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Las paradojas de la transición energética en Perú11 de Agosto de 2024
Las casas sin luz: transición energética en un país con más de 948.000 hogares sin electricidad
La transición energética no significa lo mismo para los países ricos y para aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Los datos del último censo nacional dan cuenta de que, en Perú, hay 948.110 viviendas sin conexión eléctrica. Las brechas también se aprecían dentro del país: solo en las regiones atravesadas por el corredor minero sur hay 12.714 hogares que carecen de este servicio básico. En esa área se explotan minerales claves —cobre y zinc— para la expansión de las energías renovables. Además, 19 distritos de Apurímac, Arequipa y Cusco cuentan con más del 50% de sus casas sin conexión. Comunidades indígenas y académicos advierten sobre la necesidad de repensar el proceso de transición a energías limpias.
Por
Xilena Pinedo - Ojo Público
Imagen: SIN LO BÁSICO. En Perú hay 132 distritos con menos del 50% de viviendas conectadas a la red pública de electricidad. Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón.
Los habitantes del sector de Ccoccareta —en la comunidad campesina de Huancané Bajo, provincia de Espinar, en Cusco— llevan casi 40 años presenciando la extracción de cobre en la mina Antapaccay. Esta actividad, que requiere servicios básicos, como luz y agua, contrasta con la realidad de los vecinos de la zona.
“En territorios con presencia minera, las personas no necesariamente tienen energía eléctrica. Se piensa que el desarrollo también significa acceso a servicios, pero no siempre es así. Por ejemplo, a principios de julio, estuvimos en este sector [Ccoccareta] que no tiene energía eléctrica, pese a estar muy cerca a la empresa”, cuenta Yovana Mamani Choqueza, ingeniera química aymara y coordinadora del programa andino de Cooperación.
Una reciente
investigación, publicada por la organización especializada en justicia ambiental, resalta que, en la provincia de Espinar, solo el 33,5% de los hogares rurales ubicados al lado de las unidades mineras cuentan con electricidad.
Esta situación se repite en otras comunidades del corredor minero, que atraviesa las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa. Por ejemplo, en la provincia de Cotabambas, en Apurímac, solo el 64,3% de los hogares rurales tienen conexión eléctrica frente al 81,4% de los urbanos.
| “En las regiones atravesadas por el corredor minero sur hay 12.714 hogares sin luz. Allí se explotan minerales claves para las energías renovables” |
En paralelo, al analizar los últimos datos disponibles a nivel distrital —recogidos por el
censo nacional de 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)—
OjoPúblico encontró que 19 distritos con más del 50% de sus viviendas sin conexión pertenecen a las regiones atravesadas por el corredor minero. Esto equivale a 12.714 casas sin alumbrado eléctrico.
El limitado acceso a este servicio básico se extiende más allá de las zonas mineras. Otros 132 distritos del ámbito nacional tienen menos del 50% de sus hogares conectados a la red pública, según información del último
censo analizada por este medio. Lo mismo ocurre en muchos otros lugares de Latinoamérica: hasta 2021, 18 millones de personas no tenían conexión eléctrica en la región, de acuerdo al
Banco Interamericano de Desarrollo.
Estas carencias contrastan con el incremento de la demanda energética a nivel global. Un
informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé un crecimiento del 4% en el consumo mundial de electricidad entre 2024 y 2025. Dicho aumento es impulsado por el crecimiento económico, las olas de calor y la adopción de nuevas tecnologías, como las empleadas en los autos eléctricos.
En ese contexto, el concepto de transición energética cobra mayor relevancia. “Se espera que la energía solar fotovoltaica cubra por sí sola, aproximadamente, la mitad del crecimiento de la demanda mundial de electricidad hasta 2025”, destaca el mismo reporte.
Ese mayor empleo de energías renovables significa también un incremento en la demanda de cobre, níquel, zinc y litio,
minerales claves para la elaboración de paneles solares, cables y baterías. En otras palabras, dicha transición aumenta la presión sobre la extracción minera, responsable de diversos impactos ambientales sobre los ecosistemas.
