- Chile - Internacional:06 de Noviembre de 2024
Nota al 8° informe periódico de Chile ante el Comité de la CEDAW
En el marco del 89º período de sesiones del Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se realizó el 8° informe periodódico de Chile, a propósito del examen a los Estados parte.
La dinámica de la sesión estuvo marcada, en un primer momento, por la declaración introductoria de la delegación chilena, encabezada por la Ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, acompañada de la senadora Loreto Carvajal y la Ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, y, un segundo momento en donde las expertas hacían preguntas a la delegación en el orden de los artículos de la CEDAW.
En la sesión se consultaron sobre distintos temas, como migración, mujeres indígenas y mujeres privadas de libertad, así también, se analizaron elementos en lo relativo al artículo 14 de la Convención sobre mujeres y niñas rurales, se dio cuenta de la falta de datos desagregados sobre éstas, para el desarrollo de políticas pertinentes, y las faltas en cuanto al tema del derecho a tierras.
Los temas entendidos más propiamente como ambientales tuvieron espacio casi al final de la segunda jornada, a propósito de las preguntas de las expertas. Rhoda Reddock preguntó por el agua y su acceso en relación con los efectos que tienen las grandes empresas agroalimentarias e industrias extractivas, como la minería, sobre los ecosistemas en contexto de cambio climático. En este sentido, consultó a la delegación nacional si el Estado chileno contempla revisar la legislación relacionada con este tema, con objetivo de reforzar la reglamentación y las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos y actividades a propósito de las consecuencias que tienen sobre el sistema de vida de las mujeres, su bienestar mental, físico y espiritual, así como el de sus comunidades, para asegurarse de que no les afecten de forma negativa, teniendo a la vista, además, su papel de defensoras de los derechos ambientales.
Por su parte, la experta Rangita de Silva de Alwis, consultó, a propósito de lo dicho por las expertas sobre justicia climática y en relación con la
Recomendación General N°37 de 2018, por el recurso de protección presentado por un grupo de mujeres de Huasco que fue rechazado por la Corte Suprema, en la que se le pedía al Estado que se cerraran dos unidades de una central termoeléctrica, pidiendo también un plan de reparación por las emisiones nocivas, para saber si el Estado ha tomado alguna acción para hacer frente a los daños producidos en Huasco.
En su respuesta, la Ministra señaló que, efectivamente, la acción constitucional de las mujeres del Huasco fue rechazada, sin embargo, a partir del año 2022, y con la vigencia de la Ley de Marco de Cambio Climático (LMCC), el Ministerio de Medio Ambiente inició el trabajo del Comité Interministerial para la Transición Socioecológica Justa, lo que contempla el cierre progresivo de una serie de centrales termoeléctricas a carbón, indicando que dentro de ellas se encuentran Huasco, Mejillones, Tocopilla, Quintero-Puchuncaví y Coronel, que fueron llamadas, por el movimiento de mujeres defensoras del medio ambiente, “zonas de sacrificio”. Indicó que actualmente el Plan Nacional de Transición Socioecológica Justa contempla medidas de mitigación socioambiental, de reparación de la biodiversidad y restauración, acceso preferente a salud y, en particular, la detección de las consecuencias por la exposición prolongada a la contaminación; así también, descuentos en el servicio eléctrico para los habitantes de esas zonas.
Sobre la crisis climática y el acceso al agua, Orellana señaló que actualmente el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Obras Públicas, realizan labores de capacitación en empoderamiento para las dirigentes, que en su mayoría son quienes regentan esas comunidades rurales de agua. Agrega que uno de los principales puntos que ha causado la pérdida de ecosistemas rurales de agua, es el loteo indiscriminado, la parcelación y la división de terrenos antiguamente agrícolas, precisa que el Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de ley para evitar que esto se profundice.
La Ministra finaliza señalando que la Ley Marco de Cambio Climático también contempla la participación de las mujeres en la mitigación, adaptación y solución a la crisis climática, para lo cual se encuentra actualmente el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático, del cual el Ministerio forma parte, y que luego tendrá parte también el ecosistema de sociedad civil que participa del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de la Mujer.
