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Conflictos ambientales en Bolivia
Fuente:
www.ircamericas.org,
07/11/06
Diez puntos para Evo Morales
Antonio Peredo Leigue
Programa de las Américas del International Relations Center (IRC)
A la medianoche del sábado 28 de octubre se cumplió el plazo de 180 días para la firma de nuevos contratos con las diez empresas que explotan hidrocarburos en Bolivia. Con un retraso de minutos se firmaron los acuerdos entre las empresas y el gobierno que, el 1 de mayo, había anunciado que el plazo era irrevisable. En esa fecha precisa, cumplió su compromiso con el pueblo.
En realidad, el viernes por la noche, la francesa Total y la norteamericana Vintage, abrieron la ronda. Sin embargo, los analistas vaticinaban que el gobierno iba a verse obligado a ampliar plazos para las dos empresas mayores: la española Repsol YPF y la brasileña Petrobrás. Los hechos desmintieron tales predicciones y las diez empresas que operan hidrocarburos firmaron los contratos.
Los representantes de Petrobrás Bolivia, Repsol YPF, Chaco, British Gas, Andina, Matpetrol, Canadian Energy, Dong Won, Pluspetrol y Petrobrás Energya se alinearon, en los primeros minutos de este domingo 29 de octubre, para rubricar los documentos respectivos con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz. A partir de ese acto, todas ellas se ceñían al decreto de mayo, asumiendo la condición de prestadoras de servicios.
La capitalización, que regía desde el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), les otorgó la libre disposición de los hidrocarburos, y posteriormente la propiedad de éstos, por lo que pagaban una regalía del 18%. Los contratos actuales establecen un pago del 18% a las prestadoras de servicios en la explotación de los llamados mega-campos y porcentajes mayores en otros. YPFB, que administra los hidrocarburos a nombre del Estado boliviano, dispone de la totalidad del petróleo y el gas explotados.
Malos presagios desmentidos
Repsol y Petrobrás, que advirtieron en forma repetida su resistencia a la firma de los nuevos contratos, finalmente admitieron que era un buen negocio invertir en Bolivia. Flavio de Moura, a nombre de la empresa brasileña, declaró: “A Petrobrás le interesa seguir invirtiendo en el país. Fueron condiciones justas y adecuadas las del contrato”. Enrique Locutora, por Repsol, anunció que la empresa invertirá mil millones de dólares en los próximos años, y añadió: “hemos conseguido un convenio que va a hacer posible el desarrollo del gas boliviano para bien de todos”.
Los grupos de poder habían sembrado dudas sobre la firma de los nuevos contratos. Se difundió la imagen de un gobierno al borde del fracaso y el país a punto de caer en una crisis económica. Los analistas proclives al modelo neoliberal—que tienen mayor cobertura en los medios de comunicación—presagiaban la salida de las grandes empresas y la reducción catastrófica de las ventas de gas al exterior.
Hace unos días, cuando se firmó el convenio de venta de gas a la Argentina, aumentando los volúmenes de 7 a 27 millones de metros cúbicos, los políticos de la oposición, alertaron sobre la imposibilidad de cumplir ese compromiso ante la perspectiva de la salida de las empresas transnacionales y, en consecuencia, la reducción total de las inversiones. Sin inversiones, no habría gas en los próximos años.
Un buen negocio
Otros analistas, que no tienen mucha cobertura mediática, hicieron cálculos sobre los márgenes de ganancia de las empresas. Resulta que aún recibiendo 10% de los montos obtenidos, siguen teniendo ganancias. Por supuesto, dejar de percibir los jugosos ingresos que tenían anteriormente, les obliga a readecuar sus balances; sólo eso les llevaba a resistir la firma de los nuevos contratos.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), provocó un desbalance muy fuerte en la economía de los llamados países desarrollados cuando decidió, a principios de los años 70, que el petróleo subía de los menos de 3 dólares por barril a 14 dólares y, además, que ese superávit beneficiaba a los países exportadores y no a las empresas transnacionales que explotaban el hidrocarburo. Empero, pasado el desajuste inicial, se demostró que aquellas empresas seguían obteniendo ganancias.
Desde entonces, la lucha por el control de este recurso ha sido factor esencial en las relaciones de los países altamente industrializados. Las invasiones que ha llevado a cabo Estados Unidos contra Afganistán e Irak, nada tienen que ver con el combate al terrorismo o cosa parecida. Ni Al Qaeda ha podido ser reducida ni Bin Laden ha sido capturado, mientras el ejército norteamericano está empantanado en Afganistán. En cuanto a Irak, la detención y la mascarada de juicio contra Hussein no modifican el empeño básico de controlar la producción de petróleo, aunque es cierto que la administración de George W. Bush hasta ahora no logra hacerlo.
Es que, el petróleo, sigue siendo un buen negocio para las empresas transnacionales.
Proyecciones
En los momentos previos a la firma de los contratos, la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, comentaba: “Por primera vez, hoy, no ha habido ningún conflicto que atender”.
El impacto de la firma de los contratos con las empresas que explotan gas y petróleo ha sido de tal fuerza, que todos los sectores sociales sienten que tienen ante sí, una perspectiva favorable.
El hecho de un aumento de los ingresos estatales de menos de 250 millones a 1.000 millones de dólares tiene una alta significación, que no precisa puntualizar. Pero, además, las cifras pasarán los 2.000 millones en el curso del próximo año y, según afirmó el presidente Evo Morales, en cuatro años serán superiores a los 4.000 millones.
Con ingresos tan altos, hablar de industrialización de los hidrocarburos, es algo concreto. Por otra parte, puede planificarse la inversión social a mediano plazo.
El año 2002, cuando el MAS ocupó el segundo lugar en las elecciones y entró al Parlamento con una fuerte bancada, la perspectiva era de preparar el terreno político para, cinco años después, comenzar a concretar una nueva ley de hidrocarburos y la convocatoria a la asamblea legislativa. Al año siguiente, con el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, ambos proyectos tuvieron una resolución casi inmediata; la perspectiva era que, a largo plazo se obtendría una recuperación suficiente para industrializar los hidrocarburos e iniciar la inversión social. Hoy, apenas 3 años después, podemos decir: la industrialización y la inversión social son hechos que se verán a partir del 2007. Es que el pueblo aceleró el paso de la historia.
Antonio Peredo Leigue es senador de Bolivia (MAS). Este artículo fue publicado por el Consejo Pro-Bolivia.
Alberto Chavarro
Traductions commerciales et techniques - Interprète de conférence (Espagnol)
Membre de la Societé Française des Traducteurs - SFT
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