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, 5-9 Diciembre 2005

DECLARACIÓN DE FORTALEZA

El agua es esencial para la vida en el planeta y por lo tanto para las sociedades humanas. Reivindicamos el acceso al agua sana como un derecho humano.

La crisis de sustentabilidad provocada en nuestros ecosistemas en nombre de un malentendido progreso, ha causado que actualmente más de 1.300 millones de personas no tengan garantizado el acceso a agua potable, lo que origina una muerte cada 7 segundos. Esta crisis se refleja tanto en las ciudades y comunidades rurales como en los ecosistemas acuáticos y acuíferos. Sin embargo se sigue destruyendo y degradando los territorios del agua, a menudo de forma irreversible. Estas son las dos caras de una misma realidad.

Más allá de la utilidad económica del agua en la agricultura, la industria y la producción de energía, los ríos, lagos, glaciares, humedales, bosques y acuíferos desempeñan funciones clave, tanto para la biosfera, como para el sustento y cohesión de las comunidades, al tiempo que representan bienes comunes naturales que marcan la identidad de territorios y pueblos.

Aceptar el reto de la sustentabilidad exige cambios profundos en la concepción de la naturaleza, así como en actitudes y modos de vida; exige entre otras cosas desarrollar una Nueva Cultura del Agua que reconozca los múltiples valores emocionales, sociales, ambientales y económicos en juego, desde enfoques éticos basados en principios de equidad y sustentabilidad. Una Nueva Cultura del Agua que reconozca la sabiduría de las culturas ancestrales de América Latina, rescatando y valorando las buenas prácticas y técnicas tradicionales, como la recolección de aguas de lluvia, al tiempo que se incorporan las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías disponibles. Una Nueva Cultura del Agua que reconozca el papel específico de la mujer en las comunidades en las que el acceso a aguas sanas es problemático y confronte estos problemas de discriminación de género.

Los ecosistemas deben ser gestionados éticamente, con participación y bajo la responsabilidad de las comunidades y de las instituciones públicas, de manera que se garantice la conservación del agua y el derecho humano al agua potable y al saneamiento ecológicamente adecuado.

Según el Informe de la Comisión Mundial de Represas, se estima que a lo largo del siglo XX, entre 40 y 80 millones de personas en el mundo han sido forzadas a abandonar sus pueblos inundados por grandes represas, causando un auténtico holocausto hidrológico. En estos desalojos, a menudo violentos, han sido transgredidos los derechos humanos de las comunidades afectadas e incluso se han cometido y se siguen cometiendo asesinatos que permanecen en el silencio y la impunidad. En el caso de América Latina, las comunidades indígenas han sido y son despojadas de sus derechos colectivos y ancestrales a sus territorios y ecosistemas en nombre de un interés general que con frecuencia resulta ser el de los más ricos y poderosos.

América Latina viene confrontando mega-proyectos como los propuestos en el Plan Puebla-Panamá en el que se promueven obrass tan conflictivas como la represa de La Parota, o la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) en el que se incluyen hidrovías industriales como la del sistema Paraguay-Paraná, otros proyectos como la conexión de los ríos Negro y Orinoco en la Amazonía, grandes trasvases, como el del Río San Francisco (Brasil), y múltiples grandes represas, algunas tan impactantes y conflictivas como las del proyecto Quevedo Vinces en Ecuador o las represas en los ríos de la Patagonia. Tales proyectos pondrían en riesgo los principios de la sustentabilidad, tanto en lo social como en lo ambiental y lo económico, y exigen previamente un amplio debate público basado en una información cualificada y clara.

La deforestación masiva, la contaminación sistemática por vertidos industriales, mineros, agrícolas y urbanos, la desecación de humedales, la expansión del agro- negocio, la navegación marítima y fluvial a gran escala, la creciente emisión de gases invernadero, entre otros, están quebrando el ciclo del agua, destruyendo fuentes vitales para la soberanía alimentaria de las comunidades, como las pesquerías en ríos, manglares y litorales, amenazando, en suma, la continuidad de la vida en el planeta. Ante esta creciente tragedia ecológica y social, es inaceptable que las instituciones públicas se escuden en la impotencia, sean complacientes, o incluso activos promotores de tal tragedia, bajo la justificación de favorecer el crecimiento económico.

Las fórmulas neoliberales para la gestión del agua, y particularmente de los servicios de agua y saneamiento, acordadas por los gobiernos, las empresas transnacionales y las instituciones financieras internacionales, están conduciendo a la privatización de servicios públicos básicos y a la pérdida de soberanía control de los pueblos y comunidades sobre sus territorios y ecosistemas. En la mayoría de los casos, estas políticas, lejos de resolver los problemas de acceso al agua y al saneamiento, han excluido a los grupos más vulnerables. Ciertamente, en muchos casos, las entidades públicas han sido y son ineficientes y burocráticas. Sin embargo, resulta cada vez más evidente que sustituirlas por empresas privadas, en su mayoría transnacionales, y por relaciones de mercado, ha empeorado la situación. Desde la Nueva Cultura del Agua proponemos nuevos modelos de gestión pública eficiente basados en la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones y su posterior control social. Nuevos modelos que exigen reformas legales e institucionales profundas que deben democratizar la gestión del agua y de los servicios públicos esenciales y acabar con la corrupción.

El modelo de globalización impuesto por instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional -FMI, el Banco Mundial-BM y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, se ve reforzado en América Latina por los diversos tratados bilaterales y multilaterales, basados en pretendidos argumentos de “libre comercio”, poniendo en riesgo la gestión democrática y sustentable del agua en el continente.

Frente a esto, la ejemplar reacción popular, en muchos casos, y las experiencias exitosas de gestión pública participativa, con elevados niveles de eficiencia técnica y social en materia de servicios de agua y saneamiento, alumbran desde América Latina perspectivas esperanzadoras para el mundo.

Ante retos de tal envergadura, la educación y la formación de ciudadanía deben ser ejes estratégicos en la lucha por construir esa Nueva Cultura del Agua que todos necesitamos. Por otro lado, es necesario desarrollar esfuerzos de convergencia entre los movimientos sociales y la comunidad científico-técnica de cara a alumbrar alternativas eficientes, equitativas y sustentables.

En este Encuentro por la Nueva Cultura del Agua en América Latina, más de quinientas personas de 35 países hemos vivido cinco días de riquísimo intercambio, alimentados por la diversidad de las culturas y de los movimientos, por las aportaciones de los científicos, de las instituciones que se hicieron representar así como de las manifestaciones artísticas que dinamizaron y alegraron el evento. Nos hemos conmovido y solidarizado con denuncias concretas de graves ofensas a los derechos humanos y a la sustentabilidad de los ecosistemas, no sólo en América Latina sino en otras regiones; hemos testimoniando relatos directos y motivantes de las luchas ciudadanas en las que muchos de nosotros hemos participado por la justicia ambiental y por el futuro del Planeta Azul, el Planeta Agua.

Salimos de Fortaleza má s fuertes, porque estamos más unidos, aun más convencidos de la necesidad de seguir en la lucha solidaria por la superación de la crisis del agua en América Latina y en el mundo.