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2 de agosto de 2011
Entrevista a Adolfo Moye y su participación en Foro Social de Asunción
La cruel invasión del TIPNIS en el Gobierno de Evo Morales
El Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado por decreto supremo 7401 el 22 de noviembre de 1965. El límite Norte se extendía desde el hito tridepartamental de La Paz, Beni y Cochabamba hasta la confluencia de los ríos Natusama y Sécure con el Isiboro; los ríos Yusama e Isiboro hasta la confluencia de éste con el río Chipiriri definían el límite Sud; las Juntas del río Chipiriri por la cuenca del río Isiboro hasta su unión con el río Sécure junto al Puerto Gral. Esteban Arze demarcaban el límite Este; y las aguas divisorias de las Cordilleras del Sejeruma y Mosetenes trazaban el límite Oeste.
Por decreto supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990, el Parque fue declarado territorio ancestral de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, rebautizado como Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y reconocido como un espacio fundamental para el desarrollo socioeconómico de las comunidades originarias de la zona.
El TIPNIS siempre fue escenario de conflictos y enfrentamientos entre indígenas comunitarios y colonizadores pro capitalistas que se disputan la propiedad de la tierra. En 1992, el dirigente de la Sub Central del TIPNIS Marcial Fabricano y el líder de los colonizadores Evo Morales delimitaron por primera vez las áreas colonizadas y el territorio indígena, y dos años después demarcaron una Línea Roja con el objetivo de frenar la expansión cocalera.
Los intrusos vulneraron los acuerdos y siguieron extendieron sus cultivos de coca en la siguiente década. El 29 de julio de 2006 el Presidente Evo Morales intervino por primera vez en el conflicto y envió un contingente de policías a San Miguelito para desalojar a colonos invasores.
A mediados de junio de 2009, el gobierno de Morales entregó el título ejecutorial colectivo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) de 1.091.656 hectáreas, legitimando de esta manera el territorio de 64 comunidades indígenas Mojeño, Yuracaré y Chiman.
Pero los avasallamientos continuaron y unos 700 cocaleros se asentaron ilegalmente en los campamentos Llallagua, Urkupiña y Uncía, supuestamente con la autorización de su líder máximo, el Presidente Morales. El 26 de septiembre de 2009 el colonizador Laureano Rodriguez perdió la vida en un enfrentamiento con indígenas yuracarés cerca de la población San Miguelito.
Los cocaleros reclamaban derechos sobre las tierras que supuestamente ocupaban desde hace más de cinco años; “podrían estar cinco días o cinco años, pero su asentamiento es absolutamente ilegal porque todos los asentamientos de hecho posteriores a la promulgación de la ley INRA de 1996 son ilegales y pasibles de desalojo”, respondió el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.
Mapa que muestra la deforestación en la ZONA DE COLONIZADORES E INVASORES del Siglo XXI dentro del TIPNIS
Entre el 28 y 29 de septiembre de 2009, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la Policía erradicaron cultivos de coca y quemaron casi un centenar de chozas en campamentos ilegales asentados en el TIPNIS, un área natural protegida por ley de la República.
Meses después, en agosto de 2010, el propio gobierno de Morales aprobó la licencia ambiental del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, consolidando de esta manera la penetración de cocaleros, empresas petroleras, madereros y narcotraficantes en el TIPNIS.
La invasión del TIPNIS en el gobierno de Evo Morales
Adolfo Moye recuerda que cuando tenía 10 años de edad, él y sus compañeros de escuela tuvieron que tenderse frente a una máquina que intentaba profanar el TIPNIS. “Ahora que somos mayores con más razón tenemos que preservar el territorio para nuestros hijos y las futuras generaciones”, afirma Moye, ahora presidente de la Subcentral de Pueblos Indígenas del TIPNIS, alarmado por la proliferación de cultivos de coca y por el recrudecimiento del avasallamiento colonizador a partir de 2007.
“Nosotros apoyamos al gobierno de manera incondicional, pero vemos que las bases campesinas del Presidente provenientes de Oruro, Potosí y Cochabamba están extendiendo los cultivos de coca y están dañando nuestro territorio comunitario”, lamenta Moye.
“El gobierno actual nos está atropellando de la manera más cruel, mucho más que en anteriores años, y vulnera los derechos indígenas como si no tuvieran ningún valor, pese a que son reconocidos por la nueva Constitución y las leyes”, reclama el dirigente.
