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- Chile:
Empresa en la mira por corte de servicios tras temporal del fin de semana

19 de Abril de 2016

El peso político de Aguas Andinas: las huellas de la sanitaria en el financiamiento irregular de campañas


Por “razones sanitarias” Aguas Andinas cortó el suministro de agua potable a 4 millones de chilenos. Cuando el servicio básico está restablecido casi en un 100%, el foco se instala en la regulación a la empresa involucrada en los casos de financiamiento irregular de la política. Ayer, en un punto de prensa, la Presidenta no habló de que habrá sanciones y lanzó todos sus dardos contra Costanera Norte. Hoy el vocero de Gobierno aseguró que están cumpliendo con su labor fiscalizadora y luego cambió de tema. Aguas Andinas es, sin duda, un peso pesado transversal a todo el mundo político.

"Entiendo que el corte tiene que ver con la turbiedad de las aguas, no es porque dejaron de suministrar por otra razón. Esto tiene que ver con una razón sanitaria (...) es posible que el análisis arroje, entre otras cosas, que es necesario hacer otras inversiones para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir", dijo anoche la Presidenta Michelle Bachelet, en tono benevolente, consultada sobre si se le aplicará una multa a la sanitaria Aguas Andinas a raíz del corte generalizado de agua que dejó a cuatro millones de personas sin suministro del servicio básico.

Actitud diferente a la que manifestó cuando se le preguntó acerca de la responsabilidad de Costanera Norte por las inundaciones de importantes avenidas a causa de los trabajos que se realizan en el lecho del río Mapocho. "Tenemos claro que hay responsabilidades, pero hoy es el momento de la emergencia", dijo y aseguró que un sumario ordenado por el titular del MOP, Alberto Undurraga, ya está en marcha.

Y es que el peso político de Aguas Andinas no es menor. Las relaciones de la sanitaria con el bloque oficialista –sin dejar a un lado que sus vínculos con la oposición no han sido precisamente fríos– no se han caracterizado por ser distantes.

Las privatizaciones de la Concertación

Durante el Gobierno del democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en 1997, el Congreso aprobó por amplia mayoría la ley que terminó de abrir la puerta a la privatización de las sanitarias. El inicio del traspaso del sector público a manos privadas comenzó a materializarse en 1998.

Hoy, en medio de masivos cortes de agua potable tras un breve temporal, la que en su momento fue una polémica decisión vuelve a estar bajo la lupa y Aguas Andinas, la sanitaria más grande del país, retorna al banquillo como en 2013, año de cortes constantes del suministro.

Pero no todo ha sido cuestionamiento. A fines de los 90, pese al rechazo de los trabajadores de las, en ese momento, sanitarias estatales, los parlamentarios de todo el espectro político optaron por entregarles a privados el mundo de las sanitarias. En la época la justificación era la urgente necesidad de aumentar la cobertura del tratamiento de aguas servidas, que en ese tiempo llegaba a un precario 18%. Había que invertir.

El proyecto de ley presentado a través de un mensaje presidencial enviado por el entonces presidente Frei fue aprobado por ambas cámaras tras pasar por una comisión mixta. Entre los senadores que dieron su voto favorable a la misiva se encontraba el histórico DC Andrés Zaldívar, la también falangista Carmen Frei y el ex presidente Sebastián Piñera.

En marzo de 1998 la ley estaba promulgada y entre ese año y 2000, se vendieron rápidamente las tres mayores empresas sanitarias: Emos –actual Aguas Andinas–, Esval y Essbio.

Uno de los puntos que generaba más rechazo en el proyecto de ley era la exigencia que indicaba que el Estado debía controlar al menos el 35% de la propiedad de cada una de las empresas, en ese entonces estatales. Porcentaje que le otorgaba el poder de veto al fisco y perseguía limitar los conflictos de interés a través de la acción de los directores elegidos con la votación de las acciones en manos del Estado.

En 2003, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, se suprimió la exigencia de conservar el 35% de las empresas sanitarias, lo que permitió que en 2011, durante la administración de Piñera, se terminara de vender lo que quedaba de la participación estatal en el negocio.

El argumento de Piñera partió siendo la necesidad de obtener recursos frescos para la reconstrucción después del terremoto del 27-F y luego mutó a la necesidad de inyectar recursos en el Metro. Finalmente, Hernán Cheyre –en ese momento vicepresidente ejecutivo de Corfo– explicó que los dineros obtenidos irían al fortalecimiento de programas de la corporación.

