Los proyectos extractivos y de desarrollo industrial amenazan el futuro de los pueblos indígenas
Los proyectos extractivos y de desarrollo industrial amenazan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, según los resultados de un amplio estudio científico realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), que cuantifica los impactos negativos que estas actividades tienen sobre los modos de vida, los derechos y las tierras de estas comunidades.
Universitat Autònoma de Barcelona
La investigación, realizada en colaboración con otras nueve universidades de todo el mundo, demuestra las violaciones de los derechos de los indígenas a través del mayor análisis cuantitativo realizado hasta la fecha a escala mundial. El estudio, publicado en la revista Science Advances, se basa en los datos recogidos durante la última década por el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), una iniciativa coordinada por el ICTA-UAB que ha identificado y cartografiado un total de 3.081 conflictos socioambientales en todo el mundo.
Aunque los pueblos indígenas sólo representan el 6,2% de la población mundial y administran aproximadamente una cuarta parte de la tierra del planeta, se ven directamente afectados por al menos el 34% de todos los conflictos medioambientales documentados en torno a proyectos de extracción y desarrollo industrial. El estudio abarca más de 740 grupos indígenas diferentes afectados por tales actividades, lo que representa al menos el 15% de los aproximadamente 5.000 grupos de todo el mundo.
Las comunidades quechua, mapuche, gond, aimara, nahua, ijaw, munda, kichwa, guaraní y karen son los diez grupos indígenas que aparecen con más frecuencia en el conjunto de datos del EJAtlas. Sin embargo, los investigadores creen que el número real de grupos indígenas afectados será mucho mayor, ya que "aún existen importantes lagunas de datos, sobre todo en Asia Central, Rusia y el Pacífico, donde la cobertura de datos es más limitada", explica Arnim Scheidel, investigador del ICTA-UAB y coautor del estudio, quien destaca el gran esfuerzo realizado por investigadores indígenas y no indígenas y cientos de colaboradores que han recopilado información relevante para el EJAtlas desde su creación.
Ocho de cada 10 conflictos medioambientales se refieren a sólo cuatro sectores, siendo la minería el sector que más frecuentemente afecta a los Pueblos Indígenas (24,7%), por delante del sector de los combustibles fósiles (20,8%), el sector de la agricultura, silvicultura, pesca y ganadería (17,5%), y la construcción y explotación de presas hidráulicas (15,2%).
Según los datos recogidos, la pérdida de paisaje (56% de los casos), la pérdida de medios de subsistencia (52%) y el despojo de tierras (50%) son los fenómenos que se dan globalmente con más frecuencia en los proyectos de desarrollo conflictivos.
Cabe destacar que los conflictos por proyectos relacionados con la agricultura, la silvicultura, la pesca y la ganadería presentan tasas de impacto especialmente elevadas. En comparación con otros sectores y con la media mundial, la deforestación (74% de los casos), el despojo de tierras (74%), la pérdida de medios de subsistencia (69%) y la pérdida de biodiversidad (69%) se dan con mucha más frecuencia en este sector. "El acaparamiento de tierras por parte de la agroindustria y otros sectores extractivos sigue siendo una gran amenaza para los pueblos indígenas", afirma Álvaro Fernández-Llamazares, científico del ICTA-UAB y coautor del estudio. "Por eso, las comunidades indígenas de todo el mundo llevan décadas movilizándose para que se reconozcan y respeten sus derechos", añade.
Para el equipo de investigación, los resultados demuestran la magnitud de las violaciones de los derechos indígenas asociadas a los modos de vida industriales, y recuerdan que instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desempeñan un papel importante en la promoción de los derechos indígenas. "Sin embargo, los niveles actuales de ratificación, aplicación y supervisión son insuficientes para garantizar el respeto de tales derechos", argumentan.
Por lo tanto, insisten en la necesidad de que los gobiernos apliquen medidas que promuevan aún más los derechos de los indígenas y apoyen la justicia medioambiental, garantizando el cumplimiento real de los convenios existentes y la protección de sus derechos sobre la tierra. "Los gobiernos deben aplicar una política de tolerancia cero hacia las violaciones de los derechos indígenas y buscar acuerdos comerciales que estén condicionados al cumplimiento de las responsabilidades de la Declaración de la ONU por parte de las empresas implicadas".
Con el objetivo de difundir estos resultados a la sociedad, el equipo científico de este estudio ha elaborado un vídeo divulgativo en colaboración con la Universidad de Helsinki, Finlandia, en el que se muestran gráficamente las principales conclusiones de este estudio.
Referencia:
Scheidel, A., Fernández-Llamazares, A., Bara, A.H., Del Bene, D., David-Chavez, D.M., Fanari, E., Garba I., Hana?ek, K., Liu, J., Martínez-Alier, J., Navas, G., Reyes-García V., Roy, B., Temper, L., Thiri, M.A., Tran D., Walter, M., Whyte, K.P., (2023). Global impacts of extractive and industrial development projects on Indigenous Peoples’ lifeways, lands, and rights. Science Advances. http://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ade9557