en la Constitución chilena se establezca con absoluta claridad que primero es el agua para los seres humanos. Segundo, para la soberanía alimentaria y no confundirla con la agroexportación ya que eso no es soberanía alimentaria.

Tercero, el agua debe tener garantizada su ciclo vital. No se puede secar un río para realizar actividades hidroeléctricas. No se puede secar un río para regar campos de agroexportación. El río tiene su ciclo vital que debe ser garantizado.

Por eso en muchas partes del planeta donde no se han constitucionalizado los derechos de la naturaleza, se están constitucionalizado los ecosistemas como los ríos. Eso ha sido en Colombia, Nueva Zelanda, la India o Estados Unidos.

Ya es una realidad que los ríos son sujetos de derechos.

En cuarto lugar está esa relación entre seres humanos, la soberanía alimentaria y el ciclo vital del agua, que tiene que ver con las actividades productivas. Yo creo que eso es fundamental y el caso de Chile es dramático. La situación que ustedes tienen donde el agua está mercantilizada en extremo, es una situación insostenible y no tiene futuro.

– En la Constitución de Ecuador se le da alto énfasis a la soberanía aimentaria y en su artículo 15 se plantea la prohibición de la introducción de “organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas” ¿Esto va en la línea de que en virtud de la exportación se han introducido especies que generan un alto impacto en los ecosistemas, como ha ocurrido con el monocultivo de pinos y eucaliptos en la zona centro sur de Chile?

Esto de las plantaciones de eucaliptos también se ve con las plantaciones de aguacate [palta], donde al ser monocultivos que demandan mucha agua generan una gran afectación.

Lo que me parece fundamental es tener claridad sobre qué significa la soberanía alimentaria. No se puede confundir con seguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria por ejemplo es una de las cosas que está flotando alrededor de la guerra de Ucrania, porque Ucrania es el granero de Europa y entre otras cosas, no solo se disputan el tema de la presencia de fuerzas armadas más o menos cerca de la frontera rusa, sino que también la posibilidad de controlar esas enormes extensiones para producir cereales.

Es un tema de seguridad alimentaria para Europa occidental, para Rusia e incluso para China que intenta acceder a esos cereales a través del comercio.

Mientras que el tema de la soberanía alimentaria parte de una visión diferente que nos dice que debemos garantizar una perspectiva constitucional del derecho de quienes producen los alimentos, particularmente campesinas y campesinos para poder sostener su producción sin presencia de cadenas tecnológicas que les subordine a lógicas externas.

Ahí por ejemplo aparecen los agroquímicos y todo lo que significa las semillas transgénicas. Y por eso es muy importante garantizar la libertad de las semillas locales y autóctonas y además irnos liberando de los agroquímicos.

Veamos lo que está sucediendo en la actualidad, una de las primeras consecuencias y la crisis que viene desde antes agudizada por la crisis derivada por la guerra en Ucrania es que los agroquímicos están subiendo los precios de una manera vertiginosa. Eso nos lleva a pensar en clave de soberanía alimentaria y en soberanías del país, a tener otro tipo de agricultura.

Así como se garantiza el derecho de los productores, sobre todo de los pequeños y medianos, a producir alimentos sanos de calidad, libres de transgénicos y de agroquímicos para el consumo de la sociedad, hay que garantizar que es la otra parte de la soberanía alimentaria para mi fundamental e igualmente importante. Esto es el derecho a consumir alimentos sanos. Es un derecho nuestro, de consumidoras y consumidores. Eso también debía quedar claro en la Constitución ecuatoriana.

Sí hay varias referencias a la soberanía alimentaria ahí, pero creo que debería haber sido más categórica la defensa de la soberanía alimentaria integral. Por el lado de la producción y del consumo.

Naturalmente eso implica una serie de otros principios, como el acceso a los mercados locales, asegurar los créditos adecuados y los sistemas que alienten esa producción local para la alimentación local. No es cuestión simplemente de tener enormes extensiones de tierras destinadas a producir alimentos que se exportan.

Chile es un país que exporta alimentos pero tiene problemas muy serios por esa lógica de los monocultivos. Hablamos del estrés hídrico y de la crisis hídrica que genera deforestación, mayor concentración de la riqueza, mayor uso de agroquímicos y de tecnología. Entonces hay que darle un vuelco y creo que hay varios elementos que nos ayudan a trabajar en ese sentido.

En Ecuador establecimos un artículo que me gusta mucho y que lo rescato desde la economía. Y es que Ecuador es un país libre de transgénicos. Muchas cosas que están establecidas en la Constitución no se cumplen, lo que no quiere decir que no haya que seguirlas defendiendo. Entonces yo diría que un país libre de transgénicos, inclusive desde una perspectiva de negocios y de exportación, es fundamental en la medida que se aseguren alimentos sanos, que pueden conseguir mejores precios que en los mercados internacionales.

– Durante el proceso constituyente de Ecuador y la discusión de los derechos de la naturaleza ¿Cuáles fueron los aspectos con los que costó más llegar a consenso entre los integrantes de la Asamblea?

