Se defendió diciendo que desconocía la ley
Acusan a diputado de causar sequía con tranque ilegal
La Discusión, 29 de marzo de 2011
Una seria denuncia presentaron agricultores de El Carmen contra el diputado Rosauro Martínez, donde fustigan la construcción de un tranque de acumulación de agua que estaría dejando sin el vital líquido a la zona rural aledaña al fundo familiar del diputado, Los Mañíos, ubicado a 3 kilómetros de la capital comunal.
Los hechos se remontan a unos cuatro años, cuando fue construido el embalse que recoge aguas del estero El Quemado, que bajaba de la precorrillera y del que históricamente se nutrían los agricultores, básicamente para el riego de chacras y consumo animal.
Esto hasta que el acumulador de agua, obra que permite embalsar más de 50 mil metros cúbicos y abarca según los denunciantes una superficie de unas 6 hectáreas, habría acabado toda posibilidad de regar los huertos, lo que obviamente ha generado perjuicios económicos a las familias que viven únicamente de lo que les daba la tierra.
Uno de los principales perjudicados es Sergio Seguel, quien a sus 68 años ve con estupor cómo se secan los pozos que tiene en su propiedad y ya no puede acceder al vital recurso que le llegaba desde el estero embalsado.
“Antes, durante todo el año el agua que venía del estero pasaba por este canal, pero ahora no tenemos nada y los choclos de la huerta se secan y no crecen por falta de riego”, sostuvo molesto a LA DISCUSIÓN.
En las cercanías, el agricultor Nelson Quilodrán vivió una situación similar desde la construcción del acumulador, pero lejos de quedarse de brazos cruzados inició acciones ante el Tribunal de Yungay, con el fin de que fuera paralizada la actividad del tranque.
Además, logró que la Dirección General de Aguas tomara cartas en el asunto y corroborara que jamás existió autorización para crear el estanque.
Por si fuera poco, éste tampoco cuenta con la autorización de la Seremi del Medioambiente, pues no fue sometido al sistema de Evaluación Ambiental que se requiere para este tipo de obras. Y si bien la fiscalización estatal sobre el estanque fue realizada el año 2009, sólo después de que el caso fuera publicado por “24 Horas” de TVN se tomaron medidas concretas.
Tranque vacío
Vecinos denuncian que tras indagaciones periodísticas en la zona y frente a la real posibilidad de que el reportaje saliera a la luz, para iniciar la tramitación de las autorizaciones la familia de Martínez habría ordenado el vaciado del estanque, lo cual fue corroborado por los agricultores.
“Hace un tiempo pasó mucha agua por este canal, cosa que no había ocurrido en años y creemos que eso se debe a que eliminaron toda el agua que estaba en el tranque”, lanza Seguel.
Críticas políticas
Tras enterarse del reportaje, el senador Alejandro Navarro manifestó que se pondrá en contacto con los vecinos afectados con el fin de prestarles apoyo legal. Y de paso lanzó su infaltable opinión: “Este es un hecho grave y lo que más nos llama la atención es que un diputado de la República haya señalado que no conocía los procedimientos legales que debía seguir. El pertenece a la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja y debe conocer las leyes”, sostiene.
“Es muy probable que este no sea un caso aislado. Espero apoyar a los afectados, los cuales tienen todo el derecho de llegar a tribunales para pedir indemnizaciones”, sostuvo.
Nelson Quilodrán, en tanto, declaró ayer que espera una solución pronta a los problemas que aquejan a familias del sector. “Ya el Tribunal de Yungay nos favoreció y nos dio la razón. También la Dirección de Aguas, pero ocurre que el diputado, a pesar de todo el tiempo transcurrido, no obedece los dictámenes de la Justicia y de entes oficiales”, disparó.
Efectivamente, el 29 de mayo del 2009 el ex director de la DGA, Ramón Daza, determinó que el estanque debía haber pasado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, ordenaba a la sociedad agrícola, forestal, ganadera Rosauro Martínez Labbe, “paralizar la extracción de aguas superficiales del estero el Quemado”.
Tras la resolución de la DGA regional, el diputado apeló ante la dirección nacional, la que dejó a firme la sentencia anterior.
En la documentación presentada el diputado reconocía que si construyó la obra sin los permisos correspondientes “se debía al desconocimiento de esta tramitación”.
Se defiende
Consultado por LA DISCUSIÓN, el diputado manifestó que el predio tiene derechos de aguas adquiridos hace muchos años, de manera que “se ha utilizado sólo el recurso que está legalmente asignado. En el predio se construyó un acumulador de las aguas sobre el cual la sociedad tiene derechos y se construyó como una obra menor, para no perder el recurso, ante lo cual la Dirección de Aguas solicitó que el proyecto de embalse se remitiera a la Dirección General de Aguas para su aprobación, trabajo que está en ejecución”.
Agregó que “no se han afectado los porcentajes que corresponden a cada propietario del caudal de las aguas del canal Monte Blanco Sur, canal que alimenta el acumulador, como lo demuestra por ejemplo la Sociedad Agrícola San Luis de Pal Pal, que tiene más de un 7% del caudal y se ubica más abajo de la propiedad de la persona que reclama. Un elemento curioso es que estando más abajo, la sociedad agrícola siempre han tenido agua y así lo han declarado”.
De igual manera, Martínez lamentó que se utilizara la realidad de los pequeños agricultores del sector que no tienen acceso al agua para esta denuncia, ya que la construcción del acumulador no influye bajo ningún punto en la sequía que agobia a todo el mundo rural.
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