Sobre las respuestas de la Ministra, podemos comentar distintos elementos, en orden a su respuesta, partir precisando que el cierre de las centrales termoeléctricas que indica no es producto de la Ley Marco de Cambio Climático, sino de un acuerdo voluntario y vinculante de 2019 entre el Gobierno de Sebastián Piñera y las empresas dueñas de las centrales termoeléctricas: Engie, AES, ENEL y Colbún. Sin embargo, omite que la mayor termoeléctrica de Chile, es decir, las cinco unidades a carbón de Guacolda en Huasco, no están comprometidas en el programa de cierre. AES, dueña de la central, la vendió en 2021 a Capital Advisors, quien ha comunicado que está explorando y estudiando la reconversión de la central para seguir produciendo energía con carbón en un 70% y un 30% de amoniaco verde(1), vector energético que no está dentro de los literales del artículo 10 de la Ley 19.300, por tanto, no es evaluable por el SEIA y del que se desconocen los impactos socioambientales, pues no hay estudios al respecto.
Luego, habla de un Plan Nacional de Transición Socioecológica Justa, pero no existe tal plan, quizás se podría estar refiriendo a la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa (ENTSEJ), pero esta aún está en proceso de aprobación, o bien, se puede referir al Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Huasco de 2017, el que ha sido criticado por la comunidad, pues dan cuenta que esta instancia no es vinculante ni se relaciona con otros instrumentos de gestión ambiental ni territorial, por lo que depende de la voluntad política local, sin atender a los problemas estructurales.
La Ministra comenta sobre el descuento en la electricidad en la zona, a propósito de la modificación de abril a la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que incluye un Mecanismo de Reconocimiento de Generación Territorial (RGT) para aquellas comunas en donde se instalaron las centrales a carbón, que, en el caso de Huasco, se trata de un descuento de un 30% aproximadamente. Al respecto, la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló en su momento que “esta medida es un paso muy importante en la transición socioecológica justa que estamos impulsando como gobierno. Será un apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas y promoverá el mayor uso de sistemas eléctricos de calefacción en estas comunas, permitiendo reemplazar aparatos contaminantes”(2). Este tipo de menciones ignora que las causas de la contaminación en la comuna de Huasco no es por el tipo de calefacción, sino por la mega central a carbón y los relaves vertido al mar por la Compañía Minera del Pacífico (CMP), que ahora, luego de la aprobación del Comité de Ministros dirigido por la misma Ministra Rojas, pretende depositarlos en tierra, lo que ha sido impugnado por la comunidad antes el 1er Tribunal Ambiental, causa que actualmente se encuentra a la espera del fallo(3).
Resulta interesante que la Ministra Orellana use el término zona de sacrificio, pues el gobierno ha “enverdecido” su nombre con términos como comunas en transición o zonas de alta vulnerabilidad socioecológica. Y, claro, decir zonas de sacrificio puede sonar estigmatizante y bastante tienen ya las comunidades con dar cuenta de vivir en un territorio de segunda o tercera categoría, en donde sus vidas, salud o cultura valen menos que la del resto del país; sin embargo, estos nuevos términos poco dan cuenta de las responsabilidades, de la contaminación que sigue habitando ahí y del racismo ambiental que está detrás.
La experta pregunta, en el fondo, por las acciones de reparación al daño social, principalmente a la salud, y a la naturaleza en Huasco, pero estas se quedan cortas, se mueven sólo en el plano institucional, pues en realidad no pueden admitir que el desarrollo del país tal cual está planteado necesita de zonas de sacrificio, o no pueden precisar que no hay herramientas para obligar a la empresa a cerrar la central termoeléctrica, porque nuestra legislación permite este tipo de proyectos. La reconversión propuesta por la empresa tampoco es solución, sólo alarga su existencia, no es una ruta para la descarbonización y menos para reducir la contaminación que tanto afecta a los habitantes de Huasco.
Ahora, abordando la pregunta de la primera experta sobre los impactos en las mujeres en su derecho y acceso al agua a causa del extractivismo y la revisión de la legislación para el refuerzo de la reglamentación y evaluación de impacto ambiental, la Ministra Orellana desvía la respuesta a medidas sobre capacitación a dirigentas de sectores rurales, a la pérdida de ecosistemas por el loteo o a la participación de mujeres en torno a la política y legislación de cambio climático.