En junio de 2011 la operación anunciada un año antes, que implicó el desprendimiento del fisco de 30% del 35% de las acciones que mantenía en Aguas Andinas, fue seguida un mes después por Corfo, que vendió las acciones que tenía en Essbio y Esval. Sumando estas operaciones, el Estado recaudó US$1.548 millones.

Cuatro meses después de la venta de Aguas Andinas, el fisco había dejado de ganar US$153 millones de dólares por las fluctuaciones de la bolsa que favorecieron a los inversionistas: AFPs, el grupo Luksic y el grupo Bethia.

En 2011 Aguas Andinas recaudó $111.479 millones. Así, en una década sus utilidades aumentaron en 134%, pero su éxito se ensució con el escándalo de las platas políticas, donde las boletas y facturas falsas de Soquimich metieron a la sanitaria al club de las compañías bajo sospecha.

Aguas Andinas gira a La Música

Después de que Jaime de Aguirre, ex ejecutivo de Chilevisión, reconociera que por iniciativa de Sebastián Piñera recibió millonarios bonos de parte de SQM, Aguas Andinas y otras empresas por servicios que nunca prestó, la Fiscalía Nacional pidió sus antecedentes contables de la empresa sanitaria.

En efecto, el 12 de mayo de 2015, con el objetivo de incautar información contable de Aguas Andinas luego de que se conocieran los pagos que hizo a la sociedad La Música de Jaime de Aguirre a petición de Bancard, y que habrían estado vinculados a aportes a la campaña presidencial de Sebastián Piñera, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI allanó las oficinas de la sanitaria en el marco de la investigación de la arista SQM del caso Penta.

En su testimonio a la Fiscalía, De Aguirre dijo que a principios de 2010 extendió por Inversiones La Música a Bancard una factura por $146 millones, por asesorías y bonos anuales. A los pocos días, según declaró, Santiago Valdés o Nicolás Noguera le pidieron que anulara la factura: además de Bancard, debía facturar por $36 millones a Aguas Andinas, Pampa Calichera, SQM y Asesorías Ilihue, facturas que en total sumaban $80 millones.

Mario Conca, ex gerente general de CHV, dijo que Santiago Valdés le pidió que anulara su boleta a Bancard y la emitirá a Aguas Andinas y Task.

Cuando la contabilidad de la sanitaria fue entregada a la PDI en tres partes en mayo de 2015, teniendo la información completa, el Ministerio Público citó a Iván Yarur, gerente corporativo de Finanzas y Abastecimiento de Aguas Andinas. En su declaración del 4 de septiembre del año pasado apuntó a Joaquín Villarino, ex presidente de Aguas Andinas y actual cabeza del Consejo Minero, como la persona que le habría indicado que debían pagarse los giros a Mario Conca y Jaime de Aguirre.

Además, Yarur afirmó que habló varias veces con Santiago Valdés, ex administrador electoral de Sebastián Piñera durante 2009, período en el que trabajaba en Bancard a cargo de la caja y de los flujos de dinero para la carrera presidencial, a efectos de coordinar los pagos.

El 7 de abril de este año Santiago Valdés acudió a declarar ante los fiscales del caso Penta por segunda vez.

El ex gerente de finanzas de Bancard, que fue formalizado por haber firmado los contratos de forwards de la sociedad con CB y haber aprobado la emisión de boletas para pagar al ex director ejecutivo de CHV, Jaime de Aguirre, hizo uso de su derecho a guardar silencio.

Valdés también fue quien suscribió un contrato de asesorías entre Bancard y SQM por $340 millones. Su papá, Fabio Valdés, es el mejor amigo de Sebastián Piñera desde primero básico. Tras derrotar a Frei, Piñera se llevó a Santiago Valdés a La Moneda y durante 2011 fue uno de sus asesores más cercanos.

El 28 de septiembre de 2015, en su primera declaración, Valdés habría afirmado que entre Bancard y la sanitaria existía una permanente relación de negocios, derivada de asesorías que Aguas Andinas habría realizado para el proyecto Mapocho Navegable. Información que Villarino contradijo el mes pasado.

Pocos días antes de la segunda declaración de Valdés, el 21 de marzo de 2016, Joaquín Villarino entregó su testimonio ante el fiscal Carlos Gajardo, ocasión en la cual habría negado que Aguas Andinas y Bancard tuviesen una relación de negocios.

El ex Presidente no se salva

En septiembre de 2015 se conoció que poco tiempo antes de su segunda campaña electoral en 2009, Sebastián Piñera recibió $665 millones de forma irregular por parte de distintas empresas, entre las que se contaban Aguas Andinas, Penta y SQM.

