www.elmostrador.cl , 17 de Septiembre de 2009

Por Claudia Urquieta Ch.

Durante la campaña de 2004 para lograr agregar a la Constitución de Uruguay el acceso al agua como un derecho humano, el código de Aguas chileno fue erigido como el antítesis de lo que se quería para el país, ya que se presentaba como un esquema negativo para la defensa de los recursos naturales

La entrega en la constitución chilena de los derechos de agua a perpetuidad, en forma gratuita y dejando en libertad a los dueños para vender o traspasar estos derechos al precio que marque el mercado sorprendía a los uruguayos. Quienes, según  relata la integrante de la Comisión de Defensa del Agua de dicho país, Adriana Marquisio, "nos miraban con cara de asombro cuando les explicábamos cómo funcionaba".

El 31 de octubre de 2004 el plebiscito del Agua en la nación de Mario Benedetti, cerró la puerta a su privatización con un 67 por ciento de los votos.

Esta experiencia no puede repetirse en Chile, ya que la Carta Magna de 1980 no permite cambios a través de firmas ni plebiscitos. A pesar de ello, la presidenta de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado de Uruguay, que hace unas semanas participó en la capital en el Seminario Internacional "Conflictos Actuales y Derecho Humano al Agua en Chile",  señala que la sociedad chilena está hincando el diente al asunto, ya que "se han conjugado liderazgos y organizaciones claves en este momento, por lo que tengo muchas esperanzas de que el tema se empiece a discutir".

Justamente en estos días el ministerio de Obras Públicas (MOP), está impulsando una modificación constitucional para regular el uso y la explotación de los recursos hídricos, que será enviada al Congreso en octubre. Que entre otros puntos plantea caducar los derechos de agua que no se usen, así como el acceso sin restricciones a terrenos donde existan glaciares para que puedan ser monitoreados por el Estado.

 Ya en 2005 hubo una reforma el Código del Agua, pero en definitiva no impulsó cambios de fondo. Por ello, hay voces parlamentarias y ambientalistas que han instalado la discusión sobre la "nacionalización" del agua.

Yes, we can

En Latinoamérica ha habido varios procesos que han nacido de las bases ciudadanas en la línea de cambiar el marco legal que regula las aguas. Conocida es la guerra del agua de Bolivia, que logró expulsar a dos transnacionales que distribuían el agua en Cochabamaba y luego en El Alto. En Ecuador el cambio constitucional contiene conceptos bastante progresistas al respecto, ya que el agua se aborda como algo sagrado relacionado con el tema indígena

Un caso paradigmático es la entrega en marzo de dos millones de firmas en Colombia para elevar el agua como derecho humano.  En el país liderado por Álvaro Uribe, tampoco es posible realizar un referéndum al respecto, pero a raíz de la presión ciudadana se inició todo un debate político.

Para  Marquisio, este es un excelente referente para la sociedad chilena, que ella define como "muy fragmentada y con la percepción de que no se puede cambiar el orden establecido. Eso lo hemos visto bastante en nuestro trabajo en Chile".

Pero luego del encuentro de septiembre  en el que participaron diversos actores, entre ellos el obispo de Aysén, Luis Infanti-creador de la carta "Danos Hoy el Agua de Cada Día"-la uruguaya asegura que había "mucha energía para decir basta y unirse para lograr cambios: el sentimiento de que sí, se puede".

El rol de los candidatos

-¿Cuál fue el rol que jugaron los candidatos presidenciales durante la campaña para el plebiscito del Agua, que se realizó el mismo día de las elecciones?

- El tema se metió en la agenda electoral. Todos los candidatos tuvieron que definirse al respecto. Muy al final se definió todo el Frente Amplio-del gobernante electo, Tabaré Vásquez- a favor del plebiscito. En cambio, el partido Colorado,  que había llevado a cabo la privatización estuvo en contra.

Los temas ambientales no entraban en la agenda política y social. Y ahora es transversal a la vida de las personas. En ese aspecto, el Estado debe tener la puerta abierta y mantener un trabajo en conjunto con la comunidad.

-¿Cuáles fueron las principales trabas políticas que enfrentaron durante la campaña?

-Antes de aprobarse la reforma,  el partido de gobierno y la fuerza opositora decían que el plebiscito era prehistórico, que no habría más inversiones. El Banco Mundial y el Fondo  Monetario Internacional dijeron que era un peligro para el país. Hubo un intento de boicot permanente, pero finalmente ganamos.

-¿Este proceso de reforma ya terminó?

-No. Aún falta mucho. Ahora estamos en la etapa de elaborar la política nacional del agua. Se está abordando el impacto de cuencas, ordenamiento del territorio y los conflictos de uso. Por otro lado, estamos en un proceso de trabajo donde avanzamos con dificultades relacionado con la Papelera Botnia-instalada en Fray Bentos- que nos generó un conflicto transfronterizo. Hemos encontrado un punto de resistencia común, pero no hemos tenido posibilidad de discutirlo  a fondo, porque vino, se instaló y punto.

-¿Trabajan en coordinación con otros países en torno al agua?

Tenemos varias comisiones que son parte de una red continental de coordinación activa, Red Vida, de la que Chile es parte a través de Chile Sustentable. Estamos trabajando por un nuevo modelo público.

A partir de esta red de creó una red africana, una asiática y  una europea, que trabajan por la justicia del agua a nivel mundial. El movimiento se ha hecho presente en caso todos los foros mundiales del agua.