P. ¿Qué consecuencias tuvo la colonización cocalera en el TIPNIS?
R. Hemos visto que muchas comunidades terminaron rodeadas por colonos, como por ejemplo la comunidad de Santísima Trinidad donde yo vivo junto a 140 familias indígenas mezcladas con algunos colonos; hemos quedado al centro de la zona colonizada y rodeados por cocaleros. En la comunidad de Limo los hermanos del pueblo moxeño yuracaré ahora tienen apenas una hectárea y trabajan como empleados de los colonos. Sus hijos han tenido que migrar a las ciudades capitales para buscar empleo queriendo adoptar otra forma de vida; en muchos pueblos sólo quedan los viejitos. Algunas comunidades como Puerto Patiño e Isiborito se extinguieron y no sabemos a dónde se fueron esos hermanos.
P. ¿En qué ha cambiado la forma de vida de los indígenas?
R. Nos estamos quedando sin espacio y sin derecho a vivir tranquilos; la expansión de la coca y la deforestación son las mayores amenazas. Nuestra principal fuente de ingreso era el cultivo de arroz, plátano y yuca, pero algunos indígenas influenciados por los colonizadores han optado por sembrar coca con el argumento de que es la salvación económica y puede generar grandes movimientos económicos.
Nosotros no acostumbramos parcelar los lotes para titularlos de manera personal sino que tenemos un título general para todos y para las futuras generaciones indígenas, pero el sábado 7 de agosto en Santísima Trinidad el nuevo secretario general de la federación del trópico de Cochabamba nos dijo que obligatoriamente tenemos que repartirnos las tierras de manera individual.
Para los colonizadores y algunos comunarios indígenas la única fuente de vida es la coca y creen que la carretera Trinidad – Villa Tunari traerá desarrollo; esa es su ideología.
P. ¿A quién beneficia la carretera Trinidad – Villa Tunari?
R. La carretera pasa por las poblaciones indígenas de Santísima Trinidad, San José y San Antonio de Moleto; las otras comunidades están muy lejos y ni siquiera podrán transitar por ella. La carretera está diseñada para beneficiar sólo a los colonizadores de Villa Tunari, Chpiriri, Eteregazama y de otras poblaciones de la zona de colonización conocida también como el polígono 7.
P. ¿El gobierno les consultó y se reunió con ustedes?
R. Nunca hemos tenido estas consultas, quizás en algún momento alguien habrá hablado con alguna persona del TIPNIS que no representa legalmente a los indígenas, pero no hicieron una consulta con la participación del pueblo ni siquiera hubo la invitación de las autoridades. Lamento que la Viceministra de Medioambiente alineada a la ABC haya aprobado la licencia ambiental de la carretera sin informarse de lo que representa el TIPNIS y sin consultar a los hermanos indígenas.
El gobierno ha vulnerado varias disposiciones legales, como por ejemplo el artículo 6 del decreto 22610 que establece que toda construcción y obra de desarrollo, particularmente vías camineras y poliductos, que se realicen en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, debe contar previamente con un pormenorizado estudio de impacto ambiental, debidamente aprobado por las autoridades del Ejecutivo con la participación de la organización indígena de la región. Según ese decreto, las obras en ejecución deberán ser paralizadas hasta contar con su respectivo estudio de impacto ambiental consultado y coordinado con la organización indígena de la región.
P. ¿Qué consecuencias tendrá la construcción de la carretera?
R. Yo pienso que de aquí a unos 10 años desaparecerán muchas comunidades, me preocupan las pequeñas y frágiles poblaciones moxeño chiman de no más de 60 familias que no están acostumbradas a convivir con cierto sector social ajeno a su cultura y basta que una familia ajena a su cultura se asiente en su pueblo para que migren. Con la carretera que justamente pasa por esa zona les estaríamos quitando ese derecho a tener una vida tranquila y sana, les estaríamos obligando a migrar a otro lado.
Muchos hermanos chimanes han llegado al TIPNIS desde San Borja porque se abrió un camino por esa zona y a ellos no les ha gustado. Con esta carretera les quitamos el último sitio que les quedaba a los chimanes y lo más lamentable es que tendrán que buscar su propia suerte.
P. ¿Alguna vez fue amenazado por criticar y por oponerse a la carretera?
R. Hemos sufrido amenazas de todo tipo, incluso amenazas fuertes. Es difícil liderar un movimiento indígena “rebelde” nada menos que en la zona donde Evo Morales inició su carrera política, específicamente en el sindicato de Nueva Aroma.
