Fuente: www.puntofinal.cl (N. 594 - Junio 2005)

Si Celulosa Arauco cerró temporal­mente su planta en Valdivia fue nada más ni nada menos que por efecto de las persistentes, masivas y bien fundamentadas acciones de denuncia y protesta emprendidas, primero, por los valdivianos y luego, por organizaciones y personas en el resto del país contrarias a la devastadora contaminación que provocó la empresa en el Santuario de la Na­turaleza Carlos Andwandter, en el río Cruces.

La muerte y huida del humedal de casi seis mil cisnes de cuello negro -era el prin­cipal sitio de reproducción de esta especie en Sudamérica- fue una evidencia deter­minante del desastre ambiental que sigue amenazando peligrosamente la salud de la población. Pero lo evidente fue negado mañosamente por Celulosa Arauco (Cel­co), propiedad del Poderoso grupo econó­mico de Anacleto Angelini, y soslayado por instituciones del Estado, como la Co­narna, que dilataron el reconocimiento de lo que ocurría y, finalmente, resultaron inoperantes para enfrentar las múltiples irregularidades e ilegalidades cometidas por la empresa.

La planta de Celco siguió funcionando a pesar que el estudio encargado por la Conama a la Universidad Austral de Val­divia -y que demoró más de tres meses en darse a conocer- estableció como causa de la muerte de los cisnes, y de otros seres vivos del santuario, la abundancia de me­tales pesados y sustancias químicas -como dioxinas, los compuestos más tóxicos que existen- en los 77 millones de litros de desechos líquidos que Celco volcó diaria­mente en el río Cruces desde abríl de este año. La Corte Suprema, una vez más, re­solvió en forma escandalosa al rechazar unánimemente un recurso de protección presentado por organizaciones ciudada­nas, pese a haberse descubierto que la em­presa presentó como prueba de inocencia un "estudio" falso, supuestamente emana­do de la Universidad de Concepción, en el cual basó su fallo.

Por su parte, en una resolución de fines de mayo la Corema le dio un plazo a Cel­co hasta de tres años para sacar el ducto del río Cruces y orientarlo hacia el mar, lo que implicaría trasladar el problema a las comunidades costeras. Pero en el in­tertanto la planta seguiría funcionando. Para la empresa, sin embargo, no fue suficiente. Optó por asumir el papel de víctima al anunciar la salida de su gerente general, Alejandro Pérez, y la paralización de faenas, señalando que no seguiría en actividad mientras no se definieran con claridad las reglas, en un abierto llamado de atención a las autoridades.

En definitiva, no fueron las institucio­nes, sino la gente común y corriente la que funcionó. Organizaciones arnbienta­les y sociales, organismos no guberna­mentales y personas de los más diversos sectores se aglutinaron en torno a Acción por los Cisnes, que dirige las protestas en Valdivia. Se presentaron cientos de de­uncias por daños a la salud provocados por las emisiones de gases a la atmósfera y grupos de profesionales hicieron un mon­itoreo y censos en el santuario para demostrar ­cómo se iba muriendo todo signo de vida. En tanto, otra coordinación, ligada a Acción por los Cisnes, lideró las ac­ciones en Santiago y una experiencia simi­lar se hizo en Valparaíso. En Valdivia, Santiago, Valpa­raíso, Temuco y otras ciudades hu­bo marchas multitudinarias, pro­testas frente a la empresa y ante las autoridades, accio­nes judiciales, re­colección de flrmas y manifesta­ciones en las calles. La presión pública hizo reaccionar en el último momento incluso a grupos de parlamentarios.