“Nosotras vemos que estas soluciones [a la crisis climática] no cuestionan el capitalismo, que es el que destruye a la madre naturaleza. No queremos que la transición energética sea una imposición, que sea un extractivismo más para tapar el otro”, dice Ketty Marcelo López, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).
La crítica se replica en diversas comunidades indígenas e, incluso, en los ámbitos académicos. La
investigación Transición Energética, Expansión Minera y Conflictos Ecosociales en la Amazonía —elaborada por Paul Maquet Makedonski, Thomas Niederberger y Josselin Yauri Condor— resalta, por ejemplo, que la necesidad de más minerales ha generado una paradoja en la que se cuestiona qué tan verde es esa transición energética.
Brechas que no cierran
Bajo las calles angostas y las viviendas de adobe de Pomata, a orillas del lago Titicaca, en el sur de Perú, yacen reservas de
plata, oro y zinc —metales críticos para la transición energética—. Este distrito de la provincia de Chucuito, en Puno, cuenta con 1.316 viviendas (25,5% del total) que no tienen acceso al servicio de electricidad, de acuerdo al
último censo nacional del INEI.
Aunque el 74,5% restante sí tiene alumbrado eléctrico, este es de baja potencia, explica Lucas Pari Morales, comerciante de 52 años y secretario de derechos humanos de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).
“A nosotros nos dan electricidad con bajo voltaje, mientras que los que son de zona urbana tienen energía de alto voltaje. Eso, para nosotros, los pueblos indígenas, es vulneración. Eso es discriminar”, reclama el líder aymara.
El problema no es aislado. En el ámbito nacional, hay 132 distritos con menos del 50% de hogares conectados a la red pública, según la misma fuente. En 10 de ellos, asimismo, menos del 10% de los hogares cuentan con alumbrado eléctrico.
En ese grupo se encuentran seis distritos de la Amazonía —correspondientes a Loreto (4), Amazonas (1) y Ucayali (1)—, dos de los Andes —ambos en Puno—, y dos de la costa —ubicados en La Libertad y Moquegua—. Además, hay 26 distritos cuyas viviendas tienen coberturas eléctricas de entre 10% y 29,9%; y otros 96, con coberturas de entre 30% y 49,9%.
Al observar los datos del ámbito nacional, el censo de 2017 evidencia que hay 948.110 viviendas (12,3%) que no cuentan con alumbrado eléctrico. Los datos más recientes, obtenidos de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2022 del INEI, muestran una situación más alentadora: 93,4% de las 44.000 viviendas que conforman la
muestra cuentan con acceso a energía eléctrica, y solo 2.904 hogares (6,6%) carecen de ella.
Sin embargo, las cifras esconden disparidades entre las
zonas urbanas (donde la cobertura es del 96,2%) y las áreas rurales (con 83%). “Si lo ves en territorios específicos, todavía hay grandes brechas. Sobre todo, en la Amazonía, donde, por las condiciones geográficas, es muy complicado extender la red eléctrica mediante el sistema tradicional de torres y cables”, precisa Paul Maquet Makedonski, investigador sobre transición energética de la organización Cooperacción.
La limitada conexión eléctrica en diversos lugares del país genera impactos en la vida de las personas y en el funcionamiento de las mismas localidades. El líder aymara Lucas Pari Morales cuenta que los jóvenes necesitan un mayor suministro de energía constante, algo complejo en comunidades rurales como la de Pomata, en Puno. Entre otros, este factor impulsa la migración a las ciudades.
| “En el ámbito nacional, hay 132 distritos con menos del 50% de hogares conectados a la red pública de electricidad” |
“La energía es fundamental, no solo en Puno, sino en todo el país. Los jóvenes necesitan tener sus electrodomésticos, pues en base a la energía se desarrollan muchas actividades”, señala Pari Morales.
Esta brecha quedó en evidencia durante la pandemia, cuando el acceso a la educación se vio condicionado al uso de aparatos electrónicos y la conexión a Internet. En ese entonces, el
Ministerio de Educación (Minedu) reportó que, en 2020, 245.152 estudiantes del ciclo básico interrumpieron sus estudios y, en 2021, lo hicieron 124.533.
