Gobierno enajenó acciones en Aguas Andinas por US$984 millones
Rechazo genera venta de la propiedad estatal en sanitarias
Radio Universidad de Chile, 15 de junio de 2011
Las pocas acciones que el Estado mantenía en las empresas sanitarias del país, luego del proceso de privatización de Frei, comenzaron a venderse hoy en la Bolsa con la transacción de los papeles de Aguas Andinas y, según anunció el Gobierno, seguirán con otras tres compañías del país. Organizaciones ciudadanas adelantaron que recurrirán a la Contraloría, mientras que el diputado PS De Urresti dijo que enviarán un proyecto de ley para impedirlo.
Esta mañana, a través de Corfo, el Estado vendió cerca del 30% de su propiedad en la empresa sanitaria Aguas Andinas, recaudando alrededor de US$984 millones en la transacción bursátil.
El 86% de las acciones subastadas quedaron en manos de inversionistas institucionales, mientras que el 49 por ciento fue adquirido por personas naturales e inversionistas extanjeros.
Con esta transacción, el Estado sólo queda con el 5% de la propiedad de la empresa sanitaria. El 50,1% de Aguas Andinas pertenece a Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM), que es manejada por la española Agbar (grupo Suez).
La decisión de mantener esa parte minoritaria se debe a conservar el derecho a veto que actualmente tiene sobre operaciones que involucren transferencias de derechos de aprovechamiento de aguas, gravámenes e hipotecas sobre ellas, así como sobre las transferencias de las concesiones sanitarias que poseen estas compañías.
Cabe señalar que la empresa ganó más de 37 mil millones de pesos sólo durante el primer trimestre de 2011.
Esta venta es el puntapié inicial al proceso de enajenación de las acciones que el Estado mantiene en empresas sanitarias, anunciado por el Presidente Sebastián Piñera en su discurso de mayo de 2010, y que continuaría, según los planes del Gobierno, con el remate de la propiedad estatal en Essval (V región), Essbio (VIII) y Essal (X).
Al respecto, el diputado socialista Alfonso de Urresti señaló que esta decisión no tiene asidero en necesidades reales del Estado sino que está basada en criterios ideológicos: “Nadie puede calificar de activos prescindibles la participación estatal en un mercado tan sensible y esencial, menos si no existe una justificación económica, ni social. Es complejo que se tome una decisión basada sólo en la ideología”, dijo.
Si bien el Gobierno había anunciado sus intenciones de seguir privatizando el agua, la transacción de los papeles de las sanitarias se realizó sin previo aviso y, por lo tanto, sin consulta ciudadana.
Por eso, De Urresti señaló que “este proceso ha carecido de transparencia y se ha dejado a un lado la opinión de los millones de consumidores, quienes igual tienen el derecho de expresarse. Una decisión tan delicada como enajenar un bien público tan sensible requiere ser socializada y no adoptada entre las cuatro paredes del consejo de Corfo, ni del Gobierno. Es un patrimonio que pertenece a todos los chilenos y no puede cederse la participación estatal que aún quedaba”.
El diputado destacó la presentación de un proyecto de ley que “reconoce el dominio público y garantiza el derecho al agua para consumo de la población”, para el que espera el apoyo de los parlamentarios. Sin embargo, cabe recordar que cuando se anunció la venta de los activos estatales, la bancada DC presentó una iniciativa legal para no permitir que esto se hiciera sin previa autorización del Congreso, idea que no prosperó.
El vicepresidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, también calificó la medida como “ideológica” y sin ninguna justificación económica, debido a los altos ingresos provenientes del cobre gracias al impuesto específico a la minería: “Realmente es un escándalo, ni siquiera se le consultó al Congreso que actúa en representación. Estos temas debieran ser producto de un debate. No puede ser que el Estado se desprenda de la propiedad de empresas estratégicas como las sanitarias, sin preguntarle a nadie. Es una anomalía en nuestra legislación, le dijimos al Gobierno que no lo hiciera pero hay una visión ideológica. No hay justificación para la venta, se lo dijimos al ministro y estuvieron inventando chivas permanentemente”, acusó.
El parlamentario lamentó además que no haya alcanzado a estar aprobado antes un proyecto presentado por él que evitaría que se produzcan este tipo de enajenaciones sin la venia del Congreso.
El diputado Chahin advirtió, sin embargo, que fue gracias a las presiones de la Concertación que finalmente se pudo conservar el 5%o de participación estatal en las sanitarias, puesto que la idea inicial del Gobierno era vender la totalidad de la propiedad.