En puntos como la soberanía alimentaria, el tema de la producción y consumo sustentable, derechos de la Naturaleza y ambientales efectivamente hubo algunos puntos de mucha conflictividad, que inclusive nos provocaron ciertos enfrentamientos dentro del partido de gobierno.

Yo formaba parte de la Asamblea PAIS de la Asamblea Constituyente, que teníamos una mayoría realmente importante ya que de los 130 escaños teníamos 80. Logramos en algunos momentos tener alianzas de 104 o 106 asambleístas. Es decir, teníamos una enorme mayoría. Además, nosotros no teníamos la trampa de los 2/3, que es una trampa perversa. Nosotros teníamos la mayoría del 50% + 1. Con eso ya era suficiente y así debería ser.

Luego vino el referéndum aprobatorio que era una verdadera apuesta arriesgada porque había que conseguir el 50% de todos los votos emitidos. Es decir, que el voto por el Sí tenía que ganarle al No, al nulo y al blanco, lo cual era mucho. Pero ese fue el mecanismo que nosotros planteamos para la Asamblea.
¿Cuáles fueron esos puntos de conflicto y difíciles? Por ejemplo, el agua.

Incluso había asambleístas del movimiento oficial que planteaba derechos de la naturaleza, el buen vivir y transformaciones estructurales, pero que defendían los intereses de empresas privadas suministradoras de agua.

Entonces hubo un enfrentamiento con ellos, pero logramos la mayoría para avanzar. También hubo algunos que no entendían lo que significaban los transgénicos o los organismos genéticamente modificados y logramos avanzar.

Además, hubo ciertas complicaciones cuando hablamos sobre la consulta previa, libre e informada con el consentimiento también libre e informado. Eso se resolvió en parte para los pueblos indígenas, ya que quedó expresamente estipulada la consulta previa, libre e informada. Y se reconocen como parte de la Constitución todos los tratados internacionales de pueblos indígenas como el del Convenio 169 de la OIT, que asegura la consulta previa.

En el caso de las consultas ambientales para el resto de la sociedad no quedó claramente establecido el tema del consentimiento previo y naturalmente eso ha generado una serie de tensiones. De todas maneras, la consulta ambiental para el resto de la población debe cumplir estándares internacionales, algo que no ha sucedido.

Es el caso de la presencia de la empresa chilena Codelco, que es parte del extractivismo imperialista. Yo lo llamo el imperialismo chileno en el Ecuador, ya que es terrible lo que está haciendo Codelco en nuestro país.

Yo lo anotaría como un asunto que generó tensiones por el asunto de la soberanía alimentaria, porque el presidente Correa no estaba interesado en que la soberanía alimentaria fuera un derecho, sino que sea una atribución del Estado el otorgarla. Por eso hay algunas contradicciones en varios artículos. Hay que remitirse al capítulo sobre soberanía alimentaria donde se reconoce con mucha mayor claridad el espíritu del constituyente.

En ese contexto, también, en medio de la Asamblea Constituyente de Montecristi, les pedimos un mandato constituyente. No olvides que en Ecuador hubo un proceso constituyente y no un proceso constitucional.
El proceso constituyente no puede trabajar en paralelo con el Congreso Nacional. Nosotros cerramos el Congreso Nacional y para nosotros eso fue fundamental.

Incluso el presidente Rafael Correa presentó su renuncia. Nosotros no le aceptamos la renuncia, en el estricto derecho podríamos haberla aceptado, pero no era parte del proceso.

Luego, Correa naturalmente se distanció de los planteamientos básicos de lo que llamábamos revolución ciudadana, que termina sin ser revolución y sin nada de ciudadanía.

Entonces, tenemos un tema ahí en el ámbito extractivista minero. Les pedimos un mandato minero, que creo que fue el Nº6 del 18 de abril de 2008 y que establecía una serie de limitaciones de la actividad. Saltaron las empresas mineras, pero Correa les salvó inmediatamente, y claro, no se cumplió lo que establece el mandato minero. No se cumple lo que establece la Constitución, porque Correa es otro presidente extractivista, como cualquiera de los que ha habido antes.

– Usted menciona que no se ha puesto en práctica todo lo establecido en la Constitución respecto a los derechos de la naturaleza ¿Podría abordar algunos de esos puntos que han sido más difíciles de implementar? y ¿esto ha pasado por falta de voluntad política o por argumentos de corriente económica?

Los derechos de la naturaleza representan una ruptura profunda con la lógica anterior. No es más una visión antropocéntrica. Es una visión biocéntrica y esto implicaría un giro copernicano en lo político, social, económico y cultural. Tenemos que entender que los seres vivos merecen que se les garantice su existencia.
Eso implica un cambio profundo. En la práctica no se puede esperar que de la noche a la mañana lo que se establece es una Constitución transformadora se haga realidad. Porque una Constitución transformadora no solo busca establecer nuevas reglas del juego para las relaciones actuales de la sociedad, sino que en tanto Constitución que prefigura un proyecto de vida en común, tiene que abrir los canales para ir caminando en esa lucha.

