Lanzamiento del reporte sobre “Derechos humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica”
Este 23 de marzo de 2022, en el marco de la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos, más de 60 organizaciones de la sociedad civil presentaron un nuevo reporte que evalúa 26 proyectos chinos que operan en 9 países de América Latina, demostrando que existe un patrón de incumplimiento del Estado chino frente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y el ambiente.
China se ha convertido en un actor estratégico para el financiamiento y construcción de grandes proyectos de desarrollo en Latinoamérica, generando un impacto directo en la vida y goce efectivo de derechos de grandes poblaciones. Esto preocupa, más aún sabiendo que 21 países de la región ya se han integrado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) liderada por China.
El Estado chino ha participado en tres ciclos del Examen Periódico Universal (EPU: 2009, 2013 y 2018), y en el último el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) [1], elaboró 8 Informes Sombra sobre la responsabilidad extraterritorial del país asiático respecto a las actividades de sus empresas y bancos en América Latina. Gracias a este proceso de incidencia, China asumió varios compromisos aceptando 6 recomendaciones que corresponden al cumplimiento de obligaciones extraterritoriales del Estado, orientada a que se respeten y protejan los derechos humanos y el ambiente en todas sus operaciones empresariales fuera de China.
El reporte denominado “Derechos humanos y actividades empresariales chinas en latinoamérica” evalúa el nivel de cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por China en su último EPU, a partir del examen de las vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza en 26 proyectos con participación china (23 consorcios y al menos 6 bancos) que se desarrollan en los sectores de minería (12), hidroelectricidad (6), hidrocarburos (3) y otros (5).
La conclusión general de este Informe es que el Estado chino ha realizado esfuerzos insuficientes para cumplir los compromisos asumidos en el EPU y que el patrón de vulneración de derechos descrito en 2018 continúa siendo sistemático. Entre los hallazgos importantes se demostró que en 24 casos hubo violaciones al derecho a vivir en un medioambiente sano y daños al ambiente, en 18 casos se dieron violaciones al derecho de participación y consulta libre, previa e informada y en la mitad de los casos hubo violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada. Así mismo, existe una presencia constante de vulneraciones a los derechos civiles y políticos fundamentales y los derechos laborales, individuales y colectivos, entre otros.
Frente a esta evidencia las organizaciones que elaboraron el informe plantean varias recomendaciones, entre otras, que el Estado chino elabore un Plan de Acció n sobre Empresas y Derechos Humanos donde se adopten medidas urgentes para asegurar que sus entidades cumplan con sus obligaciones extraterritoriales, con el fin de prevenir los impactos al ambiente, los derechos humanos y el territorio de las comunidades afectadas.
Las organizaciones exigen a los bancos y a las empresas chinas que operan en Latinoamérica que lleven a cabo un examen de debida diligencia en todo el ciclo del proyecto y que se adopten mecanismos judiciales y extrajudiciales que proporcionen una reparació n efectiva y oportuna de los impactos sociales y ambientales ocasionados por entidades chinas, incluyendo el acceso a remedios judiciales de las víctimas de violaciones de derechos humanos, para que presenten sus demandas de reparación en la jurisdicción de su país o en China.
Por otro lado, demandan mecanismos de control, transparencia y acceso de información para la sociedad civil, y que se incorporen en los acuerdos de comercio cláusulas relativas a la protecció n de los derechos humanos, el ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.
Finalmente, el Colectivo también hace observaciones y recomendaciones específicas a las empresas y entidades chinas, así como a los Estados que emitieron recomendaciones a China en el marco del Epu.
[1] Los actuales miembros del CICDHA, son: Amazon Watch (regional), Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (Ecuador), Brics Policy Center (Brasil), Centro de Documentación e Información Bolivia, Cedib (Bolivia), CooperAcción (Perú ), Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN (Argentina), Latinoamérica Sustentable, LAS (regional), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA (Chile), Peru Equidad (Perú ), Red Muqui (Perú ), Sistema de Alerta Temprana (regional) y Sustentarse (Chile).