Hace poco los colonizadores advirtieron a los hermanos de la comunidad Santísima Trinidad que si no aceptan la carretera no tendrán desarrollo ni atención del gobierno y tendrán que atenerse a las consecuencias. Desde que sacamos una posición firme de no permitir el avance de la carretera hace tres meses los colonos nos bloquearon y prohibieron a las tiendas vendernos artículos de primera necesidad.
El legislador del MAS Julio Salazar llegó a decir a los comunarios que si no accedían al cato de coca serían despojados de sus tierras, es decir que la única manera de garantizar sus tierras era sembrando coca, de lo contrario el Estado nos despojará de nuestras tierras con intervención militar. Yo lamento mucho que los dirigentes allegados a nuestro Presidente le estén cavando el piso; ellos manejan un discurso, pero en los hechos están haciendo otras cosas.
P. ¿Qué piden al gobierno los indígenas del TIPNIS?
R. Creemos que se pueden encontrar soluciones; la construcción del camino es algo secundario para nosotros, lo más importante es que se garanticen nuestros derechos comunitarios como pueblos indígenas y el respeto desde el gobierno y de todos los sectores sociales, incluidos los colonizadores y los ganaderos. No está bien que el gobierno busque el desarrollo sin importarle el medio ambiente, los animales y ni siquiera las vidas de los indígenas.
El hermano Evo no debe olvidar que el TIPNIS es un territorio emblemático donde se dieron los primeros pasos hacia la Asamblea Constituyente y la histórica Constitución Política que reconoce por primera vez los derechos y las formas de vida de los pueblos indígenas y originarios.
El TIPNIS también fue el primer “territorio indígena autónomo” declarado por los pueblos Chimán, Yuracaré y Mojeño-Trinitario en el marco de los artículos 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296 y el artículo 385 de la nueva Constitución, con el respaldo de organizaciones indígenas departamentales y nacionales y de altas autoridades de gobierno que estuvieron presentes en el acto que se realizó el 9 de febrero de este año.
El gobierno de Brasil es cómplice
En el marco del IV Foro Social de las Américas 2010 realizado en Asunción, Paraguay del 11 al 15 de agosto, el líder indígena mojeño trinitario Adolfo Moye denunció que el gobierno de Brasil es cómplice de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas mojeño-trinitario, yuracaré y chimán que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure.
Los pueblos del TIPNIS desde el pasado y hasta hoy se han visto amenazados por actividades petroleras, por la invasión de colonos productores de coca y por la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. El gobierno de Brasil a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) financia la construcción de la carretera con un préstamo de 322 millones de dólares, utilizando así el dinero de los trabajadores brasileños en beneficio de las empresas brasileñas.
Adolfo Moye lanzó la denuncia en Asunción, pocos días después de que la nueva Autoridad Ambiental Nacional, Cinthia Silva otorgó la Licencia Ambiental a dos de los tres tramos del proyecto carretero arbitrariamente fraccionado. La bióloga Silva asumió este cargo luego de la renuncia de la anterior Autoridad Ambiental que se negó a firmar el licenciamiento ambiental de cualquier tramo de la carretera.
Con la otorgación de la Licencia Ambiental se autoriza el inicio de la construcción de la vía, convirtiendo un proceso que debía ser técnico, jurídico, administrativo y llevado adelante con amplia información, participación y debate, en un simple trámite burocrático en el que la Autoridad Ambiental no ha tenido mayor papel que viabilizar decisiones de otras instancias del Ejecutivo que responden a intereses de ciertos sectores como los colonos cocaleros, empresas petroleras, madereros, etc. y no así a las necesidades de los dueños legítimos del TIPNIS.
La decisión de construir esta carretera fue tomada desde el momento en que el gobierno, de forma inconsulta, la declara “prioridad nacional”, contrata el préstamo con el gobierno brasileño y firma el contrato con la empresa OAS de Brasil para que lleve adelante los estudios y las obras de construcción.
¿Qué hacemos para que respeten nuestros derechos?, ¿cómo evitar que desaparezcan los moxeños, yuracares y chimanes?, ¿cómo evitar el ETNOCIDIO?, preguntó Adolfo Moye a los representantes de organizaciones brasileñas, peruanas, paraguayas, uruguayas, colombianas, argentinas y bolivianas que se dieron cita en este encuentro internacional que es parte del Foro Social Mundial (FSM).
Moye pidió al Presidente Evo Morales que recupere la esencia de la lucha de los pueblos, que no se someta a intereses privados, que abandone los discursos vacíos para llegar a los hechos y sobre todo que “no pierda el horizonte”, como le recomendó el presidente paraguayo Fernando Lugo.
Fuente: FOBOMADE
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