En el ámbito de los derechos de la naturaleza, hubo varias explicaciones de por qué no pudieron ser aplicadas.

Uno, porque no es fácil dar ese salto que es de carácter civilizatorio. Porque incluso para amplios segmentos de la sociedad, al principio especialemente, era algo completamente extraño. Dos, jueces y juezas no están preparados para eso. Tienen otra lógica, otra forma de entender el mundo.

Tres, no hubo voluntad política del gobierno de Correa. Cuando él autoriza la explotación del petróleo de una zona que se estaba pretendiendo proteger por muchas razones, incluso por la presencia de pueblos en aislamiento voluntario por su enorme biodiversidad. el día 15 de agosto de 2013 dice textualmente que "es un error creer que los derechos humanos se subordinan a los supuestos derechos de la naturaleza". Él nunca entendió lo que eran los derechos de la naturaleza. Por su puesto que no hubo voluntad política.

Cuarto, las empresas mineras y los mismos gobiernos siguen sin asumir los derechos de la naturaleza. El caso de la defensa de Codelco, que es dramático, se ve como esta empresa contrata al bufete de abogados más costoso y poderoso de Ecuador, ¿aliada con quién la empresa? Con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Energía y Minas, con la presidencia, con la Procuraduría General del Estado. Ellos rechazan los derechos de la naturaleza. Es terrible, dramático.

Entonces, en ese escenario, uno podría decir que esto no tiene futuro. Falso, tiene mucho futuro.

Hay 57 casos registrados en donde se han planteado las denuncias de los juzgados de los derechos de la naturaleza, incluso a nivel de la Corte Constitucional. Y en la mayoría de esos casos se está dando la razón a los derechos de la naturaleza. Están ganando estos derechos.

Esto es interesante, porque los derechos de la naturaleza van de la mano de los derechos humanos y la mayoría de las veces al derecho a la consulta. Y muchas veces no hubo consulta, por lo que vuelvo a decir que los derechos de la naturaleza y los derechos humanos se complementan.

En realidad no va a haber justicia ecológica si no hay justicia social. Y no habrá justicia social si no hay justicia ecológica. Si solo nos preocupáramos del tema ambiental, estaríamos haciendo un ejercicio de jardinería.

Eso no es lo que se está buscando, porque no se plantea una naturaleza intocada, pero tampoco se pueden destruir las bases de la naturaleza, que son las bases mismas de la existencia de los seres humanos.
No va a haber economía si destrozamos la naturaleza. Ese sería un mensaje para los empresarios que creen que hay que seguir atropellando a la naturaleza. Puede que en el cortísimo plazo, sigan haciendo enormes negocios. Pero en un mediano y en un largo plazo eso es insostenible.

– En relación a lo que indica sobre Codelco. Esto abre la discusión a la responsabilidad internacional de los países de origen de las empresas trasnacionales y extractivistas que llegan a otros países a depredar los territorios para luego marcharse. Es complejo establecer a nivel constitucional esa responsabilidad internacional. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizo un informe que aborda el impacto que han provocado las empresas mineras canadienses en Latinoamérica, reconociendo su responsabilidad en los conflictos medioambientales de la región ¿Cree que esto debiera ser materia constitucional?

Te entiendo perfectamente y me acabas de dar una idea. No había pensado que eso debiera ir en la Constitución chilena, pero creo que debe ir en la Constitución. Esto es algo que se está discutiendo en varios países europeos.

En Suiza hubo un referéndum, creo que fue el año pasado. Y en Alemania también se está discutiendo lo que se conoce como la Ley de Cadena de Suministros, que es la Ley que establece la responsabilidad de las empresas europeas –sean suizas, francesas o alemanas– en terceros países.

Eso me parece que también se podría incorporar en la Constitución chilena, pero con un esquema de doble vía. Así, como se suscriben estos convenios de protección de inversiones que subyugan a la soberanía de nuestros países a los tribunales internacionales, se podrían firmar convenios de responsabilidad con los países, para que los que quieran invertir en Chile concretamente –empresa china, española, canadiense– se comprometan a ser responsables de los daños ambientales que puedan provocar. Sería un paso fantástico. Lo mismo para las empresas chilenas que salen a invertir afuera que sean responsables de los daños que provocan.

Hay un caso que es paradigmático. En noviembre de 2015 hubo un derrame minero por una ruptura de un dique de cola de una relavera en Brasil. Esa relavera fue inspeccionada uno o dos meses antes por una empresa alemana que dijo que estaba todo bien. Y en dos meses se rompió el dique, provocando una destrucción impresionante. El Río Doce en 600 km se contaminó. Esa mezcla de tóxicos entró al océano en 30 o 40 km. Murió gente. Fue terrible y espantoso. La empresa no quiere asumir su responsabilidad. Por lo que sería fantástico que esto entrara en la Constitución.

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