La relación de Aguas Andinas con Piñera es sensible, ya que fue el propio empresario quien a fines de 2010, en plena administración del país, autorizó la enajenación del 35% de las acciones que el Estado aún tenía en Aguas Andinas, que se materializó en 2011. Desde ese año, a través de Corfo, el fisco tiene solo una participación nominal en la propiedad de la sanitaria: el 5%.

La sanitaria inclusiva

Pero los nexos políticos de Aguas Andinas no se restringen a la derecha.

El 20 de mayo de 2015, El Mostrador consignaba que Pedro Yaconi era uno de los hombres más cercanos a Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hasta 2006, Yaconi estuvo casado con Mónica Frei, sobrina del ex Mandatario, y es el representante legal de la Fundación Frei Montalva.

“En 2009 era de conocimiento público que al comando de Frei le costaba sumar financistas a la campaña. Al frente estaba Sebastián Piñera –multimillonario y bien conectado–, y el entonces candidato de la Concertación no lograba revertir la sombra de la derrota que lo acompañó hasta el final”, decía El Mostrador en mayo del año pasado. Y Yaconi era el único que acompañaba siempre al candidato falangista a los encuentros que sostenía con empresarios para obtener financiamiento.

El 2 de abril de 2015, Yaconi reapareció cuando el SII presentó una querella donde se incluyó una sociedad de su propiedad: Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, Rinvesa. En abril de 2009 emitió una factura por $30 millones a SQM y la minera reconoció que no tenía el respaldo que justificara ese pago.

De acuerdo al Ministerio Público. entre 2012 y 2013 Aguas Andinas totalizó pagos por más de $188 millones a la consultora C2P, de propiedad de Yaconi. Los pagos se hicieron en 11 cifras mensuales durante 2009, entre los $7,8 millones y los $8 millones.

Entre enero y octubre de 2009, mes en el que realizó dos transferencias a la consultora, la sanitaria controlada por Agbar entregó $120.373.453 a C2P. Entre 2010 y 2011 no hay registros y la consultora reapareció en 2012, año de municipales, facturando $84,8 millones. En 2013, año de presidenciales y elecciones parlamentarias, C2P facturó $103 millones y en 2014, año en que no hubo comicios, $107 millones.

Aguas Andinas aseguró a El Mostrador que C2P prestó servicios en el área de responsabilidad social empresarial y mencionó que trabajó en las plazas de agua.

El 27 de mayo de 2015, La Tercera titulaba “Aguas Andinas pagó $341 millones a entidades ligadas a la Alianza y Nueva Mayoría”. En cuatro años la sanitaria realizó 196 pagos que en total sumaron $341.486.181, sin discriminar por color político.

La Corporación para Desarrollo Sustentable, de la que es socio el PS Juan Pablo Letelier, fue una de las que recibió, en este caso en 49 pagos, dinero de Aguas Andinas.

En el mismo período Libertad y Desarrollo obtuvo más de $48 millones; Chile 21, presidida por el recientemente sobreseído por la prescripción de los delitos tributarios que cometió, Carlos Ominami, recibió $22 millones; y la fundación Jaime Guzmán, entre 2011 y 2013, fue la receptora de más de $36,6 millones de Aguas Andinas.

A los fondos depositados en las cuentas de la consultora y la sociedad de Yaconi, fundaciones y corporaciones, se sumaron pagos a otras sociedades y empresas ligadas a la política. Entre 2009 y 2011 se entregaron más de $128 millones al Cegades, think tank ligado a la Democracia Cristiana, y 179 millones a la consultora Imaginacción, de Enrique Correa, entre 2009 y 2012.

El estudio de abogados Guerrero Olivos, del cual el UDI Jovino Novoa dejó de ser socio a raíz de la investigación del caso Penta, en el cual fue condenado por delitos tributarios, facturó a Aguas Andinas $84.732.427 entre 2010 y 2013. Etcheberry Asesoría y Negocios Limitada, cuyo socio Javier Etcheberry es ex director del SII y ex ministro de Transporte y Obras Públicas durante el Gobierno de Lagos, recibió $17.364.408 en 2010 por parte de la sanitaria.

En la contabilidad de Aguas Andinas figuran también $27 millones cancelados a una sociedad personal de Pablo Longueira y $53 millones y medio a Vox Comunicaciones, empresa contra la cual se querelló el SII por recibir plata de Penta destinada a financiar la campaña presidencial de Laurence Golborne.