En este sentido, son importantes las acciones realizadas en torno al empoderamiento de las mujeres rurales y/o indígenas, las metas del 4°Plan Nacional de Igualdad del Ministerio dan cuenta de aquello, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso, regularización y tenencia de la tierra, y la participación de mujeres en comités de riego y el acceso al agua para cultivo; sin embargo, no solo las mujeres rurales son afectadas por el extractivismo en su derecho y acceso al agua, y no todas las mujeres rurales se dedican a actividades silvoagropecuarias. Es necesario tener una visión amplia y diversa de las mujeres, sean chilenas, rurales, urbanas, migrantes, indígenas, afrodescendientes, para entender su vínculo con el derecho al agua y cómo es que les afecta el extractivismo en su cuerpo y territorio.
Por cierto que existen importantes problemas con la pérdida de la biodiversidad y el impacto en las cuencas hidrográficas a propósito del loteo o parcelación, pero, nuevamente, desvía el foco del impacto en el uso y acaparamiento del agua, donde los sectores agrícola y forestal usan más del 70% del agua, o la contaminación por la minería que se ubica en las cabeceras de cuenca.
En consecuencia, las respuestas sobre el derecho al agua y su acceso en el país no pueden eludir la trama constitucional y legal que permite la privatización y mercantilización de un elemento tan esencial para la vida y el sostenimiento de los ecosistemas. En esta lógica, y volviendo a la pregunta de la experta, el Estado debería eliminar los obstáculos para el pleno ejercicio de este derecho y, en ese sentido, reforzar el entramado normativo; sin embargo, la propuesta del gobierno actual va en el sentido contrario, a propósito de la “permisología” que acusan las empresas, buscando flexibilizar y desregular la normativa ambiental, con sus proyectos de ley ingresados a principio de año.
Sobre el cambio climático, la Ministra apunta al Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático y la incidencia del Ministerio. Acá es necesario apuntar que la LMCC, en su artículo 17, señala que la elaboración de los Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación deberán ser elaborados por las autoridades sectoriales en colaboración, especialmente, con el Ministerio de la Mujeres y del Ministerio de Desarrollo Social, para la incorporación del enfoque de género y los grupos vulnerables. Esto es un buen elemento para el desarrollo de estas políticas, sin embargo, nos preguntamos qué tan efectivo puede ser que se incorpore un enfoque de género que considere la diversidad de mujeres que habitan el país cuando la visión que se tiene de las mujeres es parcial, o qué tantos avances pueden haber en una política que mantiene la lógica de la mercantilización de la naturaleza.
En síntesis, vemos que no existe un entendimiento por parte del entramado estatal acerca del impacto que tiene el extractivismo en los cuerpos y territorios de las mujeres. No hay consideración respecto de cómo este intensifica las dinámicas patriarcales y los impactos diferenciados que vulneran diferentes dimensiones de la vida de las mujeres, con especial énfasis en su salud física, mental, emocional y espiritual; asimismo, tampoco hay consideración de las mujeres en su rol de defensoras de derechos ambientales. En este sentido, vemos que la tarea de visibilizar los impactos diferenciados a causa del extractivismo en las mujeres, así como las estrategias que estas usan en la defensa del territorio y la naturaleza, y las denuncias ante la falta de consideración dentro del entramado estatal, seguirá siendo ardua, pues si estos tienen poca consideración en aquellos sectores sensibles a los temas de género, poco podemos esperar del resto.
Para conocer más sobre los impactos diferenciados que viven mujeres defensoras de los derechos ambientales en el país, te recomendamos el Informe “Mujeres y conflictos Socioambientales: Impactos Diferenciados” que puedes revisar en el siguiente link:
https://olca.cl/articulo/nota.php?id=2672
Las grabaciones de las sesiones del 8° Informe Periódico de Chile ante la CEDAW están disponibles en los siguientes links:
Jornada am:
https://webtv.un.org/en/asset/k1i/k1i2jua68i
Jornada pm:
https://webtv.un.org/en/asset/k10/k10z5q94zj
NOTAS:
1.
https://guacoldaenergia.cl/comunicados/
2.
https://energia.gob.cl/noticias/nacional/consejo-de-ministros-reconoce-seis-comunas-en-zonas-de-transicion-para-aplicar-rebaja-de-tarifa-electrica
3.
https://www.1ta.cl/aprobacion-de-proyecto-de-deposito-de-relaves-en-huasco-genera-reclamos-ante-el-primer-tribunal-ambiental/
Comunicaciones OLCA
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