El
Minedu informó, además, que, hasta 2021, el 92,7% de instituciones educativas públicas tenían acceso al servicio de energía eléctrica. Las disparidades entre los establecimientos urbanos y rurales también se reproducen en este ámbito: 97,2% del primer grupo tiene acceso y solo 90,2%, en el caso de los locales del área rural.
Cuestionar la transición
En la cosmovisión andina, los ríos, lagos y lagunas son seres con vida, al igual que el hombre, los animales y las plantas. Es así que el agua,
uma en aymara, se concibe como un hermano con el que se puede conversar, al que se tiene que cuidar y no se debe usufructuar.
Esta concepción se ve afectada cuando, por ejemplo, un proyecto minero se instala en las cabeceras de cuencas con la intención de utilizar el agua para procesar minerales.
“El hombre andino de Puno trata de estar siempre en armonía con la naturaleza. Por eso, Puno siempre va a salir a reclamar el respeto a la naturaleza. Puno ha dicho que no quiere la minería. La minería es un problema para nosotros porque no es consultada antes de otorgar las concesiones”, dice Lucas Pari Morales, de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).
Latinoamérica posee abundantes reservas de litio y cobre, minerales estratégicos para la transición energética. Por ello, Giovanni Pabón Restrepo, director de Energía de la organización colombiana Transforma, considera que la región tiene la posibilidad de liderar este nuevo proceso de transición. Sin embargo, advierte, debe evitar errores ya cometidos en el pasado.
“Si lo que hacemos es, simplemente, sacar lo que tenemos debajo de la tierra y lo exportamos, sería el error más garrafal. Necesitamos generar una nueva economía alrededor de estos insumos, para ir unos pasos adelante en la cadena productiva, y no solo exportar esa materia prima y, después, comprar los productos terminados”, explica.
En este escenario, diversos sectores de la sociedad civil peruana se preguntan cómo iniciar una transición energética que requiere de minerales históricamente explotados, como el cobre, sin afectar los derechos de las comunidades que viven en el territorio ni de los trabajadores que dependen de la actividad económica.
El consenso internacional, plasmado en distintos acuerdos asumidos en las cumbres climáticas, apuntan a hablar de “transición energética justa”. Este término, precisa el investigador Paul Maquet Makedonski, surgió a partir del vínculo de la transición energética con los territorios y el inminente desplazamiento de ciertos sectores laborales a causa de ella.
“Por ejemplo, en Alemania, Inglaterra o Polonia, con minería de carbón por muchas décadas, [la transición] significa desplazar a los trabajadores de este rubro por los del de electricidad, y eso no se considera justo”, cuenta.
Con el tiempo, ese concepto se ha ampliado: además de no afectar a los trabajadores, ahora implica que los beneficios de esa transición se repartan de forma equitativa entre todos los actores involucrados.
“El término ‘justo’ implica, también, la posibilidad de participar de los beneficios de la transición de una manera más plena. No es justo que, porque se va a multiplicar la extracción de ciertos minerales para la electrificación, principalmente del norte global, se causen graves impactos ambientales a las zonas donde se encuentran estos minerales, en el sur global”, añade Paul Maquet Makedonski.
La denominada “transición energética justa" tiene distintos matices dependiendo el contexto. Para las asociaciones de comunidades indígenas amazónicas, por ejemplo, debe contemplar sus saberes tradicionales, reconocer su titularidad sobre las tierras y cambiar los hábitos actuales de vida y de consumo.
“Los pueblos y las mujeres indígenas resaltamos la urgencia de emprender cambios sustanciales y, dentro de ellos, el abandono de los combustibles fósiles y el tránsito hacia energías limpias”, informó la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) en un
pronunciamiento público.
| “La Agencia Internacional de Energía estima que, entre 2024 y 2025, el consumo mundial de electricidad crecerá 4%” |
La lideresa asháninka Ketty Marcelo López explica que, de acuerdo a los principios de las mujeres amazónicas reunidas en esta organización, la transición energética debe ser justa, soberana y popular.
“Tiene que ser justa con la madre naturaleza, soberana para que respete la libre determinación y nuestros modos y medios de vida, y popular para que respete nuestra identidad como pueblos originarios y promueva la solidaridad entre los pueblos”, detalla.
