Conflictos ambientales en Argentina

Fuente: opisantacrus.com.ar 11/05/06

Cerro Vanguardia, del Grupo AngloGold
UNA MINA QUE CAUSA PROBLEMAS

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Los inconvenientes que se generaron en Cerro Vanguardia no son casuales, son productos del avasallamiento por parte de los intereses privados más potentes sobre un estado débil que usa como variable al trabajador en beneficio de los intereses corporativos. No es nuevo, es cierto; pero no se observa que intenten revertirlo.

Por: Rubén Lasagno

Cerro Vanguardia es un ámbito privado donde el estado tiene participación, explotan oro pagando la mano de obra en pesos argentinos y vendiendo la producción en dólares; se benefician con prerrogativas impositivas, exportan sin limitaciones, producen en la provincia que menos legislación medioambiental posee y descansan tranquilos porque el estado no controla.

Este cuadro casi surrealista que no cuaja con un país serio, es un marco excelente para los capitales que buscan expandirse, llevarse absolutamente todo, porque total no es rentable la preocupación por dejar residuos y gente enferma de contaminación por varias generaciones, un suelo saqueado no solo en sus riquezas sino en su topografía y poblaciones desvastadas por esta especie de emprendimientos golondrinas, si se piensa que algunos yacimientos mineros no tienen más de 10 años de sustentabilidad, más aún cuando se ven sometidos a la actividad extractiva mediante los mecanismos intensivo que en los últimos años se han desarrollado tecnológicamente en el mundo.

El juego de la presión

Hoy Cerro Vanguardia despidió a 35 obreros y tiene la tranquilidad de hacerlo dentro de la “normativa” legal, es decir pagando doble indemnización en caso de no encontrarse “causa justificada”, porque en rigor le sale más barato despachar a un trabajador (o a 35) que mantenerlos en la puerta reclamando por unos pesos más.

De hecho también está en condiciones de darle unos pesos más si quiere, porque en nada afectaría las suculentas ganancias que arropa el holding empresario internacional, pero el tema no pasa por allí. El despido de 35 obreros funciona como una suerte de castigo ejemplar para el resto y a raíz del “encuadre legal” en el que se ejerce deja a la empresa a salvo de cualquier reclamación que alguien quiera iniciar por la vía jurídica.

No obstante la cosa no termina allí. Cerro Vanguardia va un poco más allá y amenaza a través de sus voceros de “clausurar la mina” si es pasible de una medida de fuerza colectiva, amparándose en cuestiones de seguridad pero que constituye plena y totalmente una extorsión hacia la planta de trabajadores que reciben el metamensaje en texto claro, ergo: “ si nos fuerzan, cerramos y 800 tipos van a pagar las consecuencias por estos 35 ”

Fin de la película, nadie se inmola.

Los 35 quedan en la calle con una indemnización en el bolsillo que se le esfumará en poco tiempo, sin trabajo y la carga adicional de un baldón en sus antecedentes laborales toda vez que las causales esgrimidas por Vanguardia para echarlos se reduce a un escueto “ personal que ha perdido la confianza de la empresa ” con todo lo que esto conlleva en el futuro laboral del pobre tipo.

¿Y el estado?

El estado que tiene participación en esa empresa, aunque minoritaria pero parte al fin, sigue ausente. No aparece opinando como socio del capital extranjero ni reclamando como ente de contralor hacia la actitud insostenible de los directivos de la minera que presionan en una zona de la provincia donde la desocupación y la exclusión mantiene sensibilizada la delgadísima epidermis social que parece no resistir mucha más presión antes de romperse por algún lado.

¿Qué hace entonces el estado por la gente? ¿Por no discutir con su socio se mantiene impávido ante un conflicto que necesariamente va a repercutir políticamente en la provincia? ¿Cómo es posible que el estado permanezca ajeno y deje abierta la sospecha de que pesan más los arreglos contractuales con empresas multinacionales que los trabajadores que son parte de su verdadero problema?.

En cambio la legislatura tiene un proyecto de resolución por el cual le solicita a la Subsecretaría de Trabajo a que “ se inste ” a las empresas Texaco, Petrobrás, Chevrón y Sipetrol a incorporar el helicóptero sanitario con el objeto de brindar atención médica ante las eventuales emergencias que ocurran en los pozos petroleros” , dice el texto. Léase “ se inste ” como una sugerencia no como una exigencia, por lo tanto el propio estado muestra manos de seda con las empresas que ganando fortunas ni siquiera aportan los medios de emergencia necesarios para darle cobertura al personal que trabaja y en el caso de Las Heras puntualmente, debe ser el propio Intendente Martinelli quien deba poner a cargo de la Municipalidad una ambulancia para que asista a los obreros en los pozos de empresas privadas que secan el suelo obteniendo ganancias fabulosas.

Pero si obreros mineros o del petróleo cortan las rutas de acceso a las baterías, protestan, interrumpen el flujo de camiones, interceptan a proveedores a la entrada de una mina o cortan una ruta, ante la denuncia explícita de una de las empresas perjudicadas el gobierno no tiene dudas de lo que debe hacer y envía inmediatamente a la Gendarmería para reducirlos. ¿No es sugestivo cómo se mide el interés de uno y otro grupo?. Deberíamos preguntarnos entonces ¿Qué interés pesa más en el gobierno de la provincia a la hora de evaluar un perjuicio. El de las petroleras o las minas que pierden plata ante un conflicto o el de los obreros que pierden en un conflicto con las mineras?.

Cerro Vanguardia estos días se ha dado el lujo de exponer en forma contradictoria la cara visible de una impunidad que cabalga sobre contratos con cláusulas sospechosas y donde sin dudas deben existir cuestiones que se guardan en el más íntimo secreto de la relación entre las empresas y el estado en detrimento del pueblo. La empresa echó, literalmente hablando, a tres delegados gremiales con “causa justificada” bajo los cargos de agitación y sabotaje, sin embargo expresan que dadas las características del hecho les es muy difícil precisar las circunstancias en los que se llevó a cabo el ilícito y no tienen definido quiénes lo produjeron; con lo cual queda una sola reflexión: los echan culpándolos de un sospechoso sabotaje para cargarles una causal a trabajadores que por sus fueros gremiales sería imposible despedirlos de otra manera. La pregunta que se descuelga entonces es ¿Dónde está el estado? ¿Dónde está la justicia?.

Señales

Ante tan evidente compromiso de tomar participación, ineludible por otra parte, los diputados cursaron un pedido para que la empresa informe una serie de puntos que tienen directa vinculación con los graves hechos de sabotaje que se imputan a los trabajadores. Sin embargo no hay seguridad de que esta actitud disparada desde la legislatura no sea más que una postura, un gesto y que luego todo caiga en el pozo del olvido.

Mientras tanto 35 personas han sido echadas de Cerro Vanguardia, la empresa no acató la conciliación obligatoria, ayer la gerencia ordenó que en los colectivos que salen diariamente desde Río Gallegos hacia el complejo se les impidiera subir a los obreros despedidos y el estado no se ve que haya hecho nada. Perdón, si ha hecho; anoche, para cuidar que no suban a los ómnibus de Vanguardia los trabajadores colocados en una lista negra, el estado envió la policía por pedido expreso de la minera.