Proyecto minero Pascua Lama

Una verdadera mancha negra para Canadá
Vergüenza en Canadá por comportamiento de sus empresas mineras en el mundo

Fuente: La Presse 29 de octubre de 2010

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Por François Cardinal

La Cámara de los comunes de Canadá se negó, este miércoles, a controlar a las numerosas mineras canadienses que operan en el extranjero, a pesar de su pobre balance social y medioambiental.

Impulsada a título personal por el diputado liberal John McKay, el proyecto de ley obtuvo el apoyo del Bloque y del NPD. Sin embargo, fue derrotado solamente por seis votos.

¿ Por qué? Porque los conservadores se oponían a eso. Pero sobre todo, porque 13 diputados liberales, entre ellos Michael Ignatieff, no consideró bueno votar, so pretexto de que una nueva reglamentación perjudicaría a la industria, y por lo tanto a los 300.000 canadienses a los que emplea.

¡Es decir que el PLC, el mismo que acaba de adoptar una estrategia relativa "a aumentar el nivel de responsabilidad medioambiental y de promover el respeto de los derechos de las personas" mató una legislación que precisamente prometía eso para la industria que tien la peor reputación en la materia!

Un informe interno de la industria, obtenido por el Toronto Star, revela que en efecto las empresas canadienses son aquellas a las que se les han reprochado más conflictos sociales y medioambientales en los países en vías de desarrollo durante la última década.

Una verdadera mancha negra para Canadá, donde residen el 75 % de las mineras del mundo. De ahí el proyecto de ley C-300 del diputado McKay, que pretendía condicionar el financiamiento federal de estas empresas al respeto de los derechos de las personas y del medioambiente en los países en vías de desarrollo.

En resumen, simplemente sentido común. Para el Partido liberal, quien da continuamente lecciones de moral a sus adversarios. Y para el gobierno conservador, que recientemente se ha permitido un giro al estilo ONU, con compromisos más virtuosos unos que otros.

Por cierto, la búsqueda de cierto equilibrio entre los intereses económicos y las aspiraciones sociales y ecológicas es loable, incluso necesario, pero en el caso de las minas, este equilibrio claramente fue roto desde hace un buen tiempo.

Tenemos la prueba en la decisión de Noruega de excluir a la empresa canadiense Barrick Gold de su fondo de pensiones. En el caso de México de cerrar la mina explotada por Blackfire Exploration de Calgary. En el testimonio dado en la Cámara de los comunes por la ex ministra de medioambiente de Argentina, quien declaró haber sufrido graves amenazas por parte de las empresas mineras extranjeras.

Sí, es importante mantener el máximo posible de casas matrices en el país, proteger los empleos en ultramar, velar por los intereses de las sociedades canadienses en el extranjero, pero hay que preguntarse a qué precio estamos dispuestos, colectivamente, a hacerlo.

El proyecto de ley C-300, por imperfecto que era, constituía un buen comienzo en respuesta a esta cuestión, el primer paso hacia un mecanismo creíble de imputabilidad. Pero por desgracia ha sido anulado, dando dos pasos hacia atrás, cuando los grandes partidos decidieron matar el proyecto de ley en vez de mejorarlo.

Por François Cardinal
La Presse. 29 de Octubre