Entre los think tanks que recibieron más aportes de la sanitaria, el Instituto Libertad –vinculado a RN– fue el que concentró mayores pagos: entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014 sumó $117,6 millones. Proyectamérica, creado por Enrique Correa y otros al final de la administración de Lagos y que funcionó hasta 2013, obtuvo $66,3 millones.

Las boletas del “cocinero”

También en mayo de 2015 se conocía que la contabilidad de Aguas Andinas incluía pagos al actual senador DC Andrés Zaldívar, que boleteó a la sanitaria entre octubre de 2006 y marzo de 2010, cinco días antes de volver al Senado. En 2006, luego de ser derrotado por el PPD Guido Girardi en Santiago Poniente, el democratacristiano había dejado su escaño en la Cámara Alta.

Las boletas fueron por 150 UF mensuales –unos $3,7 millones en mayo de 2015– que se justificaban por “asesorías legales”. Así, Zaldívar recibió, al menos, $150 millones de parte de Aguas Andinas en los casi cuatro años que le emitió boletas.

El senador aseguró que desde que dejó de ser ministro del Interior, en 2006, celebró un contrato con la sanitaria para emitir mensualmente informes sobre asesorías legislativas y por ellos recibió los pagos. Los trabajos, según Zaldívar, consistieron en hacer un seguimiento a toda la tramitación de las iniciativas del Gobierno, de todos los proyectos que pudieran interesarle a la empresa. Además, aseguró tener todo respaldado en papel y disquetes.

Platas en Obras Públicas

Un artículo de Ciper del 4 de abril de este año consigna que Aguas Andinas, “monopolio regulado por el Estado”, negocia cada cinco años sus tarifas con el organismo regulador: la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). La contabilidad de Aguas Andinas también registra pagos por asesorías a tres subsecretarios de Obras Públicas –cuando ya no ejercían en el cargo–, ministerio del que depende la SISS.

El abogado DC y ex subsecretario de Obras Públicas, Guillermo Pickering, tenía un vínculo con la sanitaria a través de sus sociedades Pickering, Puga y Compañía, que recibió cuatro pagos, todos en 2012, por un total de $35 millones.

Mientras ejercía como subsecretario, Pickering fue parte de la elaboración y promulgación de la ley que en 1998, durante el Gobierno de Frei, modificó el régimen jurídico que regulaba las sanitarias. Pocos años después fue nombrado presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios y consejero de la fundación Agbar, de la matriz de Aguas Andinas. A este se suman los DC Juan Eduardo Saldivia y Clemente Pérez, subsecretarios de Obras Públicas entre 2006 y 2010, y 2003 y 2005, respectivamente. Saldivia recibió $55 millones de Aguas Andinas por concepto de asesorías, y Pérez, $46 millones.

¿Prestando ropa?

En tono relajado, el vocero de Gobierno Marcelo Díaz decía en la mañana de ayer que “la información específica le corresponde a la empresa, el monitoreo lo está haciendo el comité técnico de emergencia”, al ser consultado por el restablecimiento del servicio de agua potable en la Región Metropolitana.

Pero momentos después el clima se tensó en La Moneda. Un periodista le preguntó al ministro secretario general de Gobierno si es difícil fiscalizar a una empresa que está siendo indagada por presuntos aportes irregulares a campañas políticas, investigación que salpica a miembros del oficialismo.

–No, en lo absoluto –respondió Díaz.

–Hay algunos que han planteado que de alguna forma se devuelven favores… –insistió el reportero.

–No lo he escuchado, no sé quién lo habrá dicho, pero en lo absoluto. Uno tiene que cumplir su función fiscalizadora siempre, afortunadamente hemos eliminado toda posibilidad de que en el futuro las empresas aporten a las campañas, así hemos acabado con esas suspicacias –respondió el incómodo ministro, para cambiar de tema hacia la Agenda Corta Antidelincuencia.

Nota de la Redacción: Respecto a la inclusión del senador Juan Pablo Letelier, el 27 de mayo de 2015 en La Tercera el PS declaró que "no he participado en ningún acto de administración" de la Corporación para el Desarrollo Sustentable, de la cual es socio fundador y que recibió 49 pagos de Aguas Andinas. Agregó que "desde 1998 no ostenta cargos directivos, ni trabajos o contratos, ni ha recibido aportes de ninguna naturaleza". Terminó diciendo que participó de la firma de la fundación sólo para promover la protección del medio ambiente.

Por Valentina Araya
El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/19/el-peso-politico-de-aguas-andinas-las-huellas-de-la-sanitaria-en-el-financiamiento-irregular-de-campanas/

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