En una línea similar, la especialista en gestión del agua Yovana Mamani Choqueza plantea la necesidad de cuestionar, no solo lo que se considera justo, sino también el tipo de transición que se quiere realizar.
“No es que simplemente quieren más minerales en el norte global y que acá se tenga que extraer. No es solo hablar de transición energética, es discutir este sistema que tenemos de consumismo, moda y tanta infinidad de cosas, que no necesitamos. Necesitamos agua, bosques, biodiversidad y valorar a las comunidades que, prácticamente, dan de comer a las ciudades”, subraya.
Camino a una transición justa
La transición energética, de acuerdo con los especialistas, plantea una paradoja entre su intención de recurrir a fuentes de energía no contaminantes para el planeta y su creciente demanda de minerales, cuya extracción daña a los ecosistemas.
“Los pueblos indígenas no podemos ser ajenos a la transición energética porque también se trata de materiales que van a sacar de nuestros territorios, como el litio y el cobre. Eso es una preocupación más, que se suma a las que ya tenemos, como los asesinatos a nuestros hermanos por defender el territorio y las economías ilegales que están ingresando a las comunidades”, resalta la lideresa asháninka Ketty Marcelo López.
Frente a este panorama, los especialistas consultados por
OjoPúblico proponen una serie de alternativas. Las mismas van desde la creación de una organización internacional entre países que poseen los minerales críticos para la transición y el nombramiento de las comunidades indígenas como accionistas, hasta el fortalecimiento de las políticas nacionales para establecer restricciones rigurosas a la minería. Y, a la vez, considerar a las voces locales e indígenas.
| “El mayor empleo de energías renovables implica un incremento en la demanda de cobre, níquel, zinc y litio” |
Maquet Makedonski, uno de los autores del
informe Transición justa: El cobre para la transición energética y el corredor del sur andino, propone crear una alianza internacional entre los países exportadores de este mineral —algo similar a lo que existe alrededor del petróleo, con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)— para regular la extracción.
“En el caso del cobre, Chile, Perú y el Congo explican la mayor parte de la producción mundial. Si se juntaran, podrían llegar a una convergencia en el tema de impuestos, para no estar compitiendo; poner una serie de condiciones al mercado mundial, para hacer transferencias tecnológicas a sus países. Y, sobre todo, para que no se repita la historia de ser meros proveedores de materias primas”, afirma.
En opinión de Lucas Pari Morales una posible solución consiste en nombrar a las comunidades indígenas como accionistas de los proyectos mineros que se llevan a cabo en sus territorios.
“La minería no es progreso para la región, salvo que el propio Estado transforme esa materia prima en productos donde la población pueda tener beneficios, como por ejemplo ser accionistas. Sin embargo, por el momento, el Estado se lo entrega a las empresas privadas, que hacen lo que quieren sin hacer consultas a la población”, dice.
| “Latinoamérica posee abundantes reservas de litio y cobre, minerales estratégicos para la transición energética” |
La idea de incorporar a las comunidades como actores claves es respaldada por asociaciones de la sociedad civil y la academia, como la organización Transforma. Esta propone que las comunidades no sean solo empleadas de las grandes mineras, sino socias.
“Eso no quiere decir que les quitemos la potestad a los que tienen el gran capital para comprar las máquinas, sino que el reparto social y económico sea mucho más equitativo (...) No es dar limosnas a las personas que están trabajando sino [que] es, en serio, darles un empoderamiento para que, mediante procesos asociativos, sean responsables de una parte de la cadena de valor y se les trate como socios”, detalla Giovanni Pabón Restrepo.
Yovana Mamani Choqueza subraya, por último, la importancia de contar con un Estado fuerte que potencie instituciones como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). “Necesitamos que este tipo de instituciones sean autónomas al tomar decisiones”, advierte.
Por ello, la ingeniera química aymara propone promover espacios en los que se dialogue con las comunidades locales, teniendo en cuenta que son quienes conocen el territorio. “Para ellos, destruir o sacar la roca es como destrozar los huesos de una persona, implica varias cosas, y creo que eso no se está considerando”, recalca.
Fuente:
https://ojo-publico.com/5262/las-casas-sin-luz-paradojas-la-transicion-energetica-peru56
