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- El Salvador:

04 de Octubre de 2023

Exigen anulación de causa judicial contra integrantes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES



Mujeres de ocho países, hermanadas en la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, exigimos que cese la persecución a los compañeros integrantes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social-ADES-.

Los defensores ambientales de ADES estuvieron detenidos durante siete meses y ahora se encuentran en prisión domiciliaria, el Estado salvadoreño no cesa las acciones de criminalización. Denunciamos que esta acción judicial es la respuesta patriarcal, extractivista y colonial a la defensa del agua, el aire y la tierra para el pueblo salvadoreño. ADES, es una organización con casi veinte años de lucha y resistencia a la
explotación de oro y plata. El Salvador es el único país libre de minería metálica gracias a la lucha del movimiento ambientalista, donde ADES tiene años de esfuerzo y trabajo acumulado.

La causa judicial es una de las formas para despojar a las comunidades de sus fuentes de agua y por ende hacer de El Salvador un territorio de sacrificio, despojando a sus habitantes de sus fuentes de agua y condenándoles al despojo y precarización de sus vidas. La judicialización es una estrategia del Estado para perseguir a las y los defensores del medio ambiente con el fin de volver a abrir las fronteras a los megaproyectos mineros.

Exigimos anular la acusación penal, revertir el proceso judicial y/o cerrar definitivamente la causa, considerando:

I. El caso de los líderes ambientalistas de Cabañas no tiene fundamento jurídico, además se puso en riesgo su salud y se registraron una serie de situaciones incongruentes en todo el proceso; esto ha sido entendido por el movimiento social ambientalista como una manipulación del sistema judicial para desarticular la resistencia popular contra los proyectos de minería metálica, perseguir a las personas defensoras ambientales, y así facilitar a las empresas mineras la reactivación de las minas en El Salvador pase a su prohibición.

II. La Acusación penal es improcedente debido a la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada el 23 de enero de 19992 y puesta en vigencia nuevamente por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016 cuando derogó la Ley de Amnistía.

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales

¡LIBERTAD PARA LOS DEFENSORES DE CABAÑAS Y ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN!

¡NO A LA MINERÍA METÁLICA EN EL SALVADOR!


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