El autocierre de la planta de celulosa no ha hecho bajar la guardia. "Una vez establecido el daño y los responsables de éste, y existiendo una legislación ambien­tal, lo lógico es que el gobierno -a través de sus instituciones ambientales- hubiera tomado la determinación de cerrar la planta mientras no esté en condiciones de descargar sus riles en otro lugar, donde no provoque un nuevo desastre como el que ha causado aquí. Pero fue la planta la que se autocerró, porque no pudo se­guir tapando el sol con un dedo, e igual­mente puede autoabrirse mañana", dice el oncólogo valdiviano Eduardo Israel, ac­tivo integrante de Acción por los Cisnes. Aclara que "somos un grupo de ciudada­nos responsables que hemos tenido que estudiar y aprender en nuestras pocas horas libres para defender esta causa y en­frentar la enorme campaña que ha hecho Celulosa Arauco para mejorar su imagen en Valdivia. Nuestra bandera de lucha no son sólo los cisnes, el santuario, nuestro patrimonio y nuestra identidad: es funda­mentalmente la salud, porque el agua del ríoo va a contaminar nuestros alimentos". Respecto de lo mucho que aún queda por hacer, reflexiona el doctor Israel: "Con nuestro trabajo (se refiere al monitoreo en el río Cruces) no solamente hemos mostrado cisnes muertos, el santuario muerto, sino también cuán muertos están los valores. Pero esto tiene que cambiar. Hay que 'destapar' la contaminación hu­mana y valórica. Sólo entonces lograre­mos que se tomen decisiones correctas".

La lucha por la defensa del santuario del río Cruces ha aportado valiosas leccio­nes que están siendo asimiladas con rapi­dez por el movimiento ciudadano del norte del país, que se opone al rnegapro­yecto minero Pascua Lama (ver PF 589) de la Compañía Minera Nevada filial de la siniestra Barrick Gold Corporation. La transnacional, la segunda empresa minera de oro más grande en el mundo, está ligada ­a George Bush padre y a operaciones la CIA. Uno de los miembros de su directorio es Andrónico Luksic (PF 592).

Esta transnacional, fundada hace más de veinte aííos en Canadá, explota yaci­entos en países de varios continentes. Ha estado en conflicto con comunidades de Africa y Australia por problemas am­ientales y sociales. En marzo de este año el escenario fue mucho más cercano. En Ancash, Perú, miles de campesinos efectuaro­n paros regionales y protestas contra Barrick y otra empresa minera, Antamin­a, a las que culpan de contaminar las aguas del río Santa, dañando sus productos ­agrícolas y causando la muerte de sus animales.

En Chile, agricultores, comunidades cristianas y organizaciones vecinales se han agrupado en el Consejo de Defensa Valle del Huasco y en la Coordinación Defensa del Valle de Alto del Carmen para movilizarse contra este proyecto de explotación a gran escala de oro, plata y re en la zona cordillerana al interior de Vallenar. El negocio contempla la re­moción y traslado de tres gigantescos gla­ciares, reserva de agua para todos los chile­nos. Pero, además, se prevé la contamina­ción con metales pesados, cianuro, ácido sulfúrico y otros productos utilizados en el proceso productivo, de las escasas fuen­tes de agua que sostienen la vida de las comunidades agrícolas, como el río Huas­co y el embalse Santa Juana.

La gente se ha hecho escuchar. El sába­do 4 de junio alrededor de 1.500 personas marcharon por segunda vez por las calles de Vallenar manifestando su rechazo al proyecto Pascua Lama. Entre los manifes­tantes estuvo el senador Nelson Avila, quien denunció el acuerdo minero firma­do en 2001 entre los gobiernos de Chile y Argentina, que permite a los inversionis­tas el uso de "toda clase de recursos natu­tales para el desarrollo del negocio mine­ro". También participaron integrantes de la coordinación que ha actuado en Santia­go en defensa del santuario del río Cruces.

Ese mismo día se hizo otra marcha en Santiago, donde se formó el Frente Anti Pascua Lama. Aunque el proyecto minero ya cuenta con la venia de la Corema, es probable que la presión social haya influi­do para que el proceso de evaluación am­biental se congelara por 90 días -hasta septiembre- debido a que esta comisión solicitó a la empresa nuevos antecedentes sobre los puntos más críticos del proyecto, principalmente respecto del uso del agua y el plan de manejo de los glaciares.

En tanto, se formó una junta de vigi­lancia del río Huasco, constituida principalmente por agricultores propietarios de las aguas que defienden sus intereses. Y la comunidad -descendiente directa del pueblo diaguita- mantiene un juicio por usurpación de aproximadamente 50 mil hectáreas de la estancia Chañarcillo, apro­piadas por la Barrick a través de diversas transferencias.

Ambos movimientos socio-ambienta­les, pese al mucho camino por recorrer, han motivado a Acción por los Cisnes y a una serie de otras organizaciones coordi­nadas a llamar a una jornada nacional de protesta para el sábado 9 de julio. Ya están comprometidos el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y la Coordinación de Defensa del Valle de Alto del Carmen y Vallenar.