Por su parte, el presidente de la Federación de Trabajadores de las Empresas de Servicios Sanitarios, Hugo Maturana, también manifestó su disconformidad con la decisión gubernamental: “El gobierno insiste en vender y no tiene ninguna necesidad. Es un perjuicio para el Estado chileno. Hay que recordar todas las excusas que inventaron para hacer la venta y al final uno concluye que están vendiendo para ayudar a sus pares, a los grandes consorcios y empresarios, a que hagan el negocio del año. Este es un regalo de Navidad, como dijimos cuando lo anunciaron”, cuestionó.
Maturana hizo hincapié en que los chilenos se verán perjudicados a través de las tarifas, debido a que el Estado no tendrá ningún control sobre la empresa, porque su participación minoritaria le impide tener un representante en el directorio.
Sin embargo, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, descartó que la venta influya en el precio del servicio y dijo que “la regulación de las sanitarias establece cómo se fija la tarifa para el agua potable y el tratamiento de aguas servidas. Eso está definido en la ley, hay un cuerpo de regulaciones que establece cómo se fijan las tarifas”.
La Federación de Consumidores Sur Austral de Chile, la misma Federación Nacional Trabajadores de Obras Sanitarias (Fenatraos) y la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, a través de una declaración pública, manifestaron que en los próximos días presentarán un recurso a la Contraloría para evitar la enajenación de los bienes estatales.
Las organizaciones sentenciaron que la venta de las acciones contraviene la Constitución, que estipula que el Estado debe proteger a las personas y garantizar sus derechos fundamentales: “La liviandad con que el Gobierno ha tomado la enajenación de bienes del Estado, pone de manifiesto su inclinación por traspasar al privado roles irrenunciables, como el garantizar el derecho a la vida, ya que el agua es sinónimo de vida”, señalan en un comunicado.
Asimismo, aclaran que “los bienes del Estado o bienes fiscales sólo pueden enajenarse por autorización de ley, por tanto, los derechos o acciones de participación que el Estado (Corfo, Fisco) tiene en las empresas sanitarias, son bienes del Estado o fiscales, que solo pueden venderse por autorización legal, y no por simple voluntad plasmada en un decreto presidencial o ministerial o resolución de un servicio público”.
Las agrupaciones indicaron además que “la gestión privada en las empresas sanitarias no es sinónimo de eficiencia y mejora en la calidad del servicio”, considerando que el 2010 la Superintendencia de Servicios Sanitarios cursó 88 multas a estas empresas y que en el primer trimestre de este año van 70 sanciones. Además, señalaron que la privatización afecta el acceso al agua encarece el servicio, con un alza del 150% en los últimos diez años, lo que afecta directamente a la población de menores recursos.
Larga historia de privatizaciones
El anuncio del Gobierno de Sebastián Piñera de vender las acciones estatales en empresas sanitarias se dio a tres meses del terremoto del 2010. Uno de los argumentos que se esgrimió en ese momento era la necesidad de financiar la reconstrucción. Sin embargo, a 16 meses de la catástrofe, la justificación calza más con lo que señaló en Radio Universidad de Chile en ese entonces el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y que sería conseguir fondos para potenciar otras empresas del Estado.
Según el ministro, el dinero recaudado iría a la ampliación de las líneas 3 y 6 del Metro, a capitalizar a ENAP, concretar proyectos de inversión de Codelco y entregar capital a las pymes a través de programas de Corfo.
Hasta antes de la venta, la participación del Estado en las compañías a través de sus activos significaba la entrada de US$150 millones anuales, que son administrados por Corfo. Se espera que la enajenación genere US$1.600 millones, aunque más de la mitad de esa cifra ya se consiguió hoy con la transacción de Aguas Andinas.
Y aunque este proceso de privatización es uno de los más significativos del último tiempo, se trata de medidas que se ejecutaron con fuerza durante el gobierno de Eduardo Frei y tuvieron continuidad en sus sucesores.
El ahora senador DC impulsó la venta de empresas sanitarias del Estado, con el argumento de financiar los planes de extensión de la red de cobertura de agua potable y alcantarillado y el proceso de tratamiento de aguas servidas.
Mientras, Ricardo Lagos cambió el sistema de venta de la propiedad por uno de concesión, entregando a privados los derechos de explotación de sanitarias por tres décadas.
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