"En torno a esta iniciativa se está convocando a organizaciones de todas las re­giones, como la Coordinadora Multiso­cial de la Zona Poniente de la Región Me­tropolitana -centrada en el problema generado por la planta de 'tratamiento de aguas' La Farfana-, y otras gestadas en tor­no a los problemas del río Cruces y de Pascua Lama. Por ejemplo, en Valparaíso se creó una coordinación que ha realizado varias movilizaciones en defensa del agua", explica Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Con­flictos Ambientales (Olca) y vocero de la Coordinación por la Defensa del Santua­rio de la Naturaleza de Río Cruces en Santiago.

"La idea es ir articulando estos peque­ños movimientos y transformarlos en una sola voz, sobre todo tomando en cuenta la experiencia de Valdivia, donde queda­ron al descubierto una suma de irregulari­dades y la falta de voluntad política del gobierno para aplicar la escasa normativa de protección ambiental existente, en des­medro de la salud pública, el daño al me­dio ambiente y la opinión de la ciudada­nía. Esto, sin duda, se relaciona con el modelo económico", afirma Cuenca.

En su opinión, principalmente en la experiencia de Valdivia pero también en lo que está ocurriendo en Vallenar y el Valle del Huasco, se percibe una nueva situación. "Parar, oponerse o cambiar el estado de deterioro ambiental que hay en el país se ha hecho carne en la ciudadanía. En Valdivia y en torno a Pascua Lama se están viendo movilizaciones ciudadanas muy amplias, que logran trascender a las regiones donde están localizadas. La gente se ha dado cuenta que hay cuestiones es­tructurales del modelo más allá de que una empresa sea mala o buena. Que no es suficiente estar consciente e informado del desastre ambiental existente en el país, sino que eso tiene que traducirse en acciones sociales y políticas".

Olca critica radicalmente el modelo forestal que se desarrolla en el país, alta­mente destructivo no sólo para el medio ambiente sino tam­bién para economías y culturas locales. Des­de ese punto de vista, argumenta que una planta de celulosa como la de Valdivia, con una producción de alrededor de 800 mil a un millón de toneladas, corresponde a una tecnología desplazada desde los países desarrollados -donde ya no se usa- al Tercer Mundo, precisamente por el alto nivel de contarninación que produce tanto a la atmósfera, como al agua y la tierra.

Bajo el modelo neoliberal no se vislumbran soluciones reales. Por eso, los sectores involucrados entienden que estas luchas ambientales y sociales contrames poderes económicos son de largo alien­to. Y que constante­mente se verán enfren­tados a nuevos desafíos y sucias maniobras. En el Valle del Huasco, por ejemplo, la Barrick ha desatado una inter­vención brutal. "Por primera vez vemos que una transnacional, en la etapa inicial de desarroll­o de un proyecto, realiza una gestión comunicacional con distribución masiva en todo el país de catálogos que promue­ven su proyecto, con propaganda diaria en televisión en los horarios más caros y contratación de brigadas en la provincia que hacen rayados a favor del proyecto y sacan los carteles en contra de éste", acusa Cuenca. Pero eso no es lo más grave. "La transnacional está empeñada en comprar voluntades y conciencias a nivel de auto­ridades regionales, provinciales y locales. Anunció -lo que equivale a un chantaje- que creará una fundación para el desarrollo del Valle del Huasco con un fondo de 10 millones de dólares, pero que se va a implementar cuando el proyecto esté en producción. Eso ha sido avalado por la primera autoridad de la región, el inten­dente Rodrigo Rojas Veas". Como el in­tendente preside la Corema -entidad que debe calificar el estudio de impacto am­biental para la ampliación de la mina y aprobar el plan de manejo de los glacia­res-, no se puede esperar de él la imparcia­lidad que se requiere para considerar los intereses de todos los sectores involucra­dos. La empresa minera también está te­galando computadores y otros bienes para congraciarse con la población. "Se co­menta, incluso, que a los trabajadores de la zona les pagaron 4 millones de pesos por decir una frase a favor de la empresa en los spots de televisión", agrega el di­rector de Olca.

Esa es la otra contaminación: humana y valórica

PATRICIA BRAVO